Así se desprende de los nuevos datos publicados por Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), relativos al año 2023. De los 568.218 empleados del servicio público estatal —que comprende la Administración civil, la Justicia, el estamento militar y la Seguridad Social—, el 66,97% (380.585) son hombres.

Si en el global la diferencia es acusada, ésta se amplía todavía más en el caso de los ministerios —donde sólo ese 27,75% son mujeres— y entre los militares. En el Ejército, las trabajadoras representan un 11,8% del total de militares; sólo hay 16.139 mujeres en una plantilla de 136.708 efectivos.

Como puede observarse, en la Justicia y la Seguridad Social las trabajadoras son mayoría. Representan el 67,75% y el 64,94% de las plantillas, respectivamente. En cualquier caso, tampoco es una situación representativa del mercado laboral en España.

Con datos hasta el primer trimestre, de los más de 18 millones de asalariados que había en España, el 48,26% eran mujeres. Cuando se entra en el detalle, también se aprecia una situación de relativa paridad en el sector privado (45,98%) y en el público (57,58%). ¿Cómo se explica esta última cifra? Porque también incluye a los empleados públicos de ayuntamientos y comunidades autónomas.

Esto último es fundamental, ya que sectores que mueven mucho personal, como la sanidad o la educación, en manos de las comunidades autónomas, están altamente feminizados. De hecho, en la educación, las mujeres alcanzan una cuota del 67,86%, mientras que en la sanidad es del 75,48%.

Así, la administración autonómica llega a compensar la excesiva falta de paridad que registra el sector público estatal. Este último presenta unas plantillas cada vez más envejecidas cuya reposición no se está abordando con la urgencia necesaria.

Ofertas de empleo público

Más de un 22% del personal de la Administración General del Estado tiene más de 60 años y el porcentaje se eleva hasta el 60% en el caso de los mayores de 50 años. Las jubilaciones, por tanto, van a dispararse en los próximos años, y las ofertas de empleo público no terminan de solucionar el problema. El Estado perdió 1.060 empleados públicos en 2023.

Este jueves se inician las negociaciones entre los sindicatos de Función Pública y el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2024. CSIF denuncia retrasos en el proceso por la falta de Presupuestos Generales del Estado y exige una oferta que permita paliar el deterioro de los servicios públicos y afrontar la jubilación de una parte importante de la plantilla en los próximos años.

La central de funcionarios también quiere agilizar las convocatorias, ya que miles de plazas siguen vacantes desde 2020, y pide una planificación de recursos humanos ante la pérdida de efectivos en los últimos años. Además, el sindicato muestra preocupación por la situación de interinidad en algunas administraciones y la lentitud en los procesos selectivos.

Por su parte, UGT exige que la OEP de 2024 mantenga las cifras de las ofertas de 2022 y 2023, siguiendo el acuerdo marco para una 'Administración del Siglo XXI'. El sindicato pide incrementar las plazas en los Subgrupos C1 y C2 para garantizar una atención de calidad al público y reclama mayor celeridad en las convocatorias.

Asimismo, propone una planificación plurianual de las ofertas de empleo público con un volumen considerable de plazas para paliar el déficit de efectivos y, a corto plazo, convocar ofertas extraordinarias para incorporar personal cualificado y rejuvenecer las plantillas.