El TJUE considera que esta medida no contraviene la legislación española ni la Constitución, que reserva la condición de funcionario de carrera a quienes superen un proceso selectivo. La sentencia aclara que la conversión a indefinido no fijo no implica adquirir la condición de funcionario.

Uno de los casos analizados involucra a una trabajadora que encadenó sucesivos contratos de interinidad en la Generalitat de Cataluña desde 2005. El fallo del TJUE podría tener importantes implicaciones para la situación laboral de muchos interinos en España.

¿A quién afecta?

A todos los trabajadores que lleven ocupando una misma posición en interinidad durante más de cinco años. El TJUE considera que, a partir de ese momento, la situación es de "abuso" por parte de la Administración.

Caso práctico: si una persona se jubila en el mes de mayo de este año, su plaza debe ofertarse en la oferta de empleo público (OEP) de 2024; si la vacante se produce con la OEP ya aprobada, el plazo correría hasta la de 2025. En cualquier caso, una vez ofertada la vacante, la Administración dispone de un máximo de tres años para realizar el proceso selectivo con el que cubrir el puesto de trabajo.

De hecho, la sentencia cuestiona la jurisprudencia española que permite mantener a los empleados públicos en situaciones temporales abusivas hasta la convocatoria de procesos selectivos, indicando que esto no es una sanción adecuada.

Así, los plazos pueden demorarse entre cuatro y cinco años. Durante ese tiempo, la vacante puede ser ocupada por un trabajador interino sin que la Administración incurra en ningún abuso. Más allá de ese lapso temporal, el TJUE entiende que el trabajador tiene derecho a una relación laboral indefinida.

Indemnizaciones

La nueva sentencia del tribunal europeo también señala que las indemnizaciones previstas en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público no se ajusta a la directiva europea. Lo previsto por la norma española no permite la reparación proporcionada y efectiva en las situaciones de abuso de temporalidad, a tenor del TJUE.

Esto es así porque dicha ley fija un doble límite máximo a las indemnizaciones: el tope de los veinte días de retribución por año de servicio y el tope de los doce meses de salario en total.

Y dado que la legislación española no establece medidas suficientes para sancionar el abuso de temporalidad en el sector público, se debe aplicar la que dice la normativa europea. Y esto no es otro que la conversión de los trabajadores interinos en indefinidos. Eso sí, con la salvedad de que no se convierten en funcionarios.

Además, plantea la necesidad de aplicar el principio de equivalencia entre el sector público y privado en relación con las sanciones por abuso de temporalidad. Esto implica que las medidas para los empleados públicos no deben ser menos favorables que las aplicables en el sector privado, y viceversa.

¿Qué pasa con los procesos de estabilización?

Al igual que ocurre con las sanciones, el TJUE considera que la mera convocatoria de procesos selectivos y el pago de una indemnización limitada a quienes no los superen no son medidas adecuadas ni proporcionadas para prevenir este tipo de abuso. Es decir, que ataca directamente a los procesos de estabilización en marcha.

Esto no significa la paralización de los procesos de estabilización de manera automática, pero sí da nuevos argumentos jurídicos a quienes se puedan sentir vulnerados por estos procesos.

Consecuencias

La sentencia del TJUE supone un respaldo importante para los trabajadores interinos que han sufrido abusos en la temporalidad de sus contratos. Abre la puerta a la posibilidad de que sus contratos temporales sean convertidos en indefinidos, aunque esto no sucederá de manera automática; los interinos siguen teniendo que reclamar.

Para las Administraciones públicas, puede implicar la necesidad de revisar y modificar la legislación y prácticas actuales en relación con el empleo temporal. Desde Europa se exigen medidas más efectivas y disuasorias para prevenir el abuso de la temporalidad. Además, los procesos de selección tendrán que cumplir con los principios establecidos por el TJUE.

En cualquier caso, la decisión que este jueves llega desde Luxemburgo se refiere a casos concretos. Cabe recordar que el Tribunal Supremo ha elevado al TJUE una cuestión prejudicial para unificar doctrina respecto al tratamiento de los trabajadores interinos. Una vez resuelta, las sentencias deberán seguir el criterio establecido.