La sentencia del TJUE sobre los interinos abre la puerta a paralizar hasta 75.000 procesos de estabilización

Los procesos de estabilización —contemplados en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público— son el instrumento con el que las diferentes Administraciones públicas están abordando el problema de la temporalidad en el sector público. Sirven para sacar a concurso las plazas que llevan años ocupadas por trabajadores interinos y que sean éstos quienes ganen dichos concursos.

Sin embargo, no es una conversión automática. Como cada proceso depende de la Administración competente, en algunos casos es una valoración de méritos y, en otros, se incluye una fase de oposición, es decir, un examen. Y aunque quienes llevan años ocupando una plaza en interinidad generalmente tendrán más méritos, eso no asegura que ganen la plaza los interinos afectados.

Desde la Coordinadora Estatal de Personal Público Temporal consideran que la nueva sentencia del TJUE puede servir para paralizar los procesos de estabilización en curso y convertir a los implicados directamente en trabajadores indefinidos. Según José Luis Escrivá, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, el Gobierno quiere llegar este año a las 300.000 estabilizaciones, habiéndose alcanzado ya el 75%.

Por tanto, hay alrededor de 75.000 procesos que podrían verse paralizados. El 31 de diciembre de este 2024 es la fecha límite para la finalización de todos los procesos selectivos de estabilización, según lo dispuesto por la citada Ley 20/2021. Si continúan o no adelante, dependerá de si los involucrados reclaman y de si los juzgados entienden que la sentencia del TJUE avala esa paralización.

Javier Araúz, abogado laboralista que lleva multitud de denuncias por abuso de temporalidad en el sector público, considera que hay que "consolidar" los procesos. Por un lado, aquellos que ya han terminado y la plaza ha sido adjudicada a un interino, no deben modificarse. Por el contrario, los que están en curso hay que paralizarlos "por pura prudencia" y estabilizar a esos trabajadores de manera automática.

Después, y en el caso de que no todas las plazas quedaran cubiertas, se retomarían esos procesos de estabilización para las plazas vacantes. Pero "siempre después de estabilizar a todo el personal que ha sufrido el abuso". Por su parte, Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, considera que la sentencia es un argumento más a favor de los trabajadores interinos.

Temporalidad en el sector público

Como es conocido, la reforma laboral abordó una de las grandes "anomalías" —en palabras de Yolanda Díaz— del mercado de trabajo en España: la alta tasa de temporalidad. Así, el peso de los asalariados con un contrato de duración determinada ha caído al entorno del 15%, cuando antes de la norma superaba el 25%. Sin embargo, sigue siendo muy elevada en el sector público.

De los casi 3 millones de empleados públicos (entre la Administración central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos), el 37,6% tienen un contrato temporal, ya sea como funcionarios interinos (755.268) o como personal laboral temporal (360.470).

Cabe recordar que España, en el marco del Plan de Recuperación, se comprometió con Bruselas a reducir la temporalidad en el sector público al 8%. Es por ello por lo que el sindicato CSIF ha anunciado tras conocer la sentencia que llevará a los tribunales a las administraciones que superen ese 8% de temporalidad.

Lo cierto es que hay una notable desigualdad según el nivel: mientras que en el sector público del Estado la temporalidad es del 5%, en las CCAA y las entidades locales supera el 45%. Es más, teniendo en cuenta que el mayor volumen de empleados públicos está en las comunidades autónomas, éstas acumulan el 73% del total de trabajadores temporales.

Al igual que el Gobierno, desde CCOO también confían en que los procesos de estabilización son la forma de acabar con la temporalidad. "Dan buenos resultados. Más de 230.000 ya están resueltos y, por tanto, el camino tiene que ser dar tranquilidad al personal interino a través de estos procesos, que se adecúan al ordenamiento jurídico", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes del sindicato.