Estos son algunos de los resultados que arroja el informe sobre la situación del profesorado LGTBI+ en el ámbito de las enseñanzas regladas no universitarias, realizado por CCOO en colaboración con la Federación Estatal LGTBI+ (FELGTBI+) y presentado este martes.

El estudio se ha convertido en la primera encuesta sectorial que se realiza después de la aprobación de la Ley 4/2023, del 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI (más conocida como Ley Trans)

Por miedo a sufrir violencia, muchos profesionales ocultan su identidad y sólo el 38% de ellos se expresa libremente. Además, el 26,7% de los casos tiene que soportar este acoso prolongado en el tiempo hasta llegar a los 180 días.

La investigación desvela que un 50% de personas que ejercen violencia son alumnos y un 19%, familiares. Por otro parte, resulta sorprendente cómo un 31% de las personas que ejercen violencia son profesionales que trabajan en el centro. Es decir, se produce un acoso entre iguales que en muchas ocasiones puede ser prolongado.

Frecuencia del acoso 

La frecuencia con la que se produce esa violencia suele ser en la mayoría de los casos de manera esporádica. Sin embargo, en el 30% la situación se ha mantenido durante 100 días o más. 

También, en este estudio se puede observar que casi la mitad del profesorado que ha sufrido LGTBfobia, en concreto el 47%, no ha denunciado.

Los centros sólo han actuado para proteger a la víctima en un 47% de los casos, es decir, en el 53% restante, las personas agredidas no han obtenido apoyo por parte del equipo directivo.

Esta ausencia de intervención afecta a la salud mental de las profesionales y "multiplica por cuatro el riesgo de baja laboral. Estas bajas implican un coste personal económico para la persona agredida", ha matizado Iria Antuña, secretaria de Mujer, Políticas de Igualdad y LGTBIQ+ de la Federación Estatal de Enseñanza de CCOO. 

Programas de diversidad

Los programas de educación en la diversidad se han desarrollado en un 71,3% de los casos. Sin embargo, la formación todavía está muy lejos de alcanzar la mayoría, ya que sólo en el 37,8% de los casos ha recibido formación específica en los dos últimos años en su centro.

Estos resultados se traducen "en que las administraciones en general no están dotando de las herramientas necesarias para que el profesorado cumpla con su función", ha reflexionado María Rodríguez, responsable de investigación de la Federación Estatal LGTBI y docente. 

Según sostiene David Armenteros, el coordinador de Educación de la Federación Estatal LGTBI+,"este temor no es infundado. El personal del colectivo no está amparado por procedimientos internos en los centros educativos. Los protocolos de protección son testimoniales y escasamente prácticos cuando los datos de violencia que presentamos hoy son verdaderamente preocupantes". 

Además, coincide que tras la aprobación de la Ley Trans, "las administraciones están obligadas a promocionar medidas e impulsar códigos éticos en las empresas". Con esta declaración, Armenteros ha hecho alusión al reglamento con el que Yolanda Díaz obligará a las empresas a formar a sus trabajadores en derechos LGTBI.

Por otro lado, Cristina Karen Pallás, docente trans, ha defendido este informe porque "servirá para dar conocimiento a la sociedad de lo que ocurre en los centros educativos. Encuestas de esta seriedad van a contribuir decisivamente a desmontar bulos que tan en boca están en nuestro día". 

Así, ha terminado poniendo en valor la aprobación de la ley estatal, ya que es importante que se dé visibilización, formación y se denuncien todo tipo de acosos, hostigamiento y violencia contra el colectivo en el entorno laboral. "Desde las organizaciones sindicales estaremos atentos a todos los que no cumplan la ley", ha terminado.