Antonio Garamendi, presidente de CEOE, ha criticado este martes el "monólogo social" del Gobierno. "Te sientas en una mesa a dialogar cuando el partido ya está cerrado y cuando el resultado del partido ya te lo han dado", se lamentaba este martes. Sin embargo, fuentes de la cúpula de CEOE señalan que no es lo mismo perder 1-0 que "por goleada".

Los empresarios son pesimistas y dan ese partido por perdido. Este lunes, Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, aseguró que si bien su intención es llegar a un acuerdo con patronal y sindicatos, la reducción de jornada llegará porque está en el acuerdo del Gobierno de coalición. Así las cosas, el objetivo para los empresarios pasa por minimizar daños.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Eduardo Parra Europa Press

"Si quieren reducir la jornada y que las empresas paguen lo mismo en cotizaciones y salarios, algo habrá que buscar para compensar", señalan a EL ESPAÑOL-Invertia fuentes de la cúpula de la patronal. Hay tres contrapartidas identificadas: el destope de las horas extraordinarias permitidas, un mejor control del absentismo laboral y revisar quién paga los permisos retribuidos.

Las mismas fuentes señalan que están a la espera de recibir el primer borrador del Gobierno sobre la reducción de jornada. Con todo, sólo se sumarán a un acuerdo que ya se atisba entre sindicatos y Ejecutivo si se incluyen esas compensaciones. "Sin contrapartidas no estamos de acuerdo", aseguran desde CEOE.

Costes laborales

Los empresarios calculan que una reducción de la jornada laboral hasta las 37,5 horas sin una rebaja de salario ni del pago de cotizaciones sociales supondrá un incremento de los costes laborales de entre el 7% y el 8%. Es por eso por lo que la patronal quiere rebajar el impacto a través de otras medias.

Dejar de pagar ciertos permisos retribuidos —cuyo coste total asumiría el Estado— es una rebaja de gastos directa. Ocurre algo parecido con un mejor control del absentismo laboral, ya que supone pagar a trabajadores que no acuden a su puesto. En el caso de las horas extra, sin embargo, el impacto es diferente.

Teniendo en cuenta que se trata de horas extraordinarias remuneradas —las no pagadas no se contemplan en el Estatuto de los Trabajadores, aunque la mitad de las realizadas son de este tipo—, el destope del máximo de 80 horas anuales se traduce en una mayor disponibilidad de las plantillas. Es decir, permitiría alargar la jornada de manera recurrente.

Las posiciones al respecto son dispares entre Gobierno y sindicatos. El secretario de Estado de Trabajo ha descartado tajantemente "intercambiar" una reducción de jornada ordinaria por una ampliación de la extraordinaria. Desde la cartera liderada por Yolanda Díaz persiguen una "verdadera" reducción del tiempo de trabajo y no algo "testimonial".

Yolanda Díaz junto a los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez. Eduardo Parra Europa Press

Sin embargo, la posición de los sindicatos el algo más flexible. Especialmente, en el caso de UGT, que se abre a negociar una ampliación de las horas extra permitidas, siempre y cuando estas se controlen y retribuyan adecuadamente. Precisamente, la mejora del registro de jornada es algo que Trabajo quiere aprobar junto con la reducción de jornada.

Con todo, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, ha pedido a CEOE y Cepyme que acepten la reducción de la jornada laboral para poder negociar después las condiciones para hacer efectiva la reducción del tiempo de trabajo, entre ellas, el incremento de las horas extraordinarias.

Un aviso

En cualquier caso, Antonio Garamendi ya ha lanzado un aviso en caso de que la reducción de la jornada laboral se apruebe sin el visto bueno de la patronal. De darse el caso, el presidente de la CEOE ha avanzado que pedirá revertir cualquier modificación de la jornada laboral cuando se produzca un cambio de Gobierno.

"Si ellos tienen muy claro cuál es la ley que quieren hacer, que la hagan y no estaremos de acuerdo. Y el día que haya un cambio de Gobierno, pediremos que se cambie", ha amenazado el presidente de la patronal, alertando que "estas cosas a medio y largo plazo tienen resultados".

"No puedo negarle al Gobierno, en este caso a la ministra, la facultad que pueda tener de cambiar las normas si el Parlamento se lo aprueba. Pero lo que sí tengo con libertad es la capacidad de decir que a mí eso no me parece diálogo social", ha sentenciado Garamendi sobre las formas de negociar del Ejecutivo.