El Gobierno ignora a la CEOE y no incluye el destope de las horas extra en su propuesta para reducir la jornada laboral

El máximo de horas extraordinarias permitidas se encuentra en las 80 al año. La patronal aspiraba a que el Gobierno elevara esa barrera —o la eliminase, directamente— a cambio de que los empresarios se sumaran al acuerdo para reducir la jornada. No obstante, el Ministerio de Trabajo, como ya había adelantado en repetidas ocasiones, se ha negado a este extremo.

El documento, de poco más de cinco páginas, establece que los contratos a tiempo parcial con jornadas "con una duración igual o superior" a esas 37,5 horas pasarán a considerarse contratos a tiempo completo y a ser retribuidos como tal.

Por su parte, aquellos con un tiempo de trabajo inferior a la nueva jornada máxima se mantendrán como contratos a tiempo parcial, pero "tendrán derecho a un incremento proporcional de su salario".

Es decir, un empleado que cobraba el 50% de una jornada completa por un contrato de 20 horas semanales pasará a cobrar el 53,3%.

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El otro punto fundamental de la propuesta de la cartera de Yolanda Díaz es la mejora del registro de jornada. Se obligará a todas las empresas a digitalizar ese registro, de manera que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) pueda llevar a cabo sus actuaciones. También permitirá que los representantes de los trabajadores, y los propios empleados, puedan acceder a los registros.

Además, la norma que prepara el Ministerio de Trabajo modifica el conjunto de las sanciones en el trabajo. Prevé desde la transgresión de la jornada máxima hasta el abuso de las horas extraordinarias o el no registro de la jornada. "Se considerará la comisión de una infracción por cada persona trabajadora afectada", raza el texto.

Es decir, si una empresa no lleva el registro de jornada, no cometerá una sola infracción, sino una por cada empleado, lo que multiplicará las sanciones. Las multas van desde los 1.000 hasta los 10.000 euros.

Cabe recordar que la reducción a 37,5 horas llegará en 2025, pero el Gobierno se fijó el objetivo de recortar los tiempos de trabajo ya este año. Es por eso por lo que el texto establece un periodo transitorio desde que se aprueba la norma hasta el próximo curso, según el cual la jornada semanal máxima será de 38 horas.