Se ha hecho esperar, pero ya está aquí. La subida salarial que se pactó con los sindicatos a finales de 2022, en el ‘Acuerdo Marco’ para una Administración del siglo XXI, se aprueba en Consejo de Ministros. Se cobrará "de forma inmediata", según afirmó José Luis Escrivá, ministro de Transformación Digital y de Función Pública, antes de inaugurar un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).
De esta manera, los funcionarios van a cobrar la subida de sueldo del 2,5% en la próxima nómina con carácter retroactivo desde el 1 de enero.
Asimismo, conviene recordar que el acuerdo entre Gobierno y sindicatos contemplaba subidas salariales para tres años en función de unos parámetros relacionados con el IPC y el PIB.
Así, para 2024 se recogía una subida fija del 2% más un 0,5% adicional si el Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) de 2022, 2023 y 2024 superaba el 8%.
En 2022, el IPCA fue del 5,5%; y, en 2023, del 3,3%, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por tanto, sólo con esos dos años ya se supera el límite establecido para aplicar esa subida adicional del 0,5%.
¿Qué cantidad van a recibir los funcionarios?
Como ya se ha dicho, la subida tendrá carácter retroactivo. Es decir, que se sumarán los meses de enero a julio. Y afectará a funcionarios, empleados públicos y otro tipo de personal asalariado. En total, 3,5 millones de personas de los que el 60% estaba en las comunidades autónomas, según la Encuesta de Población Activa (EPA).
De esta manera, en la nómina de julio no sólo percibirán la subida pactada del 2,5%. También en sus bolsillos ingresarán los atrasos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio.
Varios empleados trabajan en una oficina de la Agencia Tributaria.
Aunque la cantidad variará dependiendo del puesto desempeñado, se estima que esa paguilla extra derivada de los atrasos estará alrededor de los 300 euros.
El retraso se ha debido a una serie de circunstancias. En primer lugar, el Gobierno quiso incluir dicho incremento en el decreto anticrisis para la lucha contra la crisis originada por la guerra de Ucrania que se iba a aprobar en abril. Pero el adelanto electoral en Cataluña lo echó por tierra.
Tampoco conviene olvidar que, pese a su aprobación en Consejo de Ministros, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) mantiene la huelga prevista para el próximo 27 de junio. Su objetivo es el de reclamar un nuevo acuerdo salarial. Y todo porque, según CSIF, esta medida llega con seis meses de retraso. También piden mejorar la oferta de empleo público.