Con esta decisión, el organismo europeo da la razón al sindicato UGT, que presentó una denuncia en 2022 por entender que el coste del despido en España incumple la normativa europea, al ser "asequible y nada disuasorio". Dicha reclamación fue posible porque España ratificó en 2021 la Carta Social Europea y se comprometió a acatar sus resoluciones.

La queja ugetista venía por los cambios fruto de la reforma laboral de 2012, que abarató el despido, al acabar con la indemnización de 45 días por año trabajado hasta un máximo de 42 mensualidades, eliminó los salarios de tramitación y flexibilizó las causas que las empresas alegan para rescindir un contrato.

Sindicatos de otros países como Francia e Italia, que ratificaron el texto con anterioridad, ya han presentado reclamaciones similares con resultado favorable

En este momento, un despido improcedente deriva en una indemnización máxima de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

No obstante, cabe recordar que el fallo del CEDS no incluye ninguna recomendación de cómo adaptar la normativa nacional, de manera que ahora será el Gobierno el que tenga que diseñar una reforma legislativa para cumplir con la Carta Social Europea. Yolanda Díaz ya está en ello y, de hecho, es su siguiente objetivo una vez consiga reducir la jornada laboral.

El CEDS considera que esos 33 días por año trabajado en vigor no tiene en cuenta factores como el impacto del despido en la carrera del trabajador, sus circunstancias personales o los posibles "daños morales". Además, entiende que para los trabajadores con poca antigüedad en la empresa no tiene ningún efecto disuasorio.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz (i), y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez. Mateo Lanzuela Europa Press

Asimismo, el organismo europeo señala en su fallo la falta de los salarios de tramitación —aquellos devengados desde el momento del despido hasta la resolución del conflicto—, lo que para el CEDS disminuye la efectividad compensatoria y disuasoria de la indemnización.

El Gobierno decidirá ahora si inicia un cambio legislativo para adecuarse a la normativa europea, si bien la efectividad de la decisión del Comité va más allá. Una vez se publique el próximo 29 de julio, los tribunales podrán referenciar su contenido en los casos de denuncia por despido improcedente. Al ser un tratado internacional ratificado, la Carta Social Europea forma parte del cuerpo jurídico español.

Ante esto, UGT, que ha presentado el fallo este lunes, exige cambios normativos para cumplir con la Carta Europea de Derechos Sociales. En concreto, apuestan por fijar una indemnización "plenamente resarcitoria del daño causado" que permita a los tribunales ajustar la compensación basada en los "daños reales" de los trabajadores. La central ha insistido en la obligatoriedad de cumplir con el fallo.

Asimismo, el sindicato liderado por Pepe Álvarez insta a eliminar o, al menos, elevar los topes de compensación "para asegurar que las indemnizaciones sean suficientemente disuasorias". También señalan la importancia de fomentar la reincorporación en el empleo, así como de la vuelta de los salarios de tramitación. Por último, indican la pertinencia de asegurar un cauce judicial más rápido.

"Precios de saldo"

En la rueda de prensa en la que el sindicato ha presentado el contenido de la resolución —el contenido completo se conocerá el lunes que viene—, los responsables han criticado lo barato que resulta el despido improcedente en España.

"La indemnización media está en 9.000 euros. Eso no tiene carácter disuasivo ni restaurador. Extinguir un contrato de trabajo sale demasiado fácil, tenemos precios de saldo", ha asegurado Fernando Luján, vicesecretario general de Política Sindical de UGT.

Por su parte, Pepe Álvarez, secretario general del sindicato, ha señalado que el deseo de UGT no es incrementar el coste del despido como tal, sino que este no se produzca. "Que el coste sea tan alto o tan incierto que lleve a que el empresario, en lugar de despedir de manera arbitraria, hable con el trabajador y respete sus condiciones de trabajo", ha aseverado.

"¿Es que no sabemos qué ocurre en esta jungla de país, donde la mitad de las horas extraordinarias no se pagan?"Se hacen porque el coste del despido es una porquería, en especial cuando las personas llevan poco tiempo", ha espetado Álvarez.

Aunque desde el sindicato han expresado su deseo de sentarse con el Gobierno y la patronal para abordar una eventual reforma de la legislación laboral española para adaptarla a la Carta Social Europea, se han mostrado confiados en que la eficacia de la resolución del CEDS está garantizada.

De hecho, según el sindicato, tribunales en el País Vasco y Cataluña ya han dictado sentencias que se basan en la denuncia de UGT.

"Estamos ante una resolución realmente muy importante. Toda la legislación española ha partido de la base de que, en caso de despido improcedente, el empresario previamente sabe cuánto le va a costar despedir al trabajador. Y justamente es lo que la sentencia dicen que no es posible", ha celebrado Álvarez.

El líder ugetista ha defendido que los empresarios que quieran despedir sin causas objetivas "no deben saber cuál es el coste que tiene para ellos, porque si lo saben la indemnización pierde valor para disuadir".