Se trata de un planteamiento que intenta dar respuesta a una de las principales objeciones de los empresarios: que la reducción de la jornada afectará especialmente a las pequeñas empresas. Con este movimiento, que no deja de ser rebajar los costes de las pymes que tengan que contratar nuevos empleados por la rebaja del tiempo de trabajo, el Gobierno confía en torcer el brazo de la patronal.

Sin embargo, fuentes de CEOE aseguran que "a priori, ahonda en el intervencionismo de las relaciones laborales y el desprecio de la negociación colectiva". Y es que, como ha reconocido el propio Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, al término de la reunión de este lunes, la posición de la patronal continúa siendo que la reducción de la jornada debe acordarse en los convenios colectivos.

Lo cierto es que los sindicatos tampoco son optimistas en lo que se refiere a lograr el concierto de la patronal en el acuerdo para recortar los tiempos de trabajo. Tras meses sin moverse del sitio, las centrales no creen que CEOE y Cepyme vayan a ceder, de ahí que hayan planteado un calendario de manifestaciones que, de acuerdo con Unai Sordo, secretario general de CCOO, comenzará el próximo 26 de septiembre. Es decir, una semana después de la próxima reunión agendada entre Gobierno y agentes sociales.

Ni el cómputo anual de la jornada —para que la reducción tenga que hacerse de un día para otro—, ni la transitoriedad en la aplicación de la reducción o la flexibilización de la distribución de la jornada irregular han convencido a los empresarios. Y la entrada del SEPE, como pagador y asesor de un "plan de acompañamiento" a las pymes, no entusiasma. 

"Se pretende que el SEPE se convierta en asesor de las pymes para la reducción de jornada, cuando no es capaz de reinsertar siquiera al 3% de los desempleados del país en el mercado laboral. Como si no hubiera ya despachos, consultoras y empresas cualificadas para ello", señalan fuentes de CEOE. Y es que el "Plan Pyme 375" también contempla que los servicios públicos de empleo guíen a las pequeñas empresas.

En cualquier caso, la medida de mayor calado es la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social. Algo que tampoco convence a CEOE, que critica que se trata de un plan "absolutamente impreciso" y que, además, "en sí mismo implica el reconocimiento de que sus continuos anuncios están frenando la creación de empleo".

Superávit

El SEPE cerró el pasado año con un superávit de 5.500 millones de euros, y mantiene una dinámica positiva en lo que va de año. Son estos números los que, en última instancia, permiten al Ministerio de Trabajo ofrecer a los empresarios bonificaciones en las cuotas que abonan a la Seguridad Social. Es decir, será el organismo público el que se hará cargo de los costes.

Sin embargo, cabe recordar que el servicio público de empleo se encuentra en un proceso de reconstrucción para convertirse en la Agencia Española de Empleo. El objetivo no es otro que mejorar la capacidad del organismo público, tanto en materia de formación como a la hora de emparejar a desempleados con vacantes de empleo.

Pero aunque la Ley de Empleo, que regula la creación de esa agencia, se aprobó el año pasado, no hay novedades respecto a la reconversión del SEPE, más allá de algunos programas de acompañamiento. Ahora, el Gobierno opta por utilizar parte del superávit de un organismo que recibe quejas por parte de sindicatos y patronales en abaratar el coste que los empresarios asumen al contratar nuevos trabajadores.