Una regulación que se va a ejecutar mediante un proyecto de ley que el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz ha puesto en consulta pública, y que incluye al menos una novedad respecto a lo pactado con los sindicatos.

Según el texto, la regulación de las prácticas formativas no laborales se va a complementar con "el establecimiento de un conjunto de derechos relacionados con aspectos íntimamente vinculados al ámbito laboral". Entre ellos, el documento recoge explícitamente el de la "conciliación".

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¿A qué se refiere el documento? Aunque el texto no lo recoge explícitamente, el espíritu de la normativa busca equiparar determinados derechos de los becarios con los de sus compañeros trabajadores, con los que comparten entorno laboral. 

En el caso de la conciliación, hay varios derechos trasladables. Los que parecen más claros son los correspondientes a la reducción o adaptación de la jornada por cuidado directo de menores, de personas discapacitadas, de familiares o de cónyuges.  

En este sentido, cabe recordar que el Estatuto de los Trabajadores recoge dispensas directas para adaptar jornada cuando sea para el cuidado de un hijo menor de 12 años o de un familiar (aquí la legislación no precisa límites). 

El texto del Ministerio de Trabajo indica que los becarios también adquirirán más derechos aparte del de la conciliación: tendrán protección frente al acoso y en materia de prevención de riesgos laborales. 

Diego Radamés Europa Press

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Como ya recogía el acuerdo firmado entre Ministerio de Trabajo y sindicatos (y para el que no hubo consenso con la patronal), el proyecto de ley establecerá "una compensación por gastos" para poder ejercer la actividad durante las prácticas formativas. 

De este modo, su desarrollo no supondrá "un gasto para las personas en formación, ni un obstáculo a su acceso para aquellas que tengan una menor capacidad económica".

Cabe recordar que el Estatuto del Becario tiene su origen en el vacío legal en el que se encontraban las personas que hacen prácticas formativas de las formaciones regladas (Formación Profesional, universitaria y en el marco de los servicios públicos de empleo) dentro de las empresas privadas. 

Con todo, el documento puesto en consulta pública precisa que la puesta en marcha de esta medida busca poner coto a las trampas de algunos empresarios en el uso de los becarios. Se "requiere una normativa que evite de forma clara y eficaz la eventual utilización de esta figura para encubrir fraudulentamente contratación laboral". 

Eduardo Parra Europa Press

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Una práctica que supone no sólo un fraude "para los derechos de las personas trabajadoras, sino también para los propios recursos del sistema de Seguridad Social". 

Cabe recordar que cuando se cerró el acuerdo con los sindicatos para el Estatuto del Becario, había cierto disenso con la parte socialista del Gobierno. De hecho, los ministerios del PSOE sostienen el conjunto de las medidas todavía se tiene que consensuar de manera interna. 

Pese a ello, parece que delegan la responsabilidad en el departamento de Yolanda Díaz. "Es una propuesta que corresponde al Ministerio de Trabajo y es competencia en este caso de la vicepresidenta", indicó Elma Sáiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, esta semana. 

En cualquier caso, el texto no cuenta el respaldo de los universitarios. Al menos por ahora. La Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) ha aclarado que "en ningún momento" ha apoyado el texto del Estatuto del Becario ya  ya el trámite de audiencia pública.