Elma Sáiz y Carlos Cuerpo, ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Economía, Comercio y Empresas.

Elma Sáiz y Carlos Cuerpo, ministros de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y Economía, Comercio y Empresas.

Empleo Hoy

El Gobierno busca ahorrar 800 millones con los pactos con las mutuas para acortar las incapacidades temporales

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El Gobierno espera obtener réditos económicos de los convenios entre comunidades autónomas, mutuas y Seguridad Social para mejorar los procesos de incapacidad temporal (IT) por contingencias comunes. Concretamente, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa pronostica un ahorro anual de casi 800 millones de euros anuales gracias a la reducción prevista de los plazos de baja laboral.  

Así lo recoge el Plan Fiscal y Estructural que el Gobierno ha enviado esta semana a la Comisión Europea. En él, apunta que la adopción de estos convenios para potenciar la actividad de las mutuas en la recuperación de los trabajadores se traducirá en un ahorro de media décima de PIB cada año (unos 785 millones de euros). 

Hace unos meses, el Ministerio que dirige Elma Sáiz llegó a un acuerdo en el seno del Diálogo Social para que las mutuas de la Seguridad Social y sus recursos se empleen en los procesos de diagnóstico y recuperación de los trabajadores en procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes. Eso sí, para ello se tienen que cerrar antes los convenios que correspondan en las comunidades autónomas

El argumento de este acuerdo era el de poner coto al absentismo y a los efectos que tienen las incapacidades temporales en la productividad de las empresas, además de facilitar la recuperación del estado de salud de los trabajadores. Sin embargo, esta medida también tiene un efecto, y no menor, en las arcas públicas, según comunica el departamento de Carlos Cuerpo a Bruselas

"Los convenios de colaboración entre las consejerías de Sanidad de las
comunidades autónomas, las mutuas y la Seguridad Social mejorarán la gestión de los procesos de incapacidad temporal por contingencias comunes", recoge el texto.

"El uso de los recursos humanos y materiales de las mutuas permitirá diagnosticar a los trabajadores e iniciar sus tratamientos con mayor celeridad lo que mejorará su salud, optimizando los procesos de incapacidad temporal. Se aplicará a los procesos de Incapacidad Temporal por Contingencias Comunes que afecten a trabajadores en situación de incapacidad temporal en los que la cobertura de la prestación económica corresponda a una mutua colaboradora con la Seguridad Social", concreta Economía. 

"Los convenios se aplicarán a procesos referidos a patologías de origen traumatológico y se estima que permitan reducir la duración media de los procesos de contingencia común hasta el promedio actual de la duración de todos los procesos por contingencias comunes y contingencias profesionales, con una reducción estimada en el gasto de media décima de PIB anual".

Lo que no se aclara es si este ahorro se refiere a gasto en prestaciones (lo que tiene que abonar la Seguridad Social al trabajador durante su periodo de baja) o al propio gasto sanitario público.

La preocupación sobre el potencial abuso de las incapacidades temporales cada vez es mayor.  De hecho, el gasto en prestaciones derivadas de situaciones de IT motivadas por enfermedad común, relacionados por problemas sanitarios, se ha disparado un 91,6% entre 2018 y 2023, según un informe elaborado por Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, para la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (FEDEA).