Yolanda Díaz junto a María Jesús Montero y Félix Bolaños.

Yolanda Díaz junto a María Jesús Montero y Félix Bolaños. Eduardo Parra Europa Press

Empleo Hoy

Yolanda Díaz se lanza a la 'aventura' parlamentaria de la reducción de jornada sin tener asegurados los votos necesarios

Publicada

La vicepresidenta Yolanda Díaz está decidida a seguir adelante con la reducción de la jornada laboral. Pese a no contar con el visto bueno de la patronal, la ministra de Trabajo ya ha empezado un trámite legislativo que espera concluir a la mayor brevedad posible. Y aunque el Gobierno no necesita el concurso de los empresarios, sí tiene que concitar una mayoría en el Congreso de los Diputados de la que hoy no dispone.

Desde el Ministerio de Trabajo aseguran que ya mantienen contactos con los diferentes grupos parlamentarios y que están logrando avances. Hace meses, Sumar presentó en la Cámara Baja una proposición no de ley (PNL) que instaba al Gobierno a avanzar en la reducción de la jornada laboral. Sólo Vox votó en contra y PP y Junts se abstuvieron.

Sin embargo, se trataba sólo de una iniciativa sin carácter vinculante. Es decir, votar a favor no comportaba ninguna consecuencia real y posicionarse en contra, como hizo el partido ultraderechista, suponía oponerse a una medida que cuenta con amplio apoyo. Pero lo que en unos meses llegará al Pleno del Congreso será un proyecto cuyo resultado tendrá repercusiones reales.

La primera pregunta que surge es la de qué apoyos tiene asegurados el Gobierno para aprobar el proyecto de ley de la reducción de la jornada laboral, pero eso se salta una primera cuestión. ¿Hay acuerdo dentro del Ejecutivo? La respuesta, como la ministra al cargo de esta iniciativa, es muy gallega: quizá.

En julio, el departamento de Díaz ya quiso seguir adelante sólo con los sindicatos, hasta el punto que llegó a presentar un borrador del texto legislativo que las centrales siguen reivindicando todavía. Entonces, desde Moncloa optaron por aparcar la reducción de jornada hasta después del verano para atraer a los empresarios. Luego llegarían las ofertas de flexibilidad, bonificaciones y ayudas.

Casi medio año después, la situación es parecida. El Ministerio de Trabajo, tras meses de negociación y varias ofertas, ha decidido continuar con el trámite parlamentario, a falta de cerrar algunos "flecos" con los sindicatos. Y aunque, precisamente por esas ofertas, la situación no es la misma, desde el ala socialista del Ejecutivo han vuelto a inmiscuirse en las negociaciones.

Este martes, en el 44º Congreso de UGT, Pedro Sánchez pidió a la patronal que "se siente" a negociar con su Ejecutivo y los sindicatos para acordar la reducción de la jornada laboral y poder aprobarlo por ley en la actual legislatura. Lo hizo apenas unos días después de ese anuncio de Trabajo de que seguían adelante sin los empresarios y que, por tanto, daban por concluida la mesa de diálogo social.

Hay, por tanto, un punto de fricción entre los dos lados del Gobierno de coalición. No es la primera vez que ocurre en una ley que depende del Ministerio de Trabajo: pasó hace poco con la reforma del subsidio por desempleo y antes con la reforma laboral, por poner dos ejemplos. Y aunque los socialistas dicen estar comprometidos con la reducción de la jornada, siempre han apostado por una rebaja pactada y que limite el impacto en las empresas.

Pero aun contando con un acuerdo entre los socios de la coalición, siguen necesitando del concierto de muchas otras fuerzas políticas contrapuestas entre sí. Como ocurrió con la reforma fiscal la pasada semana, tendrán que poner de acuerdo a EH Bildu y PNV, a ERC y Junts y a Podemos y BNG. La ya tradicional sopa de siglas cuya receta es endiabladamente compleja.

Partidos y patronales

El viento que sopla desde el País Vasco parece favorable a los intereses del Gobierno. A principios de noviembre, los sindicatos CCOO y UGT se reunieron con EH Bildu y PNV para recabar su apoyo a la rebaja de los tiempos de trabajo y las cosas fueron bien para las centrales. Tanto los abertzales como los jetzales se mostraron favorables y sus votos previsiblemente caerán en el saco de los 'síes'.

Sin embargo, desde Cataluña llegan posiciones divergentes. Ni los republicanos ni los de Puigdemont se han posicionado abiertamente a favor, y el apoyo de sendos grupos siempre se vende claro. Precisamente por eso, Yolanda Díaz viajó en septiembre a Cataluña para reunirse con las patronales regionales y que estas presionaran a sus partidos.

Además, cabe recordar que, también en septiembre, el Congreso tumbó una moción de los republicanos para reducir la jornada y la edad de jubilación. En este caso, PP y Vox votaron en contra, el PNV se abstuvo y Junts se ausentó de la votación. Las fuerzas de la izquierda sí apoyaron la moción de ERC.

Los republicanos, en cualquier caso, sí quieren esa reducción de la jornada, al igual que ocurre con Podemos y BNG. Queda por ver si tratan de conseguir algo a cambio de su voto a favor; desde ERC llevan desde la pasada legislatura insistiendo en reformar y encarecer el despido.

¿Y el PP?

Con la incógnita de Junts, el PP de Feijóo puede tener un papel decisivo en el trámite parlamentario de la reducción de la jornada laboral. Los populares nunca se han querido posicionar abiertamente en contra, en buena medida por el amplio apoyo social que tiene trabajar media hora menos al día.

El concierto de la patronal habría allanado el camino para que los conservadores dieran su visto bueno, aunque con la reforma laboral se opusieron pese al acuerdo del diálogo social. Pero, en cualquier caso, el PP no ha marcado con claridad una posición. De hecho, irrumpieron en el debate con una propuesta de conciliación en la que llegaron a habar de la jornada laboral de cuatro días.

Merece la pena recordar que, tras numerosas críticas, la reforma del subsidio por desempleo salió adelante en el Congreso de los Diputados sin ningún voto en contra. Como entonces, la reducción de la jornada laboral, a pesar de ser una de las políticas emblema de la coalición, tiene un efecto positivo en muchos ciudadanos, muchos votantes, y oponerse abiertamente puede tener un coste político nada desdeñable.