Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, en el Congreso.
El permiso parental remunerado, bloqueado por la falta de Presupuestos seis meses después del ultimátum de la UE
Cada día que pasa, la sanción europea por no tener esta medida aplicada crece.
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El permiso parental de ocho semanas se encuentra en una situación irregular en España. Pese a que esta medida de conciliación familiar está aprobada, su aplicación es incompleta. Tal y como recoge la directiva europea de la que emana, debe estar remunerado. Sin embargo, no hay planes en el horizonte para aplicar esta condición pese a las sanciones que ya sufre España por ello.
La remuneración del permiso parental de ocho semanas fue uno de los caballos de batalla de los ministerios de Sumar en 2024. Cabe recordar que la medida se aprobó en uno de los últimos consejos de ministros de la legislatura anterior, cuando el Gobierno estaba formado por PSOE y Unidas Podemos.
El permiso recibió luz verde pese a estar incompleto debido a los retrasos que acumulaba España en su aplicación, con el compromiso de establecer una remuneración antes de que se cumpliera el plazo límite que había puesto Bruselas para ello, que caducó en agosto del año pasado.
Esta cuestión fue objeto de disputa entre los ministerios del PSOE y Sumar el año pasado. Los de Yolanda Díaz hicieron de la remuneracion del permiso parental uno de sus caballos de batalla, pero el resultado de la disputa con Hacienda fue nulo.
La medida quedó pendiente de ser incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2025. Y así sigue. Lo cierto es que fuentes consultadas del Gobierno, de departamentos tanto del PSOE como de Sumar, admiten que no hay planes para abordar esta medida que no sea a través de las Cuentas.
Esto siembra de incertidumbre el futuro de la medida. El escenario actual, de notable inestabilidad parlamentaria, hace que el Gobierno no descarte otro año en prórroga presupuestaria. Pese a que ante los micrófonos el Ejecutivo insiste en que habrá nuevas Cuentas, los ministros admiten que no tenerlas es el contexto más probable.
Desde los ministerios de Sumar consideran que los Presupuestos son la única fórmula legal posible para sacar adelante la remuneración del permiso parental, debido a que requiere la generación de partidas nuevas. Sin embargo, en 2024 este no era el criterio que defendían. Por entonces, reclamaban su aprobación a través de algún proyecto parlamentario que se estuviera tramitando en el Congreso.
Qué es el permiso parental
El permiso parental está pensado para el cuidado del hijo o menor acogido por tiempo superior a un año y puede disfrutarse hasta que el menor cumpla ocho años.
Tiene una duración de hasta ocho semanas. Puede consumirse de una sola vez o disfrutarse por semanas o días durante el periodo de vigencia del permiso. Es decir, hasta que el menor cumpla ocho años. Es intransferible y se ha incluido dentro del Estatuto de los Trabajadores.
El permiso parental supone la traslación al ordenamiento jurídico español de la directiva europea relativa a la conciliación de la vida familiar y la vida profesional (la 1.158). Sin embargo, dicha directiva también recoge que este permiso tiene que ser retribuido (que es lo que falla en la legislación española), aunque no las cuantías ni cómo se tiene que financiar.
Hay más interrogantes respecto a la aplicación de esta medida, como su financiación. Todavía se ignora cómo se va a abonar la remuneración. Las condiciones para ello (y las cuantías) no se recogen en la directiva europea.
En su momento, el Gobierno postulaba un sistema mixto, compartido con las empresas, en el que las arcas públicas pagaran la mayoría de la remuneración. Pero este aspecto no se ha cerrado todavía.
En cualquier caso, la remuneración del permiso parental ya le cuesta dinero al Gobierno sin haber entrado en vigor. La Comisión Europea ya le ha abierto un expediente a nuestro país con una sanción inicial de unos siete millones de euros, según indicó en su momento el Ministerio de Trabajo. De hecho, Bruselas ha llevado a España a los tribunales por esto.
A esta cantidad hay que sumar unos 9.760 euros diarios por cada día de incumplimiento de la trasposición de la directiva, que podría elevarse a los 43.920 euros en el momento que exista un sentencia respecto a este asunto por parte del Tribunal General o del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
