Europa tiene un grave problema. Un problema que cuesta entre 50.000 70.000 millones cada año: la evasión de impuestos de las grandes empresas. Las multinacionales emplean la regulación muy laxa de algunos países europeos para trazar una estrategia de elusión que les permite apuntarse en la cuenta de beneficios miles de millones de euros. Pero Bruselas tiene la ilusión de que será capaz de poner de acuerdo a todos los estados de la Unión para aprobar una normativa conjunta que impida la evasión de impuestos.

En Bruselas se ha discutido mucho sobre la tributación de las empresas en los últimos meses y se está construyendo una nueva arquitectura legal que sirva para meter en cintura a las multinacionales. En palabras de Peter Kažimír, ministro de Hacienda de Eslovaquia y presidente del Consejo, “la lucha contra las prácticas fiscales abusivas no es solo nuestra prioridad común sino que también es nuestro compromiso común”. “La lucha contra la elusión fiscal es una prioridad fundamental de esta Comisión”, sostiene el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis.

El pasado martes el Consejo aprobó una nueva Directiva que endurece la regulación para las empresas y eleva el control de su tributación. Pasó desapercibida porque en esa misma reunión puso en marcha el proceso sancionador a España y Portugal por incumplir el objetivo de déficit de 2015, pero esta nueva normativa tendrá efectos mucho más profundos. La Directiva obliga a los estados a adaptarla a sus legislaciones hasta el 31 de diciembre de 2018.

La lucha contra la elusión fiscal es una prioridad fundamental de esta Comisión

Uno de los puntos clave de la nueva directiva es el control de la desgravación del coste de los intereses de la deuda. Las empresas utilizan esta estratagema para reducir el pago de impuestos en los países con un Impuesto de Sociedades elevado y llevan estos beneficios a los países con una tributación reducida, como puede ser el caso de Irlanda. Lo que hacen las empresas es que concentran los préstamos en las filiales situadas en los países con una fiscalidad más elevada, para así reducir su beneficio y el pago de impuestos. De este modo, las filiales, o la matriz, situadas en países con baja tributación, consiguen un beneficio mayor con el objetivo de que ésta última tenga que pagar unos intereses que permiten reducir el pago del impuesto de sociedades. Estos intereses reducen el beneficio de la filial en el país con un impuesto alto y elevan el beneficio allí donde pagan pocos impuestos.

La Directiva que ha salido del Consejo ha cambiado ligeramente respecto a la propuesta inicial de la Comisión, pero mantiene su espíritu. La normativa obligará a que todos los países pongan como límite para reducir su base imponible en el 30% de su ebitda (beneficio bruto antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones). De esta forma, Bruselas se asegura de que, al menos, las multinacionales tributen 7 de cada 10 euros de beneficio en el país en el que lo generan.

De un país a otro

La elusión fiscal se construye sobre una normativa laxa que permite a las empresas la creación de estructuras a su medida para rebajar el pago de impuestos. Uno de los ejemplos es el de las transferencias de activos, que también pretende cortar la nueva Directiva. Las empresas trasladan algunos activos intangibles, como patentes o propiedad intelectual, a países con una tributación baja para reducir los impuestos que tengan que pagar con los beneficios que obtengan con este activo. Para evitar esta situación, las empresas tendrán una imposición de salida, esto es, un tributo que gravará el traslado como si se hubiese realizado una venta, aplicando para ello el precio de mercado.

De este modo, llevar una patente que generará unos ingresos a un paraíso fiscal o a un país con baja tributación supondrá que hay que valorar cuál es su precio de mercado y pagar el impuesto correspondiente.

Vamos a poner a disposición de los ciudadanos información relativa a los impuestos pagados por los grupos multinacionales

Las distintas regulaciones nacionales también provocan contradicciones (asimetrías híbridas) como que una empresa puede deducirse dos veces una misma operación en los dos países, de modo que reduce su base imponible en ambos territorios. La nueva Directiva obligará a que pueda deducirse solo en el país en el que se haya originado el pago. Cuando la asimetría se produzca en un país que no esté dentro de la Unión, el país miembro no permitirá que realice la deducción.

La nueva Directiva también endurece el control de las prácticas abusivas de las empresas. Cualquier mecanismo se considerará falseado cuando “no se haya establecido por razones comerciales válidas que reflejen la realidad económica”. Uno de los ejemplos más recurrentes es cuando una filial intenta pasar por un mero comisionista, una práctica que repiten muchas tecnológicas. Con este mecanismo, consiguen que los ingresos se facturen directamente a la matriz a la matriz, situada en un país con baja tributación.

Mucho por hacer

La Unión Europea ha dado pasos firmes para combatir la elusión fiscal en los últimos meses. Uno de los principales objetivos es contribuir a la transparencia fiscal entre los países para facilitar la labor de los distintos inspectores de la hacienda pública. La Comisión propuso en abril a los gobiernos una normativa sobre transparencia que podría llegar hasta el punto de hacer públicos los impuestos que pagan las empresas.

“Vamos a poner a disposición de los ciudadanos información relativa a los impuestos pagados por los grupos multinacionales, sin imponer nuevas cargas a las pymes y respetando debidamente el secreto profesional”, indicó Dombrovskis.

Lo que hace falta es que los países europeos ratifiquen las 15 acciones de la OCDE contra el BEPS

El martes, además de la nueva Directiva, la Unión Europea firmó con Mónaco un acuerdo para el intercambio automático de datos fiscales. De esta forma se acaba el secreto bancario en el Principado, lo que dificultará la evasión de impuestos de los europeos. El intercambio comenzará en 2018 con la información recogida desde el 1 de enero.

A pesar de todos estos avances, todavía queda trabajo por hacer. La OCDE presentó en el año 2013 un Plan de Acción en el que enumeraba las principales líneas para afrontar los problemas relativos al BEPS (siglas de Base Erosion and Profit Shifting, en español Erosión de la Base Imponible y Traslado de Beneficios). La negociación de algunos de estos puntos sigue encallada en la Unión Europea, por lo que queda un largo camino por recorrer. “Lo que hace falta es que se ratifiquen las 15 acciones y los países europeos se comprometan con las 15”, remarca José Luis Groba, presidente de la Organización de Inspectores de Hacienda del Estado.