El Gobierno en funciones ha proporcionado más oxígeno financiero e institucional a la Generalitat separatista precisamente cuando su máximo responsable, Mariano Rajoy, busca una nueva investidura. Lo que se presentaba como un simple encuentro formal entre la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, y el vicepresidente de la Generalitat catalana, Oriol Junqueras, ha sido recibido en Cataluña como una inyección de energía para el gobierno autonómico.

La Generalitat que preside Carles Puigdemont se enfrentará en septiembre a una moción de confianza después de que el 8 de junio los diputados radicales de la CUP vetaran su proyecto de Presupuestos, los cuales se encuentran prorrogados desde 2015. Por su parte, Mariano Rajoy, cuyo Gobierno se encuentra en funciones desde diciembre del año pasado, será llamado a consultas por el Rey Felipe VI la próxima semana dado que ostenta la primera mayoría relativa en el recién constituido Parlamento español.

Junqueras consiguió ayer que el Gobierno le autorice a emitir 685 millones de deuda a corto plazo y que acepte la primera reunión de la comisión bilateral Generalitat-Estado para defender la candidatura de Barcelona como futura sede de la Agencia Europea del Medicamento. Ambas concesiones se producen en medio de una fuerte polémica por los contactos secretos entre el PP y la ex Convergéncia Democrática para que este partido cuente con grupo propio en el Congreso.

Este acercamiento con el Ministerio de Hacienda es vital para Cataluña, dada su delicada situación financiera

Este acercamiento es vital para Cataluña dada su delicada situación financiera. La agencia de rating Standard & Poors rebajó su calificación más allá del bono basura en marzo pasado. Esto dificulta todavía más las negociaciones que realiza con la banca para refinanciar sus préstamos de corto plazo. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien asistió a la reunión con Junqueras junto a Sáenz de Santamaría, aseguró que autorizará este mismo viernes en el Consejo de Ministros la refinanciación de 685 millones de euros que vencen entre julio y septiembre.

Estos 685 millones forman parte de los vencimientos de un paquete de unos 1.600 millones de euros de préstamos a corto plazo que la Generalitat tenía con BBVA, La Caixa, Santander y Sabadell. En octubre de 2015, cuando el Parlament catalán empezó a discutir la “desconexión” de España, las entidades exigieron a la Generalitat que lograra el aval del Estado para los fondos comprometidos. Para ello, la Generalitat pidió que la deuda a corto plazo se transformara en deuda a largo plazo y quedara amparada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).

Tanto Hacienda como Economía han recordado a Junqueras en los últimos meses que el FLA “financia el déficit público, pero la financiación a corto plazo sigue dependiendo de las comunidades autónomas”. La autorización del Consejo de Ministros para la conversión de los 1.600 millones sigue bloqueada por decisión de Montoro. En Hacienda hay asesores del ministro que consideran que hay otras prioridades antes que favorecer con esta operación a unos bancos que asumieron el riesgo de prestar a la Generalitat

Acuerdo o 'default'

El acuerdo es fundamental para Cataluña, ya que no puede realizar ninguna operación financiera sin el visto bueno de Hacienda. El motivo es que en 2015 incumplió el objetivo de déficit y la regla de gasto y, como todavía no tiene autorizado el Plan Económico-Financiero (PEF), tiene que conseguir obligatoriamente la aprobación del Consejo de Ministros.

Sin embargo, Montoro tampoco tenía otra alternativa que aprobar la petición de Cataluña ya que, de lo contrario, la comunidad entraría en un impago selectivo este mismo verano. La consecuencia es que el rating del Reino de España entraría automáticamente en default selectivo, como ya alertó Standard & Poor’s. El término default selectivo se aplicó por primera vez a la situación de Argentina bajo Cristina Fernández Kirchner. Tanto Hacienda como Economía han repetido en innumerables ocasiones que no dejarán que ninguna administración impague, por lo que esta autorización a la Generalitat era un mero trámite.

Montoro no tenía otra alternativa que aprobar la petición de Cataluña ya que, de lo contrario, entraría en impago

Esta operación no es extraordinaria. Fuentes del Ministerio de Hacienda explican que Cataluña demandó a inicios de año la autorización para refinanciar 5.000 millones de euros. En junio se aprobaron algo más de 400 millones y ahora se aprueban estos 685 millones.

El deshielo

La Generalitat reconoce que la reunión de Junqueras con Sáenz de Santamaría y Montoro “ha mejorado” respecto a su primer encuentro de marzo, cuando el vicepresident se reunió en Hacienda con el ministro y después se volvió a Barcelona con las manos vacías. En esta ocasión, el ambiente “ha sido más cordial”.

Esta será la primera vez en toda la legislatura que la Comisión Bilateral Generalitat-Estado se reúna

De hecho, hay un avance importante en las relaciones, ya que el Gobierno del Partido Popular se ha comprometido a apoyar la candidatura de Barcelona a ser la nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. Actualmente está situada en Londres, pero tras el brexit se busca un nuevo emplazamiento y Barcelona se perfila como una de las alternativas.

La candidatura se estudiará y proyectará de forma conjunta en el marco de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado. Esta será la primera vez en toda la legislatura que la Comisión Bilateral se reúna. Ha sido necesario que el Partido Popular necesitase los votos de los partidos independentistas para conseguir la investidura y que la Generalitat estuviese ahogada financieramente para desbloquear las relaciones.