La Seguridad Social se defiende de las críticas: 'No hay 30.000 muertos cobrando pensión'

En un duro comunicado, la Seguridad Social (INSS) ha querido salir al paso del informe del Tribunal de Cuentas en el que se ha detectado que pensionistas ya fallecidos seguían cobrando una pensión por deficiencias de sus programas informáticos y errores en sus bases de datos. El instituto señala que sigue un "procedimiento conocido y exhaustivo" para controlar la vivencia de los pensionistas.

"El control de defunciones se lleva a cabo por cuatro vías complementarias: intercambio diario y automático de datos de defunciones con el Ministerio de Justicia, intercambio mensual de datos de defunciones con el Instituto Nacional de Estadística, detección de fallecimientos por las Direcciones Provinciales del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y presentación anual preceptiva de fe de vida para los residentes en el extranjero", explica.

Según el organismo que gestiona las pensiones, "el riesgo de falta de detección del fallecimiento de un beneficiario de pensión es prácticamente nulo". Sin embargo, la realidad de los datos analizados por el Tribunal de Cuentas, el organismo que fiscaliza las cuentas y gestión pública, denuncia que hasta 29.321 'muertos' en el Instituo Nacional Estadística (INE) cobran una pensión pública en la Seguridad Social, según un informe que culpa a las 'deficiencias informáticas' ya denunciadas en 2009.

El INSS, no obstante, señala que en caso de que fuera así, existen mecanismos para recobrar lo pagado de forma errónea. "Cabe recordar que de producirse un abono indebido de una prestación, por cualquier causa, la Seguridad Social puede reclamar su devolución lo que garantiza en todo momento la protección de los recursos públicos. El procedimiento para reclamar y recuperar retrocesiones más allá de cuatro años se ha centralizado, encomendándose a la Dirección General de la Tesorería General su reclamación a la entidad financiera correspondiente", señala.

En realidad, el Tribunal de Cuentas denuncia en su auditoría los miles de errores de DNIs en las bases de datos del INE y de la Seguridad Social, así como que las aplicaciones de la administración no se comunican entre ellas, lo que provoca situaciones como que un fallecido siga ingresando en su cuenta bancaria la pensión. El Tribunal también denuncia que las entidades financieras no se muestran colaborativas para detectar y frenar estas prácticas.