"Si nos dan dos años para corregir el déficit es que somos un puñetero desastre". Así lo admitía el propio ministerio de Economía a finales de abril. El ministro, Luis de Guindos, había pedido a Bruselas sólo un año extra, hasta 2017, para situar el déficit por debajo del umbral del 3% que marca el Pacto de Estabilidad. Pero tras el descontrol presupuestario desvelado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la Comisión Europea ha decidido conceder a España una prórroga de dos años, hasta 2018, según han adelantado a EL ESPAÑOL fuentes europeas.

El Ejecutivo comunitario alega que la senda fiscal debe ser creíble y realista para no tener que cambiarla de nuevo el año que viene. Y ve imposible que España cumpla en un plazo inferior, sobre todo porque sigue sin haber Gobierno. Los nuevos objetivos de déficit que Bruselas propone para España se harán públicos el miércoles 27 de julio, pero el acuerdo para que la prórroga sea de dos años se ha cerrado ya este lunes en la reunión de jefes de gabinete de los comisarios. 

En cambio, no ha habido consenso sobre si la multa por el desvío del déficit en 2015 será cero, como pide el responsable de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, o una cantidad reducida, como reclama el ala dura de la Comisión. Por ello, la decisión final sobre la sanción llega abierta a la reunión del miércoles y serán los propios comisarios los que tendrán que pactar la cantidad. En el documento de trabajo analizado por los jefes de gabinete se menciona una sanción del 0,1% del PIB (1.000 millones de euros), pero si al final hay multa simbólica será inferior a esta cantidad, explican las fuentes consultadas.

En principio, la ampliación del plazo para corregir el déficit excesivo supone un respiro para el futuro Gobierno español, que podrá repartir los recortes en tres años en lugar de tener que concentrarlos en lo que queda de 2016 y 2017. No obstante, falta por conocer las condiciones que reclamará Bruselas a cambio de relajar el esfuerzo. Si sigue la misma línea que en casos anteriores, las contrapartidas serán más vigilancia y la exigencia de que los ajustes sean estructurales. Es decir, medidas permanentes de reducción del gasto o aumento de los ingresos que no dependan del ciclo económico.

La decisión de Bruselas sobre las metas de déficit es imprescindible para que el nuevo Gobierno -si el candidato del PP, Mariano Rajoy, logra la investidura y llega a constituirse- pueda fijar el techo de gasto y elaborar los presupuestos de 2017.

En mayo, la Comisión anunció que la prórroga para España sería de sólo un año, como reclamaba Guindos. Y fijó como nuevos objetivos reducir el déficit del 5% al 3,7% este año y al 2,5% en 2017. Esta senda no fue aprobada por el Ecofin por defectos de procedimiento. Pero ha quedado rápidamente superada por los acontecimientos. Según el informe que publicó la AIReF la semana pasada, el déficit podría desviarse este año hasta el 4,7% debido a la caída de ingresos tributarios y el aumento de gasto público.

Las previsiones de la AIReF y la falta de un Gobierno que pueda tomar decisiones rápidas para controlar el déficit son los motivos que han llevado al Ejecutivo comunitario a ampliar los plazos, según las fuentes consultadas. Será la cuarta prórroga que Bruselas concede a España para corregir el déficit excesivo dentro del procedimiento sancionador que le abrió en 2009. La primera se acordó durante el Gobierno de Rodríguez Zapatero y las otras dos durante el mandato de Mariano Rajoy.

¿Multa cero o reducida?

La reunión de los jefes de gabinete no ha servido para zanjar el debate sobre si la multa a España (y también a Portugal) por incumplir el objetivo de déficit en 2015 debe ser cero o una cifra simbólica reducida. Ningún miembro del Ejecutivo comunitario pide que la multa sea de 2.000 millones de euros (el 0,2% del PIB), tal y como establecen las normas de la UE de forma predeterminada.

Durante el debate de orientación previo celebrado la semana pasada, Moscovici sostuvo que las alegaciones presentadas por Madrid y Lisboa para que se cancele la multa son convincentes y que la sanción debe anularse con el fin de no dañar la confianza ni la recuperación. Fue secundado por los comisarios de España, Portugal, Bulgaria o Bélgica.

Pero el ala dura de la Comisión replicó que una multa cero socavaría la credibilidad de las reglas presupuestarias de la UE y reclamó fijar una cantidad reducida y simbólica para mostrar que se castiga a los incumplidores. En este bando se encuentra el vicepresidente para el euro, Valdis Dombrovskis, y también los representantes de Finlandia, Austria o Suecia. En su mayoría, miembros del PP europeo como Rajoy.

El desempate podría corresponder el miércoles al presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, que hasta ahora siempre se ha expresado en contra de la multa. Juncker buscará una solución de consenso, según las fuentes consultadas.

Durante la reunión del G-20 celebrada el fin de semana en China, Guindos se ha reunido de nuevo con Moscovici y con los ministros de Economía de Alemania, Wolfgang Schäuble; Francia, Michel Sapin; e Italia, Pier Carlo Padoan. Los tres están en contra de multar a España por el déficit, asegura Guindos. "El sentido común dice que no va a haber multa", ha repetido el ministro de Economía.

El segundo pilar de la sanción a España y Portugal por incumplir el déficit se aplaza definitivamente a después del verano. Bruselas tiene previsto congelar 1.300 millones de las ayudas comunitarias correspondientes a España en 2017, pero la Eurocámara, que no tiene poder de veto, ha pedido que se le consulte la decisión y ha logrado retrasarla a septiembre.