Uno de cada tres españoles no tiene claro para qué paga impuestos
La mayoría de los encuestados por el CIS considera que se destinan pocos recursos a las pensiones, pese a que suponen un tercio del gasto anual del Estado.
9 agosto, 2016 02:07Noticias relacionadas
Es una encuesta a 2.500 personas y de ahí se extraen las conclusiones para el conjunto de la sociedad con 44 millones de españoles. Es el barómetro del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) adscrito al Ministerio de la Presidencia. De nuevo, el paro, la corrupción y los partidos políticos son los tres problemas principales que identifican los encuestados en el último muestreo del mes de julio, en el que se destacan una batería de preguntas la percepción de la fiscalidad española: el fraude es alto, la Administración (43%) hace poco por evitarlo y la mayoría (86%) cree que no se recauda de forma justa.
Pero entre las respuestas destacan algunas que nada tienen que ver con la realidad o que cambian de forma drástica según el color político con que se mire. El 59% de los contribuyentes que la Administración le da menos prestaciones que su aportación en impuestos y cotizaciones. Por debajo de esa media están los votantes de partidos como PP (51%), PSOE (56%) o PNV (36%), mientras que por encima están el resto. Destaca que casi ocho de cada diez simpatizantes de las formaciones catalanas En Comú Podemos, ERC y CDC creen que reciben menos de lo que pagan en impuestos. También por encima de la medida se encuentran los encuestados de Ciudadanos (64%) o en Marea (66%).
Una obligación, ¿a cambio de qué?
De nuevo, el barómetro general sorprende en otra de las cuestiones planteadas. El 55,6% cree que los gravámenes son necesarios para que el Estado pueda prestar servicios públicos, pero hay un tercio que se identifica con la siguiente idea: “los impuestos son algo que el Estado nos obliga a pagar sin saber muy bien a cambio de qué”. La actividad recaudatoria, en general, no goza de buena prensa a la luz de las respuestas.
El 61,2% cree que se pagan muchos impuestos y el 35,5% dice que se tributa más que en los países avanzados de Europa, lo cual no deja de ser falso: España cuenta con una de las presiones fiscales al trabajo más altas de la OCDE con el 39% en solteros y 36% en familias con hijos, con lo que supera a los países más avanzados de Europa que se toman como referencia (Noruega, Holanda, Dinamarca) en materia de prestaciones. Es la denominada ‘cuña fiscal’, compuesta por el conjunto de cargas fiscales y cotizaciones del trabajo.
Sin embargo, según el 49% de los encuestados en el CIS, Hacienda debería “recaudar sobre todo a través de impuestos directos, como IRPF” y sólo el 19% con los indirectos tipo IVA. Un tercio de los encuestados no sabe o no contesta ante esta cuestión. Hasta el 66% considera que el fraude fiscal es alto en España y el 70% considera que no se defrauda más por miedo a una revisión de la Agencia Tributaria.
Aquí aparecen dos de las respuestas que rozan la unanimidad: nueve de cada diez cree que ‘Hacienda somos todos’ y considera el engaño fiscal como un fraude al resto de ciudadanos. Casi otro 90% está en desacuerdo con quien piense que ocultar parte de la renta a Hacienda no perjudica a nadie.
La economía, ¿mejor o peor?
Pese a que la economía crece a tasas superiores al 3%, el paro ha caído hasta el 20% y sectores como el inmobiliario afrontan una visible recuperación, el 64% de los encuestados considera que es “mala o muy mala” y el 80% considera que la situación económica está “igual o peor” que hace un año.
Los datos objetivos difieren, de nuevo, con la percepción económica de la encuesta realizada por el CIS y domina el pesimismo. En otro orden de respuestas, pero también vinculadas a la economía, el estudio del CIS recoge otras percepciones de los españoles sobre la gestión de los impuestos.
El 38,2 % piensa que se dedican demasiados recursos a Defensa, el 60% muy pocos a Enseñanza y otro 59% responde que “muy pocos” a la Seguridad Social, Pensiones y Protección por desempleo. Sin, embargo, según los últimos Presupuestos generales en vigor, más de la mitad de la partida de gasto se dirige a sufragar estas partidas, en especial, las pensiones, cuyo peso en los recursos públicos se ha disparado un 48% desde 2008, hasta los 135.449 millones.