España sigue sufriendo las consecuencias de la herencia del repetido incumplimiento del objetivo del déficit, el Presupuesto expansivo que dejó firmado el Partido Popular antes de las elecciones de diciembre y la ausencia de gobierno. La conclusión es que España tiene que aprobar a contrarreloj las medidas oportunas para garantizar el cumplimiento del objetivo de déficit para este año o, de lo contrario, sería sancionado por Bruselas con una “multa reforzada” que sería de 5.000 millones de euros.

Así lo ha alertado el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, en su comparecencia en la Comisión de Economía en la que también ha explicado el ‘caso Soria’. La situación para España es delicada, ya que tiene que asegurar el cumplimiento del objetivo de déficit del 4,6% del PIB para este año y, además, convencer a la Comisión Europea de que ha adoptado la “acción efectiva” para cumplir con los compromisos. La sanción a la que se enfrenta ahora España es una “multa reforzada”, ya que la Comisión Europea dio en agosto dos años más de margen al país para rebajar el déficit público del 3%.

La Comisión ya no va a aceptar más incumplimientos: “España debe cumplir los objetivos en todos los años o se produciría un endurecimiento del proceso”, ha explicado Guindos. El Gobierno tiene que presentar en Bruselas las medidas adoptadas antes del 15 de octubre, de lo contrario “el 8 de diciembre (cuatro meses después de que la Comisión Europea perdonara la anterior multa a España) podría haber multa de hasta el 0,5% del PIB y no se plantea que el Estado pueda hacer alegaciones”, ha alertado Guindos.

Además, si España no muestra ‘acción efectiva’ tendrá, a partir del 1 de enero, una congelación de los Fondos Estructurales europeos que podría alcanzar los 1.325 millones de euros. Esta congelación de los fondos se anunció en el momento en el que la Comisión determinó la falta de ‘acción efectiva’, pero se puede revocar antes de que se haga efectiva el 1 de enero si se adoptan medidas.

Un desfase de 25.000 millones

Según los cálculos del Ministerio, el objetivo de déficit se puede conseguir si se recaudan este año 6.000 millones de euros, esto es, 6 décimas del PIB. La forma más sencilla (y asequible) para conseguirlo es exigir a las empresas que adelanten este dinero, ya que así no se tienen que tocar los tipos impositivos y la recaudación se incluiría en el cálculo del déficit este año.

"Si conseguimos aprobar el Impuesto de Sociedades, tanto la subida de escalón de la multa, como la congelación de los fondos estructurales, podrán evitarse", ha explicado el ministro. Pero si no se aprueba, "de esa multa prácticamente no hay quién nos libre".

El ministro ha detallado cómo se instrumentará esta revisión del Impuesto: las empresas con una facturación que supere los 20 millones de euros tendrán que adelantar el 20% de su resultado contable. El Gobierno retiró el mínimo en los pagos fraccionados a cuenta (nombre técnico de este adelanto del Impuesto) este año para ayudar a las empresas y estaba en el 12%. Ahora, presionado por un déficit fuera de control, tendrá que volver a aprobarlo y con una notable subida, hasta el 20%.

España tenía para este año un objetivo de déficit del 2,8% del PIB y con este fin el Gobierno elaboró los Presupuestos Generales del Estado para 2016 antes de las elecciones de diciembre. Sin embargo, la realidad ha mostrado que las previsiones del Ejecutivo erran poco realistas. Tanto que “había una desviación del objetivo de déficit de 25.000 millones a falta de que se adoptasen nuevas medidas”, ha explicado el portavoz de Hacienda de Ciudadanos, Francisco de la Torre.

El diputado explica que el mayor problema viene por el desplome de la recaudación en el Impuesto de Sociedades y que por eso ahora el Ejecutivo tiene que enmendar sus malas decisiones. “En los Presupuestos se preveía un avance de la recaudación del 10% con el Impuesto de Sociedades, pero hasta junio ha caído un 85%”, ha alertado de la Torre.

Para Pedro Saura, portavoz en la Comisión de Economía del PSOE, el Gobierno tiene que tomar esta medida para enmendar el “regalo fiscal” que dio a las grandes empresas en el año 2015 al rebajar los tipos impositivos y eliminar el mínimo en el pago fraccionado a cuenta.

El Gobierno instrumentará el adelanto del Impuesto de Sociedades a través de un Real Decreto-Ley que adoptará en las próximas semanas. En palabras de Saura, esta decisión es “un parche”, pero no supone una reducción estructural del déficit. Esto significa que será el próximo gobierno quien tenga que planear los futuros ajustes para cumplir con la senda de reducción del déficit, que tendrá que recortarse en otros 15.000 millones en 2017 (hasta el 3,1%) y en 9.000 millones en 2018 (hasta el 2,2% del PIB).

El ministro ha explicado que esta será una labor del próximo gobierno, que tendrá que llevar a Bruselas una Actualización del Programa de Estabilidad que envió el Gobierno del PP en primavera y que ya está obsoleto. En esa actualización tendrán que detallarse las futuras políticas fiscales, ya sean de aumento de los ingresos o de reducción de los gastos, para cumplir con la senda de estabilidad.