La Eurocámara invita a Guindos para que dé explicaciones sobre el déficit

El Parlamento Europeo persiste en sus maniobras dilatorias para frenar la congelación de los fondos europeos a España y Portugal. Es el castigo que prepara Bruselas porque ambos países incumplieron el objetivo de déficit comprometido el año pasado. La conferencia de presidentes de la Eurocámara -que reúne a los líderes de todos los grupos políticos- ha acordado este jueves invitar al ministro de Economía, Luis de Guindos, y a su colega portugués, Manuel Caldeira, para que den explicaciones sobre este desfase en una comparecencia que debe celebrarse antes del final de octubre. Pero el objetivo real de la iniciativa es impedir o al menos retrasar la sanción.

En su comparecencia ante la Eurocámara, Guindos deberá responder a las críticas de los grupos de izquierda a la rebaja de impuestos que aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en pleno año electoral. Según el análisis de Bruselas, esta es la principal causa de que el déficit se disparara el año pasado desde el 4,2% comprometido hasta el 5,1%. Pero al margen de estos reproches, el Parlamento Europeo es su principal aliado en la batalla contra la Comisión. Todos los grupos políticos, desde el PP hasta Izquierda Unitaria, rechazan que se congelen los fondos estructurales a España y Portugal.

Los dos países necesitan inversiones de forma urgente y las sanciones de Bruselas serían contraproducentes, pondrían en riesgo la recuperación y perjudicarían a las regiones más vulnerables, alegan los parlamentarios. 

Veto de facto

En teoría, la Eurocámara no tiene poder de veto para impedir la congelación de los fondos. En la práctica, hasta ahora ha triunfado en su intento de frenar el castigo de Bruselas. El Ejecutivo comunitario lo tenía ya todo preparado para congelar 1.300 millones de euros de fondos a España el pasado julio, junto con la multa cero y la prórroga de dos años para situar el déficit por debajo del 3%. Pero el Parlamento pidió ser consultado de antemano, algo que sí está previsto en las normas aunque su opinión no sea vinculante. Y en lugar de organizar una audiencia urgente, impidió que la Comisión actuara retrasándola hasta el 2 de octubre.

Ese día comparecieron el vicepresidente Jyrki Katainen y la comisaria de Política Regional, Corina Cretu. Los dos explicaron que están obligados por ley a suspender los fondos a España y Portugal, pero se comprometieron a minimizar el impacto de esta medida y a descongelar las ayudas de forma inmediata cuando Madrid y Lisboa presenten los ajustes prometidos para cumplir el déficit este año. En teoría, la comparecencia de Katainen y Cretu despeja el camino para que el Ejecutivo comunitario pueda activar ya la sanción.

Pero la Eurocámara no se da por satisfecha. Además de convocar a Guindos y al ministro portugués, los parlamentarios se plantean volver a invitar a Katainen y a Cretu. Es decir, mantienen indefinidamente abierta esta fase previa de consulta e impiden que el Ejecutivo comunitario congele los fondos.

Bruselas tenía previsto actuar antes del 15 de octubre, pero ya descarta que pueda cumplir el calendario. Lo más probable ahora es que la decisión se aplace hasta que España y Portugal envíen sus borradores de presupuestos con los ajustes prometidos. Ello permitiría a la Comisión congelar y descongelar los fondos al mismo tiempo, tal y como ha sugerido el comisario Pierre Moscovici. Es decir, que la sanción será simbólica y no tendrá ningún efecto práctico, como ya ocurrió con la multa cero.

La situación presupuestaria de España y Portugal volverá a discutirse en las reuniones del Eurogrupo y el Ecofin que se celebran la semana que viene en Luxemburgo. El mensaje de los ministros será el mismo: los dos países deben enviar a Bruselas antes del 15 de octubre las medidas exigidas para corregir el déficit. De lo contrario, no sólo les espera la congelación de los fondos sino una multa reforzada que en el caso español podría ascender a 5.000 millones (el 0,5% del PIB).

Del Gobierno en funciones de Rajoy, la UE espera un presupuesto prorrogado y la reforma del impuesto de sociedades para adelantar el cobro de 8.000 millones a las grandes empresas. Esta reforma ya ha sido aprobada por el Consejo de ministros pero todavía debe ser convalidada por el Parlamento.