El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha pedido en el Congreso endurecer las sanciones que contempla la normativa de competencia a las empresas por organizar cárteles o prácticas monopolísticas. En su comparecencia en la Comisión de Economía ha demandado a los diputados un cambio en la Ley de Defensa de la Competencia de 2007 que incluya elevar las sanciones, ya que “no son, ni de lejos, similares al daño que provocan los cárteles”. “Creo que estas sanciones están lejos de ser disuasorias”, ha protestado Marín Quemada.
“Quiero dejar sobre la mesa la posibilidad de renegociar la Ley de 2007”, ha señalado el presidente de la CNMC. Esta normativa tiene ya casi 10 años y, en su opinión, requiere de una actualización que sirva para endurecer la cuantía de las sanciones contra las empresas que organicen cárteles, pero también para adaptarla a los cambios que han tenido lugar en la economía y los mercados en los últimos años.
El mejor ejemplo es la irrupción de las nuevas tecnologías que ha provocado cambios profundos en muchos sectores. El del taxi es uno de los más evidentes, con la aparición de compañías como Uber, Cabify o BlaBlaCar. Para Marín Quemada, estos cambios tecnológicos o la economía digital supone un cambio de tal calado que requiere cambios en la normativa.
Un año histórico
2015 fue un año histórico para la CNMC y no solo porque cumpliese su segundo año de vida, sino por el calado de las multas aplicadas: más de 500 millones de euros tras desmantelar 14 cárteles. “Nunca antes se levantaron tantos, un número que es difícil que alcancen otras agencias de competencia europeas”, ha remarcado Marín Quemada.
Con estas sanciones ha conseguido desmantelar cárteles que tendrían un coste para los consumidores de 640 millones de euros anuales. Si se tiene en cuenta dos años completos de vida del supervisor de la competencia, el impacto alcanzaría los 1.260 millones de euros. Resulta evidente que las sanciones e 500 millones de euros son insuficientes para alcanzar el daño causado por los cárteles. El aumento de los costes que generan las empresas con estas prácticas en solo un año supera el coste total de las sanciones impuestas por la CNMC.
Marín Quemada ha denunciado ante los diputados de la Comisión de Economía las prácticas monopolísticas que existen también en la contratación pública. “Que un puñado de empresas se repartan las licitaciones e incrementen el coste provoca un aumento de los costes de millones de euros para los contribuyentes y los consumidores”. En su opinión, las distintas Administraciones Públicas deberían velar por su contratación pública para evitar que las compañías inflen los precios. “Me parece absolutamente vergonzoso”, ha remarcado Marín Quemada.