La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que existe una "incertidumbre genuina" en la estimación del impacto de la recuperación cíclica, que bajará hasta una aportación de entre cinco y siete décimas del PIB, frente a los 10.000 millones que estima el Ejecutivo (casi un punto del PIB), así como respecto a la recaudación de las medidas fiscales anunciadas por el Gobierno para cumplir con el objetivo de déficit del 3,1% en 2017, ya que minusvalora los riesgos derivados del entorno exterior en sus últimas proyecciones macroeconómicas.

Así consta en el informe sobre las previsiones macroeconómicas de la actualización del plan presupuestario 2017, en el que la AIReF advierte de que los riesgos derivados del entorno exterior se consideran "más severos" que los contemplados en el escenario macroeconómico, al estar "infraestimados" en su conjunto. Entre estos cita la incertidumbre del 'Brexit' y los acuerdos comerciales de la UE, el posible efecto contagio de los aumentos de la prima de riesgo y el impacto de los acuerdos de la OPEP.

Además, avisa de que existe una "incertidumbre genuina" en la estimación del impacto de la recuperación cíclica y de las medidas anunciadas sobre la previsión de ingresos, así como sobre su eficacia recaudatoria. Para reducir este grado de incertidumbre la AIReF estima que "la información que vamos recibiendo de cómo se han hecho las estimaciones nos van dando mayor certidumbre de que los datos y las estimaciones son apropiados".

Dada la incertidumbre existente sobre la ganancia de ingresos derivada del ciclo económico para 2017, que establece en entre cinco y siete décimas del PIB (menor a casi un punto previsto por el Gobierno) y la "dificultad inherente" en la estimación del impacto recaudatorio de las medidas anunciadas, la AIReF ve necesario un "seguimiento efectivo" de los ingresos tributarios con el fin de valorar la suficiencia de las medidas en línea con los objetivos comprometidos.

Entre las medidas aprobadas figuran la eliminación de deducciones en el Impuesto de Sociedades para elevar su recaudación o la subida de los impuestos del alcohol y el tabaco que, junto con un paquete de medidas de lucha contra el fraude, aportaría unos 7.000 millones a las arcas públicas. No obstante, fuentes del organismo matizan sobre este punto que en la AIReF son "más optimistas" sobre el impacto recaudatorio de dichas medidas tras la información recibida por parte del Ministerio de Economía.

Cumplimiento del objetivo

En cualquier caso, ve factible que España cumpla el objetivo de déficit del 3,1% en 2017 si se produce una mejora significativa de los ingresos con las medidas implementadas y si el nivel de gasto presenta una composición "plausible", y pronostica un superávit de las corporaciones locales y el cumplimiento del objetivo de déficit de las comunidades autónomas.

El organismo también ve cierta incertidumbre respecto a la traslación del crecimiento económico en el empleo, sobre todo respecto a los puestos de trabajo que se van a crear en términos de la Encuesta de Población Activa (EPA), por lo que duda de que se pueda cumplir la previsión oficial de una tasa del paro del 12,8% en 2019.

A pesar de ello, la AIReF avala las previsiones recogidas en la actualización del cuadro macroeconómico del Gobierno, que valora como "prudentes" tras la revisión al alza de la previsión de crecimiento del PIB, hasta el 3,2% en 2016 y el 2,5% en 2017, con un repunte del 2,4% tanto en 2018 como en 2019.

En concreto, ve "verosímil" la composición del crecimiento reflejada en el escenario del Gobierno, con una demanda interna ejerciendo de principal motor de la economía, junto con una contribución "ligeramente positiva" del sector exterior.

Dentro de los componentes de la demanda interna, ve "plausible" la evolución presentada para el consumo público y "prudente y consistente" con el impacto macroeconómico potencial de las medidas tributarias anunciadas, así como la desaceleración de la inversión recogida en la actualización de las previsiones.

A pesar de ello, la AIReF recomienda al INE que asegure la consistencia interna de las estimaciones de Contabilidad Nacional anual y trimestral y que el Gobierno adopte y haga públicas las medidas necesarias para corregir los "importantes sesgos" observados en las previsiones del consumo públicos de los últimos cuatro años.