La Comisión Europea ha lanzado este martes una ofensiva contra el denominado turismo de prestaciones sociales dentro de la UE. Según el plan de Bruselas, los ciudadanos comunitarios recién llegados a otro país miembro no tendrán derecho a acceder al subsidio por desempleo ni a otras ayudas sociales no contributivas como la renta mínima. "El libre movimiento de personas no equivale al derecho al libre acceso a los sistemas de seguridad social de los países miembros", ha proclamado la comisaria de Empleo y Seguridad Social, Marianne Thyssen.

El Ejecutivo comunitario se pone así de parte de Alemania, Reino Unido, Holanda o Austria. Estos países llevan años pidiendo a Bruselas poder restringir las ayudas a los no nacionales. Alegan que sus generosos sistemas sociales, que prevén un gran número de prestaciones no contributivas, ejercen un efecto llamada para ciudadanos de otros países miembros, especialmente los del este y el sur, como España. Se quejan de que las normas de la UE, que prohíben discriminar entre ciudadanos comunitarios, no les dejan margen para combatir posibles abusos.

De hecho, Reino Unido logró en las negociaciones previas al referéndum del 23 de junio un freno de seguridad para las ayudas sociales a ciudadanos comunitarios. Pero estas concesiones ya no están sobre la mesa debido a la victoria del brexit. Por eso Bruselas ha decidido presentar un nuevo plan aplicable en todos los Estados miembros con dos novedades principales.

1. Los ciudadanos inactivos no tendrán derecho a ninguna prestación. La propuesta aclara que los Estados miembros pueden decidir no conceder ninguna ayuda social a los no nacionales que no estén trabajando ni buscando empleo. Codifica así la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que ya dio la razón a Alemania en un litigio que le enfrentaba a una familia rumana por esta cuestión.    

¿A cuánta gente afectará esta restricción? En toda la UE hay una población móvil de alrededor de 14,3 millones de ciudadanos, de los cuales 3,7 millones de personas son económicamente inactivas, según los datos de Bruselas. No obstante, alrededor del 80% de estas personas derivan sus derechos a prestaciones sociales de otros miembros de su familia que sí trabajan. Los afectados por el fin de las ayudas a los económicamente inactivos serán el 20% restante.

2. Al menos tres meses trabajando para cobrar el paro. Según la legislación actual, un trabajador español que va a Berlín y se queda enseguida en el paro puede pedir a la seguridad social alemana que le pague los derechos de paro que tenía acumulados en España. Bruselas introduce ahora una nueva restricción. Para poder beneficiarse de esta posibilidad, será necesario haber trabajado al menos tres meses en Alemania. En caso contrario, será España la que tendrá que pagar el subsidio de desempleo.

En la actualidad, el 41% de los trabajadores desplazados trabajan menos de tres meses en los países de acogida antes de pedir la prestación por paro.