Las autopistas de peaje quebradas se han convertido en el principal problema del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. Hace unas semanas reconoció que al Estado no le quedará más remedio que asumirlas y, las primeras, quedarán en manos públicas el próximo verano de 2017.

De la Serna asume el problema en las ocho autopistas de peaje. Se trata de las Radiales 2, 3, 4 y 5, la M-12 al aeropuerto de Barajas, la autopista AP-36, entre Ocaña y La Roda; la AP-41, entre Madrid y Toledo; las autopista que va de Cartagena (Murcia) a Vera (Almería) y la circunvalación de Alicante.

Las dos primeras que pasarán a ser del Estado serán las Radiales 3 y 5, cuando la liquidación sea firme, es decir, el próximo mes de julio. El resto, depende del calendario judicial y se resuelvan los  respectivos planes de liquidación, según ha confirmado esta tarde el ministro durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados para hablar de sus prioridades al frente de Fomento.

Es pronto, según el ministro, para saber cuánto van a costar. La deuda de estas autopistas supera los 3.400 millones de euros, según reconoció el ministro hace unos días. Sin embargo, su “valoración patrimonial”, el impacto económico de asumir esas autopistas, no se podrá cuantificar hasta que concluya ese procedimiento de liquidación.

¿Por qué no han funcionado las radiales?

De la Serna reconoce que el fracaso de las autopista se debe, principalmente, a dos motivos. Por un lado: la caída de la circulación con la crisis; por otro, el sobrecoste en las expropiaciones de terrenos. “Como consecuencia de la crisis”, según el ministro, entre 2008 y 2012, el tráfico en la autopistas de peaje se hundió un 35%. Esa reducción no se esperaba porque, entre 1998 y 2003, los años previos a la crisis en los que se licitaron esas vías, el tráfico crecía a un ritmo anual del 15%.

El otro problema, el coste de expropiar los terrenos donde se construyeron esas carreteras de peaje se disparó en los tribunales. “El coste pasó de 400 a 2.200 millones”, ha asegurado De la Serna. “Los jueces aplicaron distintos criterios, como la clasificación del suelo”. “Se produjeron reclamaciones para se valorasen esos suelos como urbanos, porque las autopistas de peaje aumentaban el valor potencial de esos terreno”.

El objetivo ahora es minorar ese impacto pero mantener su uso. “Dichas autopistas van a ser utilizadas por los usuarios, es nuestra máxima preocupación”. “Actuaremos con la mayor diligencia para aminorar el impacto. Seguir garantizando el tráfico de las autopistas”, ha repetido el ministro.

Nuevo pacto de infraestructuras

A partir de ahora, el Ejecutivo quiere consenso en materia de carreteras, ferrocarriles y puertos. Y aspira a lograrlo a través de un pacto de Estado sobre infraestructuras tanto con las distintas comunidades autónomas, como con partidos políticos y agentes sociales. Deberá estar sellado en la primera mitad del próximo año.

"El objetivo del plan será adaptar el diseño de las infraestructuras y los transportes a las necesidades de los ciudadanos, y maximizar su rentabilidad económico y social", detalló el ministro durante su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados.

"Ha llegado el momento de alcanzar un gran pacto de Estado de infraestructuras que permita consolidar una red multimodal de calidad", aseveró De la Serna. Para negociarlo, Fomentó tendrá que hablar con los partidos políticas, las Comunidades Autónomas, con los agentes sociales y con el sector.

Una de las medidas previstas para los próximos años es aumentar la conexión entre aeropuertos y los trenes de alta velocidad. Respecto a estos últimos, Fomento quiere concluir las conexiones ferroviarias de AVE en construcción, pero sin indicar cifras de inversión ni plazos de ejecución. Se trata de la conexión a Galicia, del Corredor Mediterráneo, del enlace con Burgos y la 'Y' vasca, del AVE a Asturias a través de los túneles de Pajares, a Extremadura y de la conexión entre Zaragoza, Pamplona y Logroño.