El Gobierno se ha dado de bruces, otra vez, con la realidad parlamentaria. Quería apuntarse un tanto y aprobar un procedimiento que permitiese a los afectados por las cláusulas suelo llegar a un acuerdo con sus bancos sin tener que ir a los tribunales. Era su respuesta a la decisión del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que, hace una semana, contra pronóstico, decidió que los afectados tienen derecho a recibir todo lo que las entidades financieras les cobraron en exceso, sin límite temporal.

La intención del Ejecutivo era aprobar un vehículo, al que los bancos se podrían adherir de forma voluntaria, para conducir a los afectados a un acuerdo económico sin colapsar la Justicia. No hay cifras exactas, pero se calcula que hay cerca de 1,5 millones de personas a las que se les aplicaron cláusulas suelo antes de 2013. Por eso, este miércoles filtró a los medios de comunicación que tenía listo un procedimiento para resolver esas devoluciones con “celeridad” reduciendo los costes a los consumidores.

Lo iba a conseguir a través de un real decreto ley, en el que iría como anexo un código de buenas prácticas. Las entidades financieras implicadas -casi todas las grandes, salvo Santander y Bankinter- serían libres de suscribirlo o no. En caso de hacerlo, lo deberían cumplir íntegramente.

‘Inaceptable’ para el PSOE

Al ser un real decreto ley, el texto hubiese entrado en vigor al día siguiente a su aprobación, es decir el 31 de diciembre. Y en 30 días tendría que pasar por sede parlamentaria. Es decir, tenía un mes para someter a debate y votación la convalidación o derogación de ese real decreto ley.

Y es ahí donde entra la falta de respaldo del PP. Al grupo parlamentario del Gobierno no le vale con la ayuda de Ciudadanos, también necesita el del PSOE o el de otros grupos. Y este tema, tal y como estaba planteado, no tiene apoyos suficientes.

El PSOE no quiere ni que sea voluntario, porque sería benévolo con los bancos, ni que se tramite como Real Decreto tal y como está planteado. Cree que la propuesta inicial es “inaceptable”, según su portavoz de Economía en la Cámara Baja, Pedro Saura.

"No cabe el código de buenas prácticas, no cabe que los bancos se puedan adherir voluntariamente al código", recalcó Saura este jueves durante una rueda de prensa en el Congreso. ¿Qué quiere el PSOE? Un procedimiento obligatorio para los bancos que busque "rapidez, eficacia, coste cero para los afectados y que no haya ningún tipo de quitas". Y los bancos no son partidarios de esa vía, sino de la anterior, la de adhesión voluntaria.

Ante la oposición del PSOE, a Rajoy no le ha quedado más remedio que dar marcha atrás. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a la pregunta de EL ESPAÑOL sobre qué iba a hacer con un real decreto que contaría con el voto negativo del PSOE, al presidente del Gobierno no le quedó más remedio que aceptar su traspiés.

“El Gobierno va a hacer todo lo que pueda para que esto se pueda resolver mediante acuerdo y sin tener que ir necesariamente a los tribunales”, respondió Rajoy a este medio. “A partir de ahí, concretaremos el procedimiento”. Es decir, en el último Consejo de Ministros no se ha aprobado nada y habrá que esperar, al menos, hasta el 13 de enero porque el próximo viernes es festivo.

Semanas sin mecanismo de mediación

Los afectados por las cláusulas suelo que no tienen en marcha ningún procedimiento judicial tienen ahora mismo tres alternativas. La primera, ir a los tribunales para obligar a que su banco le devuelva lo que le cobró de más. La segunda, tratar de llegar a un acuerdo con su entidad de forma individual. La tercera, esperar a que el Gobierno ponga en marcha ese procedimiento.

A partir de ahora va a buscar apoyos parlamentarios para lograr una mayoría. Puede conseguirlo con el PSOE, al que no le importa que se haga vía real decreto, siempre que implique la adhesión obligatoria de los bancos y no voluntaria como hasta ahora. O puede hacerlo vía proyecto de ley, lo que llevará un trámite parlamentario completo y retrasaría su aprobación, previsiblemente, varios meses a cambio de aspirar a un mayor consenso político.

Mientras, seguirán saliendo sentencias a favor de los afectados, porque había muchos procedimientos judiciales parados a la espera de saber cuál era la decisión del TJUE para pronunciarse de un modo u otro. En total, las estimaciones del Banco de España, calculan que la exposición de la banca a la cláusulas suelo alcanza los 4.200 millones de euros. De ellos, sólo tienen provisionados la tercera parte. Es decir, tienen una hucha para hacer frente a uno de cada tres euros que, previsiblemente, tendrán que pagar.