Italia quiso hacer como que no escuchaba, pero finalmente se le acabó el tiempo para aceptar lo que ya le han repetido desde Bruselas. Según el diario La Repubblica, la Comisión Europea le exige al Gobierno italiano un ajuste inmediato de 3.400 millones de euros. Si no cumple con el ultimátum ya en febrero, el organismo comunitario le podría abrir un procedimiento sancionador por déficit excesivo.

El pasado noviembre ya llegó una carta desde Bruselas en la que se advertía que la Ley de Presupuestos italiana, por la que se prevé un objetivo de déficit para 2017 del 2,4%, incumplía los límites. Italia había conseguido cierto margen desde el 1,8% pactado anteriormente, pero el Gobierno estaba en juego con la convocatoria del referéndum constitucional y el Ejecutivo hizo caso omiso a las recomendaciones.

Con el fracaso en las urnas y la consiguiente dimisión de Matteo Renzi como primer ministro, el Ejecutivo aprobó de forma inmediata los Presupuestos para poder dar paso a un nuevo Gabinete. De nuevo olvidándose de los rumores de más allá de sus fronteras. Ahora la Comisión le pide que con esos recortes de 3.400 millones reduzca la previsión de déficit en dos décimas y la respuesta desde Roma ha sido intentar ganar tiempo, convenciendo a Bruselas de que no haya sanciones, según señaló una fuente del Departamento del Tesoro a Reuters.

En realidad, esa ha sido la estrategia italiana, una vez que las reformas que exigían todos los organismos internacionales con la llegada al poder de Renzi en 2014 o bien no se aplicaban o no daban sus frutos. Temerosa de que lo que pueda venir sea menos manejable, con la vista puesta en el Movimiento 5 Estrellas, Europa fue indulgente en los últimos meses con el Gobierno italiano. Pero tras el fracaso de Renzi, la paciencia de Bruselas ha dicho basta, según señalan los medios italianos.

El ultimátum de Bruselas coincide con la publicación de las previsiones de crecimiento del FMI, que estiman que la economía italiana crecerá un 0,7% en 2017 y un 0,8% en 2019, dos y tres décimas menos respectivamente con respecto a las anteriores proyecciones. El economista jefe de la institución con sede en Washington, Maurice Obstfeld, reconoció que Renzi había aprobado reformas estructurales “importantes”, pero que Italia debe todavía “resolver problemas importantes como el de la banca”.

El profesor de Finanzas de la Universidad de Chicago Booth School of Bussiness, Luigi Zingales, ya advirtió a este diario que Italia había ido pospuesto la reestructuración bancaria a los gobiernos sucesivos durante muchos años. Y ahora, con los 8.800 millones que necesita el Monte dei Paschi y los problemas de liquidez y morosidad de un buen puñado de pequeñas entidades, el panorama es el de una intervención pública que podría alcanzar los 20.000 millones.

La única solución tomada por el Gobierno fue la creación del llamado fondo Atlante, un instrumento financiero dotado de poco más de 5.000 millones captados de instituciones privadas, cuyo objetivo era recapitalizar los bancos y comprar créditos deteriorados. Pero ni el montante, ni la operación fueron suficientes para tapar el agujero que reveló después el Banco Central Europeo.

Precisamente, el presidente de la institución, el italiano Mario Draghi, ha insistido también en la necesidad de reformas para su país. Según el responsable del BCE, el nivel de déficit italiano se ha mantenido en estos años en niveles aceptables, siempre por debajo del 3% desde 2012, aunque con descensos muy ligeros. Sin embargo, el gran drama italiano en el que ha insistido Draghi ha sido “la competitividad” y “las dificultades de los responsables de la política económica para modernizar el país”.

El programa de reducción del gasto público estaba en marcha desde 2012. Y poco después de su llegada al Gobierno en 2014, Renzi aprobó la reforma del mercado de trabajo, quizás la huella más importante de sus dos años de Gobierno. El Ejecutivo se enfrascó en una batalla con los sindicatos para acabar con el célebre artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores, que imponía miles de trabas para el despido, por lo que implantó una mayor flexibilidad laboral y otorgó incentivos fiscales para fomentar la contratación.

El resultado es que en los dos últimos años ha habido 417.000 nuevos ocupados, según los datos de la oficina nacional de estadística. Pero la mayoría de quienes se han beneficiado han sido mayores de 50 años. Mientras, los jóvenes apenas han sentido el efecto, por lo que la tasa de desempleo juvenil sigue en torno al 40%.

Menos efectos aún ha causado la reforma de la administración pública, con la que el Gobierno pretendía reducir el endémico problema de la burocracia, y que fue tumbada recientemente por el Tribunal Constitucional. Y tampoco la reforma de la educación, que preveía la asunción de 150.000 profesores con contratos precarios, pero que no ha dado sus frutos.

La política fiscal italiana se ha caracterizado en los últimos años por los incentivos y las medidas extraordinarias, pero la presión fiscal continúa por encima del 43%. Y mientras, la productividad ha aumentado solamente un 0,3% en el periodo que va de 1995 a 2015, según la oficina estadística nacional italiana, por el 1,6% de Europa y el 1,3% de la zona euro.

Copago en Sanidad

Para rebajar el déficit, como exige Europa, Italia “podría posponer pagos en servicios públicos como la Sanidad, que es lo que han hecho otros gobiernos, aunque no el de Renzi”, afirma Silvia Fedelli, directora del Departamento de la Universidad de la Sapienza. Y esto, según la profesora, supondría que para el siguiente ejercicio esos pagos se computan como deuda y no como déficit.

Así la deuda pública italiana ha escalado a un nivel superior al 130%, del que tampoco consigue bajar. En 2015 la OCDE preveía que las reformas estructurales harían aumentar el PIB y reducir la deuda pública. Pero, una vez más, Italia vuelve a tener un Gobierno interino, con capacidad para pocas, mientras desde Europa exigen más contención.

“Veremos si se da el caso de tomar nuevas medidas para respetar los objetivos, pero nuestra prioridad es alentar el crecimiento”, respondió el ministro de Economía, Pier Paolo Padoan, ante las cámaras de la RAI.