“Hemos bautizado esta Legislatura como la legislatura del diálogo”. Esta es una frase que ha repetido en muchas ocasiones el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Haciendo gala de este diálogo, el ministro recibirá a la consejera Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, para tratar la decisión unilateral de la autonomía de bajar la jornada laboral de sus funcionarios a 35 horas semanales. Una decisión que vulnera directamente la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que fija un mínimo de 37,5 horas de trabajo para los funcionarios y empleados públicos.
No es la primera vez que una autonomía intenta rebajar el número de horas de sus trabajadores y tampoco la primera que la Justicia tumba esta decisión. El Tribunal Constitucional ya declaró inconstitucional la decisión de Castilla-La Mancha de rebajar el horario de sus funcionarios también a 35 horas semanales. De esta forma, el Tribunal sentó jurisprudencia sobre este asunto, por lo que es de esperar que el Gobierno no tenga demasiados problemas para ganar este recurso.
En la sentencia del TC, del 22 de septiembre, sostiene su sentencia en la Constitución y también en la Ley de Estabilidad, que determina que “la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”. El Constitucional advierte que la fijación de un mínimo de horas por parte del Estado “deja todavía margen de maniobra a las comunidades autónomas para el ejercicio de su competencia en este ámbito”.
La jornada de trabajo del personal del sector público no podrá ser inferior a 37,5 horas semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual
El Tribunal remarca que “corresponde al Estado establecer las bases del régimen de derechos y deberes de los funcionarios públicos y a la comunidad autónoma la competencia de desarrollo legislativo y ejecución, de acuerdo con aquella legislación básica, en relación con la función pública autonómica y local”. En otras palabras, la autonomía no puede saltarse el régimen de derechos y obligaciones que tiene que establecer el Estado.
El diálogo
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja pocas dudas. Mientras la Ley de Estabilidad siga vigente en los términos actuales, ningún funcionario puede trabajar menos de 37 horas y media semanales. Sin embargo esta Ley Orgánica podría modificarse y así permitir a estas comunidades autónomas gobernadas por el PSOE reducir la jornada de trabajo de los funcionarios.
Los representantes de la Junta celebrarán una reunión técnica en el Ministerio de Hacienda para tratar este asunto, con el objetivo de evitar que el Gobierno recurra la medida. La consejera de Hacienda andaluza advirtió el lunes que confía en que Montoro acepte la decisión de la Junta y no les lleve ante la Justicia. Montero se mostró optimista dada la “vocación de diálogo de Gobierno andaluz y español y poder llegar pronto a un acuerdo”. Sin duda, la legislatura del diálogo da pie a ello.
Sin embargo, si el Gobierno acepta no recurrir la medida, sería un parche, ya que la jurisprudencia del Constitucional deja claro que los funcionarios tienen que tener una jornada mínima de 37,5 horas semanales. La verdadera solución vendría con una modificación de la Ley de Estabilidad para quitar este límite o rebajarlo hasta 35 horas. Esta es la intención del PSOE, explican a este periódico fuentes del partido. Para el partido sería un logro importante, ya que desbloquearía que todas las comunidades gobernadas por los socialistas pudieran unirse a la rebaja de la jornada de los funcionarios.
Montoro está dispuesto a negociar con el PSOE todo lo que los socialistas pongan sobre la mesa con un objetivo, aprobar los Presupuestos
El ministro de Hacienda tiene las puertas de su despacho abiertas para que entre cualquiera que quiera dialogar. De hecho, Montoro está dispuesto a negociar con el PSOE todo lo que los socialistas pongan sobre la mesa con un objetivo, aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2017. “Es la prioridad ahora”, explicó el jueves tras su comparecencia en el Senado.
El ministro también señaló la coincidencia del Gobierno con los presidentes autonómicos de no subir el Capítulo 1 de gastos de las Administraciones, el de gastos de personal. Si la reducción de la jornada de los funcionarios implica un incremento de gastos debido al personal que hay que contratar como refuerzo, entonces las negociaciones podrían estancarse. Pero en la legislatura del diálogo cualquier acuerdo es posible.