El Gobierno y Ciudadanos están rematando los últimos flecos de un gran acuerdo para modificar la regulación y supervisión de los sectores de la economía española que incluye, entre los puntos más importantes, dividir la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos organismos. Uno de ellos asumirá las tareas de supervisión y regulación sectorial y el otro controlará que el mercado y las empresas respeten las reglas de competencia. “Las negociaciones están prácticamente cerradas”, explica Toni Roldán, portavoz de Economía de Ciudadanos. También fuentes del Ministerio de Economía han confirmado que las líneas básicas del acuerdo ya están cerradas.

De esta forma se disolverá un organismo que nació con muchas dudas desde la Unión Europea. De hecho, Bruselas obligó a crear dos salas diferentes en el organismo para que las dos funciones no se contaminasen entre ellas. El propio presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, ha reconocido en numerosas ocasiones que desde Europa había cierta reticencia ante este nuevo modelo español, pero que con el tiempo “se ha asumido con normalidad”.

De esta forma surgirán dos organismos totalmente independientes que, sin embargo, tendrán un mecanismo de coordinación para que no se adopten decisiones contradictorias, explican a EL ESPAÑOL fuentes próximas a las negociaciones. Por un lado, se establece una autoridad para los mercados, que asumiría las funciones de supervisión y control de los sectores regulados, así como la resolución de conflictos entre operadores del mercado. Por otro lado, se creará la autoridad de la competencia, que se encargará de promover la competencia entre empresas y de defender los derechos de los consumidores.

Con esta medida, el PP y Ciudadanos ejecutarán uno de los puntos más importantes del acuerdo de investidura de Mariano Rajoy alcanzado por las dos formaciones el pasado verano. Este pacto ya recogía la creación de “dos entidades independientes” para asumir las tareas de la CNMC, “siguiendo el modelo vigente en la mayoría de países de nuestro entorno”.

Una vez más, se pone de relieve la buena relación entre el Ministerio de Economía y Ciudadanos

El Partido Popular defendió la labor de la CNMC en la última comparecencia de Marín Quemada en el Congreso de los Diputados, celebrada en octubre. En ese momento, todavía no se había producido la investidura de Rajoy, por lo que, para los populares, el pacto de investidura todavía no estaba en vigor. Ahora, ya con el presidente asentado nuevamente en La Moncloa, el Gobierno está dispuesto a dar el paso definitivo de dividir el organismo. Una vez más, se pone de relieve la buena relación entre el Ministerio de Economía, encabezado por Luis de Guindos, y Ciudadanos.

La protección del consumidor

Las negociaciones entre el Ministerio de Economía y Ciudadanos van más lejos y buscan conseguir un gran acuerdo para modificar la supervisión de todos los mercados. Una de las partes más importantes será renovar el control de los mercados financieros con la creación de un organismo independiente que vele por los derechos de los consumidores financieros. Este organismo se encargará tanto de los productos comercializados por los bancos, como de los activos cotizados, tareas que actualmente recaen sobre el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

El objetivo que se persigue es crear un organismo que se encargue únicamente de la protección del consumidor, de modo que no existan conflictos de interés. Por ejemplo, el Banco de España aceptó la comercialización de las preferentes porque suponían una gran ayuda a la solvencia de los bancos, ya que computaban 100% como capital. Sin embargo, desde el punto de vista del consumidor, se trataba de productos muy complejos que no deberían haberse comercializado como se hizo. El nuevo organismo se encargaría de controlar estas actuaciones.

Los dos partidos también acuerdan crear un organismo para regular al sector del seguro

La reforma de la supervisión financiera va más lejos e incluye otro principio de acuerdo para crear un organismo que regule al sector del seguro, como ocurre el resto de los países de la OCDE. Actualmente esta competencia la asume el Ministerio de Economía a través de la Dirección General de Seguros, pero las dos partes están de acuerdo en separar esta tarea en una entidad independiente.

Por último, el principio de acuerdo incluye sacar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) del Ministerio de Economía para incluirlo dentro de la CNMV como otra sección de la Comisión. El ICAC se encarga de la supervisión de los auditores, una labor próxima a la que realiza la CNMV como supervisor de las entidades cotizadas en bolsa.

De este modo, se juntaría la supervisión de los auditores dentro de una misma entidad y se evitarían casos como el de la salida de Bankia a bolsa. La CNMV, que en ningún momento vetó la operación, se ha defendido alegando que no tiene acceso a los datos de la compañía y simplemente recibe el informe de auditor. Si este acuerdo fructifica, la CNMV ya no podrá alegar que el fallo fue del auditor, ya que será la propia Comisión quien se encargue de supervisar al auditor.

Profesionalizar la regulación y supervisión

Si algo ha quedado claro durante la crisis es que los organismos han funcionado con las manos ‘atadas’ al poder, por lo que su labor ha sido dudosa en muchas ocasiones. El acuerdo entre el Ministerio y Ciudadanos pone especial atención en despolitizar estos organismos, lo que se conseguirá con nombramientos de responsables que sean realmente independientes y sean valorados por su trayectoria profesional y no por su carné de afiliación.

Para conseguirlo, los dos partidos han acordado crear una comisión de expertos que se encargará de valorar a los candidatos propuestos por el Ministerio de Economía y elaborar un informe de compatibilidad e idoneidad con el cargo al que se le haya propuesto. Además, esos candidatos tendrán que pasar por la Comisión de Economía del Congreso, donde tienen que conseguir el visto bueno por mayoría simple. En el caso de que no cuenten con el informe favorable de la comisión de evaluación, tendrán que tener el apoyo mayoritario de los diputados, ya sea por mayoría absoluta o cualificada (este punto sigue en negociación).

En cualquier caso, el objetivo es que la Comisión de Economía del Congreso sea un filtro efectivo para los nombramientos. Además, la comisión de evaluación servirá para sacar a la luz la idoneidad de los candidatos, para que, efectivamente, no estén elegidos ‘a dedo’ por su proximidad a uno u otro partido.

El PSOE, al margen

La CNMC nació en 2013 auspiciada por el Gobierno y con los votos favorables del PNV y CiU, ya que ambos consiguieron sus demandas territoriales. Sin embargo, tuvo la oposición en bloque del PSOE, que prefería mantener sin cambios el modelo vigente. Entonces no sólo estaban divididas las dos tareas (regulación y competencia), sino que también la regulación estaba separada en varias entidades, a saber: la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión Nacional de la Energía, la Comisión Nacional de las Telecomunicaciones y la Comisión Nacional del Sector Postal.

En la última comparecencia de Marín Quemada en la Comisión de Economía, recibió duras críticas del PSOE por el modelo unificado de competencia y regulación. “Esta CNMC es fruto de una ley creada para el conflicto, que se creó en 2013 sin consenso Parlamentario y sin el debate público necesario”, aseguró Ana María Botella, portavoz adjunto del PSOE en la Comisión. “El Gobierno se apoyó, por decirlo suavemente, en un informe que realizó PWC por encargo de una empresa regulada, Telefónica, y que responde (oh, casualidad) al actual modelo de la CNMC”, denunció.

Esta CNMC es fruto de una ley creada para el conflicto, que se creó en 2013 sin consenso Parlamentario y sin el debate público necesario

Las negociaciones entre el Gobierno y Ciudadanos no han contado con la colaboración del PSOE, pero su concurso se prevé imprescindible para sacar adelante una reforma tan ambiciosa. Fuentes del PSOE aseguran a este periódico que todavía no han recibido ninguna información de las negociaciones. Sin embargo, los socialistas ya acordaron con Ciudadanos, en su programa de gobierno posterior a las elecciones del 20 de diciembre, dividir la CNMC en dos organismos independientes.

El PSOE está convencido de la necesidad de dividir la CNMC, y también de elevar la supervisión de los productos financieros que se comercializan para evitar situaciones como las que se han vivido. Por eso su entrada en las negociaciones, si llega a producirse, podría modificar los acuerdos que ya están apalabrados. Si no se une a las negociaciones, podría liderar la oposición para retirar la propuesta, por lo que el Gobierno prefiere consensuar con los socialistas el acuerdo antes de llevarlo al Congreso. La tramitación de toda esta reforma se realizará por partes, de modo que cada organismo cuente con su propia legislación.