La "impresionante recuperación" de la economía española, como califica el Fondo Monetario Internacional (FMI) el crecimiento de los dos últimos años, no debe desviar la atención de los grandes riesgos que afronta el país en el medio plazo. El Fondo ha publicado el informe completo de su misión anual en España (Consulta al Artículo IV) en el que, lejos de celebrar la situación de la economía, advierte de los desequilibrios estructurales que el país no ha conseguido solucionar después de nueve años de crisis económica.

El Fondo advierte que el grueso del crecimiento de los últimos años se ha sustentado sobre factores externos, entre los que destaca la caída de los tipos de interés gracias a las políticas del Banco Central Europeo (BCE) y el desplome de los precios del petróleo. Sin embargo, todos estos efectos se pasarán, señala el Fondo, y cuando lo hagan, "el crecimiento se frenará y convergerá en el medio plazo con su tasa potencial, alrededor del 1,25%".

El INE ha publicado esta mañana el dato adelantado del PIB al cierre de 2016: la economía creció un 3,2%. Esto significa que en el medio plazo, el ritmo de la actividad se irá frenando hasta crecer apenas un tercio de lo que lo hizo en el conjunto de 2016. El FMI estima que el PIB crecerá un 2,3% en 2017 y un 2,1% en 2018, un ritmo a la baja que coincide con la previsión de progresiva desaceleración de la economía española.

"Bajo las políticas actuales, España seguirá enfrentándose a los desafíos de la baja productividad, la tendencia demográfica desfavorable, el alto paro estructural y la baja acumulación de capital que afectan a las perspectivas de medio plazo", alerta el Fondo. A esto hay que añadir el efecto del brexit que reducirá el crecimiento del PIB español en un 0,3% para este año.

España seguirá enfrentándose a los desafíos de la baja productividad, la tendencia demográfica desfavorable, el alto paro estructural y la baja acumulación de capital

Cuando se agoten todos estos vientos de cola el problema volverá a ser el que ya tenía España antes de la crisis, "la baja productividad". El Fondo advierte que la agenda reformista iniciada en 2012 mantendrá la Productividad Total de los Factores (PTF) "ligeramente por encima del 0,25%, lo que condena a que el crecimiento potencial a medio plazo sea de sólo el 1,25%. 

Este indicador mide el crecimiento de la economía descontando la incorporación de nuevos trabajadores o capital, por lo que sirve para medir el verdadero avance de la economía por factor de producción. El Fondo se mantiene pesimista en cuanto al crecimiento a medio plazo de España y el motivo principal es el tejido empresarial de empresas muy pequeñas que "tienden a ser menos productivas, innovadoras y orientadas a la exportación de lo que son sus competidoras europeas".

El FMI recomienda a España introducir medidas para elevar la competencia y favorecer el crecimiento de las empresas como paso clave para mejorar la productividad del país y elevar el crecimiento potencial que actualmente es tan mediocre. En este sentido, el Fondo considera que es fundamental luchar contra la fragmentación autonómica y pide impulsar la unidad de mercado dentro del país. Además, solicita eliminar los incentivos y ayudas fiscales a las pymes, que en última instancia suponen un techo para el crecimiento de estas compañías.

La lucha contra el déficit

El FMI también alerta de los pobres resultados de la lucha contra el déficit del Gobierno. El Fondo señala que el toda la reducción del desfase presupuestario logrado entre 2013 y 2015 (de 1,5 puntos del PIB) se ha conseguido gracias a "la fuerte recuperación cíclica y el menor coste de intereses". Sin embargo, si no se tienen en cuenta los factores cíclicos, el Fondo advierte que el déficit estructural ha aumentado en un 0,8% del PIB, debido a "las reducciones de impuestos personales [IRPF] y empresariales [Sociedades] que han tenido un impacto superior al estimado inicialmente".

Esta política fiscal expansiva no ha afectado la situación estructural de la economía española, que sigue instalada en un déficit notable. En una situación de equilibrio cíclico, las Administraciones Públicas presentan un desfase presupuestario del 2,25%. Esto es, un déficit estrucural de unos 26.000 millones de euros.

El Fondo advierte que España no ha hecho nada para controlar el desfase presupuestario de las Administraciones territoriales, en especial de las comunidades autónomas. Por este motivo se une a la petición de la Comisión Europea de establecer mecanismos automáticos para controlar el gasto de las regiones.

Con las políticas actuales, la deuda bruta y neta seguirán elevadas en el medio plazo, alrededor del 95,5% y el 80% del PIB respectivamente

La persistencia del déficit va a dificultar mucho el desapalancamiento del sector público, que actualmente tiene una deuda que alcanza el 100% del PIB. "Con las políticas actuales, la deuda bruta y neta seguirán elevadas en el medio plazo, alrededor del 95,5% y el 80% del PIB respectivamente". Según sus cálculos, España necesitará financiar cada año unos 180.000 millones para afrontar sus necesidades de liquidez, lo que deja al país en una situación de gran vulnerabilidad al escenario de tipos de interés y al crecimiento del PIB. El Fondo advierte que en un escenario de crisis de crecimiento con dos años consecutivos de recesión, el nivel de deuda sobre el PIB se situaría próximo al 110%, uno de los más altos de la eurozona.

La moderación salarial

El FMI ha vuelto a elogiar la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno, ya que permitió canalizar el deterioro económico a la "moderación salarial" y no a la destrucción de empleo. Según sus cálculos, se han salvado en torno a un millón de empleos gracias a esta reforma. Sin embargo, el desempleo sigue siendo uno de los mayores retos que tiene por delante el Gobierno. Para combatir las deficiencias del mercado estructural, el FMI marca como "prioridad inmediata" promocionar el empleo para los jóvenes y los parados de larga duración.

El Gobierno tiene que centrar sus esfuerzos en la formación de estos dos colectivos, para que puedan reenfocarse hacia el mercado laboral y mejorar las políticas activas de empleo. Una de las propuestas del Fondo pasa por vincular la prestación por desempleo de los parados a que busquen empleo, para maximizar la eficiencia de los recursos públicos.

El Fondo también pide al Gobierno que "haga un uso efectivo" de los fondos del Plan de Garantía Juvenil que ha habilitado la Comisión Europea para España y que, hasta ahora, apenas ha utilizado. Estos fondos pueden servir para mejorar la formación de los jóvenes sin cualificación para que puedan volver a acceder al mercado laboral en el futuro.