El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido de forma cautelar la reducción de la jornada de trabajo de los empleados del Ayuntamiento de Madrid a 35 horas semanales introducida por el equipo de Manuela Carmena el pasado mes de junio. La decisión del Consistorio, que estaba recurrida por la Abogacía del Estado, se paralizará hasta que se resuelva el procedimiento definitivamente.

Los jueces de la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideran que la decisión del Ayuntamiento de rebajar la jornada de los trabajadores públicos a 35 horas semanales, establecida unilateralmente por el Consistorio, es "aparentemente contraria al derecho", ya que vulnera la normativa estatal de que los empleados públicos no pueden tener una jornada inferior a las 37,5 horas semanales.

De esta forma, el TSJM se une al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco y al Tribunal Constitucional que también tumbaron la jornada de 35 horas que pusieron en marcha las autonomías del País Vasco y Castilla-La Mancha, respectivamente. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera determina que la jornada de los trabajadores públicos no podrá ser inferior a las 37,5 horas semanales, por lo que las decisiones de las distintas administraciones territoriales están siendo suspendidas por los tribunales.

De hecho, el Tribunal Superior de Madrid se apoya en la Jurisprudencia del Constitucional para dictar la suspensión cautelar. Cita así: "El Estado tiene competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de entenderse referida a los de todas las Administraciones Públicas" y añade que "la fijación de una jornada mínima, que conlleva, por su propia naturaleza, una prohibición de que la jornada laboral en el sector público pueda ser inferior a 37,5 horas semanales".

Reivindicación sindical

La jornada de 35 horas es una de las demandas más firmes que los sindicatos están llevando a la mesa de negociación con las diferentes administraciones y en algunos casos la negociación ha fructificado a su favor. El caso del Ayuntamiento de Madrid es un ejemplo, pero no es el único: la Junta de Andalucía introdujo en enero la jornada de 35 horas para sus trabajadores.

El problema para ellos es que la normativa estatal no permite bajar la jornada de 37,5 horas, por lo que sería necesario cambiar la legislación. Es lo que están intentando los sindicatos que representan a los funcionarios, encabezados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). El pasado lunes se reunieron con representantes del Ministerio de Hacienda y Función Pública para trasladarles sus demandas laborales, entre las que se encuentra la jornada de 35 horas.

También los representantes de la Junta de Andalucía se van a reunir con el Ministerio para evitar que el Gobierno recurra al Tribunal Constitucional su jornada de 35 horas. Además, la Junta de Castilla y León, gobernada por el Partido Popular, ha enviado a Hacienda y Función Pública una carta en la que solicitan que se permita la rebaja de la jornada de los funcionarios a 35 horas.