Por quinto año consecutivo, la Comisión Europea ha situado este miércoles a España entre los países de la UE con desequilibrios económicos que podrían tener un impacto negativo para el conjunto de la eurozona. El elevado nivel de deuda externa e interna, tanto pública como privada, hacen que nuestro país siga siendo vulnerable a un cambio repentino de sentimiento en los mercados, una debilidad agravada por la alta tasa de paro.

En un exhaustivo diagnóstico de 77 páginas sobre la economía española, el Ejecutivo comunitario lamenta la paralización de las reformas en España en el último año y pide al Gobierno de Mariano Rajoy que tome más medidas para corregir los problemas que podrían poner en riesgo la recuperación económica.

1. El paro y el abuso de contratos temporales

La tasa de paro ha bajado rápidamente en los últimos dos años, pero sigue siendo la segunda más alta de la UE (18,4%), sólo superada por Grecia. El desempleo afecta especialmente a los jóvenes y a los trabajadores menos cualificados. Casi la mitad de los parados llevan más de un año sin trabajo.

Además, el empleo que se crea es de baja calidad. La Comisión alerta de que el "uso generalizado" de contratos temporales (el 26,5% del total) afecta negativamente al crecimiento de la productividad y a las condiciones de vida de los trabajadores. A su juicio, la reforma laboral de 2012 fue insuficiente a la hora de acabar con la segmentación del mercado de trabajo y por ello sugiere nuevos cambios legislativos que reduzcan las diferencias en las indemnizaciones por despido entre trabajadores fijos y temporales.

2. La ineficacia de las prestaciones sociales

Aunque el riesgo de pobreza o exclusión social en España empezó a disminuir en 2015, sigue siendo muy elevado (28,6% de la población), especialmente entre los niños, y el número de trabajadores pobres continúa aumentando (13,1%). La Comisión lo atribuye a la "cobertura limitada" y a la ineficacia de las prestaciones sociales, con la única excepción de las pensiones. Tampoco hay suficiente coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central ni entre los servicios de empleo y los servicios sociales. Las ayudas a las familias son escasas y no están adecuadamente concentradas en las que tienen rentas más bajas.

3. El elevado nivel de deuda pública y privada

España necesitará mantener su actual superávit por cuenta corriente durante muchos años para reducir su alto nivel de deuda externa, que expone al país a cambios repentinos en el sentimiento de los mercados, avisa el Ejecutivo comunitario. El sector privado progresa en la senda de desendeudamiento, aunque los avances son mayores en las empresas que en los hogares. Pero la deuda pública no se está reduciendo debido a los continuos desfases presupuestarios. Al contrario, seguirá aumentando hasta el 108% del PIB en 2027 si no se toman más medidas.

4. La baja recaudación por IVA

Al actual nivel del 21%, el tipo normal del IVA en España se sitúa en línea con la media europea. Sin embargo, la recaudación del impuesto está entre las más bajas de la UE debido al alto número de exenciones y tipos reducidos y súper reducidos que se aplican por ejemplo a alimentos, hostelería o transportes. Bruselas calcula que si se suprimen los tipos reducidos y el IVA de todos los productos se sube al 21%, los ingresos aumentarían hasta un 1,4% del PIB. Cualquier efecto distributivo negativo podría compensarse por otros medios, como ayudas sociales. La Comisión también ve margen para un aumento de los impuestos medioambientales.

5. La corrupción

Bruselas elogia la nueva legislación sobre transparencia en la financiación de los partidos políticos o sobre conflictos de interés. Pero denuncia que, pese al aumento de las investigaciones por corrupción, España todavía no ha puesto en marcha una estrategia preventiva que mitigue los riesgos de fraude con fondos públicos. Tampoco ha creado un registro de grupos de presión obligatorio ni prevé protección suficiente para los denunciantes.

Además, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita los plazos de investigación "podría traducirse en impunidad en los casos de corrupción complejos". Finalmente, el Ejecutivo comunitario ve insuficiente la reforma de la ley de contratos públicos de Rajoy si lo que se quiere es prevenir la corrupción y el despilfarro de fondos públicos.

6. El descontrol regional

Entre 2013 y 2015, años en que España incumplió las metas fijadas por la UE, los Gobiernos regionales fueron los responsables de alrededor de un tercio del déficit público. Bruselas critica que el ministerio de Hacienda no aplique de forma estricta las sanciones previstas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria para los incumplidores. Y reclama el fin del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para que las comunidades autónomas vuelvan a financiarse a condiciones de mercado, lo que según la Comisión contribuirá a la disciplina fiscal por la subida de tipos de interés. También la reforma del sistema de financiación autonómica prevista para este año debe contribuir a reducir los desfases presupuestarios regionales.

7. El alto coste de los servicios portuarios

En pleno debate sobre la liberalización de los servicios de carga y descarga en los puertos, Bruselas vuelve a intervenir en apoyo del Gobierno, al que recuerda que debe aplicar la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), y en contra de los estibadores. "Aunque el sistema portuario español es rentable, el elevado coste de algunos servicios y las altas tasas portuarias constituyen un obstáculo para aumentar más el tráfico", dice el informe. El sistema de tasas portuarias es complejo y poco transparente y los puertos no tienen suficiente autonomía en su política tarifaria. Además, no hay competencia en la prestación de servicios de estiba.

8. La baja inversión en I+D

La inversión en I+D (tanto pública como privada) ha caído continuamente durante la crisis, desde el 1,35% del PIB en 2010 hasta el 1,22% en 2015. Y por ello es "muy improbable" que España alcance el objetivo de llegar al 2% en 2020, según Bruselas. La descoordinación entre los diferentes niveles de gobierno y la falta de una cultura de evaluación de resultados dificulta la eficacia de las ayudas públicas a la I+D. Además, persisten los obstáculos a la cooperación entre empresas y universidades, en particular por lo que se refiere a la movilidad de investigadores y las transferencias tecnológicas.

9. Las trabas burocráticas a las empresas

El coste y el plazo medio de crear una empresa en España es más alto que en la mayoría de Estados miembros y además varía mucho de una comunidad autónoma a otra. La aplicación de la Ley de Unidad de Mercado sólo registró avances menores en 2016 y la regulación de los servicios profesionales sigue siendo restrictiva, lo que se traduce en costes más altos. El ministro de Economía, Luis de Guindos, sigue sin presentar una norma para liberalizar los servicios profesionales, como le pide Bruselas.

10. Las carencias educativas

Pese a reducirse, la tasa de abandono escolar (19%) se mantiene entre las más altas de la UE, con grandes disparidades regionales. Las repeticiones de curso aumentan la desigualdad y los costes educativos. Además, España tiene la tercera mayor proporción de adultos con bajas cualificaciones laborales, lo que reduce la productividad y aumenta las desigualdades. Otro problema es la inserción laboral de los licenciados universitarios, ya que su tasa de empleo es una de las más bajas de Europa (el 68,7% frente al 81,9% de media comunitaria).