Los sindicatos se han cansado de la lentitud del Gobierno a la hora de negociar las cuestiones económicas. El Ministerio de Hacienda supedita cualquier avance a que el Parlamento apoye los Presupuestos Generales del Estado y, mientras tanto, el resto de los temas se queda en espera. Por este motivo las diferentes centrales sindicales exigirán este martes al Ministerio que se produzcan avances significativos. "No queremos ser más rehenes políticos de los Presupuestos", denuncian.

Hacienda ha convocado a los representantes de los tres sindicatos mayoritarios entre los empleados públicos -CSIF, CCOO y UGT- para una reunión con el director general de Función Pública, Javier Pérez Medina, sobre empleo temporal. Las centrales aprovecharán el encuentro para exigir al Ministerio un plan para convertir 350.000 empleos temporales de las distintas Administraciones en fijos.

No queremos ser más rehenes políticos de los Presupuestos

Los sindicatos quieren que todos los puestos de trabajo que se cubren con interinos o eventuales pasen a ser desempeñadas por funcionarios. "Exigiremos que se aborde una oferta pública de empleo extraordinaria", explica Francis Cabezos, secretario de Salud Laboral, Medio Ambiente y Área Pública de FSC-CCOO. Empleando los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), los sindicatos han detectado la existencia de, al menos, 350.000 empleos públicos estructurales, por lo que creen que deberían cubrirse con trabajadores fijos.

Estas plazas ya existen, actualmente están ocupadas, por lo que sería cubrirlas con empleados fijos, de modo que las Administraciones Públicas contribuyan a crear un empleo de mayor calidad. La gran mayoría de estos puestos estaban desempeñados por funcionarios que, a medida que se iban jubilando, se sustituían por trabajadores temporales. Según CSIF, con las tasas de reposición se han perdido 300.000 empleos fijos en el sector público, por lo que exigen eliminarlas inmediatamente.

"Además, también hay puestos que están dotados en los distintos Presupuestos, pero que no están cubiertos", indica Cabezos, "estos puestos también deberían ocuparse". "Es imprescindible establecer la obligación de crear una plaza cuando se detecte una necesidad estructural", exige CSIF.

Para el sindicato, el Ministerio no puede demorarse más en "convocar una oferta de empleo público excepcional acorde a las necesidades de las plantillas, conforme a los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y publicidad". Esto no significa convertir a todos los interinos y eventuales en funcionarios, sino sacar esa plaza en una oferta pública de empleo. "Esta convocatoria debe incluir también una oferta de las plazas vacantes generadas a lo largo de los años de la crisis por las políticas de recorte de la Administración", señala CSIF.

Stand by

La prioridad para los sindicatos es que se abra la mesa general de negociación de las Administraciones Públicas, en la que puedan negociar a cuatro bandas con el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales. El objetivo es que entre todos puedan presionar al Gobierno para que permita mejorar la situación de los funcionarios y que cada nivel de la Administración pueda decidir los salarios y la contratación de trabajadores públicos.

La gran mayoría de los ayuntamientos (aglutinados en la Federación Española de Municipios y Provincias, FEMP), y muchas autonomías, han mostrado su intención de aumentar la contratación de funcionarios y reducir su jornada laboral a 35 horas, pero el Gobierno tiene paralizado cualquier avance. Para el Ejecutivo, cualquier concesión a los empleados públicos es una moneda de cambio que utilizar con el PSOE para sacar adelante los Presupuestos.

Si un ayuntamiento no supera el techo de gasto, tiene superávit y además necesita contratar más empleados, no tiene sentido que no pueda hacerlo

"Si un ayuntamiento no supera el techo de gasto, tiene superávit y además necesita contratar más empleados para dar todos los servicios de los que es responsable, no tiene sentido que no pueda hacerlo", lamenta Cabezos. En su opinión, esta decisión sólo pueden adoptarla los propios municipios, ya que son ellos quienes conocen, mejor que nadie, cuáles son sus necesidades.

La FEMP ya ha anunciado que va a exigir a Hacienda que pueda recuperar los 99.000 funcionarios perdidos por las entidades locales desde el año 2011. La semana pasada dieron un ultimátum al ministro Cristóbal Montoro para llegar a un acuerdo de consenso antes de tomar decisiones unilaterales. Mientras, el Ministerio intenta retrasar cualquier negociación, la presión de los distintos responsables no deja de aumentar.