El PP se opone a reformar el impuesto de plusvalías que el TC ha declarado inconstitucional

La sentencia del Tribunal Constitucional, que declara inconstitucional una parte del impuesto de plusvalía municipal por gravar la ausencia de capacidad económica, amenaza con crear otra disputa entre el Gobierno y el Congreso de los Diputados. El Partido Popular se opone a reformar de forma urgente la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para corregir el impuesto, algo que han solicitado de forma unánime todos los grupos de la Cámara con la excepción del PNV. Mientras no se modifique la normativa, los ayuntamientos se verán obligados a elegir entre seguir aplicando un tributo que tiene una vertiente que vulnera la Constitución, o bien eliminarlo en su jurisdicción y perder estos ingresos.

La potestad para cambiarlo es exclusiva del Legislativo y por eso los grupos del Congreso votaron el miércoles a favor de una proposición no de ley (PNL) impulsada por Ciudadanos en la que insta al Gobierno a “modificar de forma urgente” el impuesto de plusvalías para adaptarlo a las dos sentencias unánimes del Constitucional sobre este tributo en las diputaciones forales de Guipúzcoa y Álava. Así lo defendió Francisco de la Torre, portavoz de Hacienda de Ciudadanos. Sólo se abstuvo el PNV, pero lo hizo porque ya está modificando este tributo en el País Vasco, que es donde tiene competencia para hacerlo.

El Partido Popular fue el único que votó en contra de la PNL. El motivo argüido por los populares es que prefieren esperar a conocer la sentencia del Constitucional sobre el impuesto a nivel nacional y retrasar cualquier modificación hasta que se apruebe la reforma de la financiación local, que actualmente está a debate. El TC ha declarado inconstitucional este impuesto en Guipúzcoa y Álava, pero todavía no se ha referido al tributo a nivel nacional. Como el gravamen es el mismo, todos los partidos dan por hecho que la sentencia será igual.

El PP es partidario de retrasar la reforma: “Creemos que no debe hacerse de forma urgente”, explicó Gerardo Camps, diputado del Partido Popular. Además, no contempla realizar una reforma “específica” de la Ley de Haciendas Locales para adaptarla a las sentencias del Constitucional, sino que prefiere realizarla “en el seno de la reforma de la financiación autonómica y local”. En este marco el Gobierno podría negociar con los ayuntamientos quién asume el coste de devolver el dinero cobrado de forma irregular y también de los ingresos que se dejarán de percibir. Sin embargo, la reforma no estará lista antes de fin de año, y todavía podría retrasarse más.

Creemos que la reforma del impuesto de plusvalías no debe hacerse de forma urgente

Los partidos de la oposición consideran que no es aceptable esperar tanto tiempo, ya que se está generando una gran inseguridad jurídica. Además, la única forma que tienen los contribuyentes de defenderse ante este tributo es denunciarlo ante la Justicia -que les está dando la razón-, lo que amenaza con colapsar los tribunales.

La PNL aprobada incluye una enmienda del PSOE que insta a que la reforma del impuesto incluya “establecer mecanismos que permitan atender las reclamaciones de los contribuyentes del modo más eficaz posible, tratando de poner en marcha fórmulas que eviten la judicialización de los procedimientos, provocando una avalancha de casos que podría acabar saturando los tribunales”.

La negativa del Partido Popular hace pensar a los grupos del Congreso que el Gobierno no atenderá a la PNL. La alternativa que se plantean los diferentes partidos, apoyándose en la mayoría que han constatado que tienen, es tramitar la reforma en el Congreso para modificar la Ley pese a la oposición del PP.

Que pague el Estado

Una de las grandes cuestiones de la reforma del tributo será determinar quién asume el coste de devolver el dinero cobrado de forma inconstitucional y de los ingresos que se perderán. Técnicamente, la devolución tiene que realizarla cada ayuntamiento, que es quien cobró el tributo, pero puede establecerse una compensación para que el coste recaiga sobre el Estado. Esta opción es la preferida por la mayor parte de partidos políticos, aunque esta cuestión no está contemplada en la PNL votada de forma mayoritaria el miércoles.

El PSOE defiende que el Estado tiene que hacerse cargo de la financiación íntegra de la reforma del impuesto. “Hace falta apoyar a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a las reclamaciones sin que genere problemas en sus presupuestos”, además de “asegurar que los ayuntamientos no tienen una merma en los ingresos”. Para el PdCat, “no puede ser que otra vez la negligencia de la Administración General del Estado la paguen los ayuntamientos”.

Hace falta apoyar a los ayuntamientos para que puedan hacer frente a las reclamaciones sin que genere problemas en sus presupuestos

Este punto es muy sensible, ya que las cuestiones fiscales entre las diferentes Administraciones están sujetas a intereses partidistas que van más allá de la ideología de cada formación. La cuantía de las devoluciones puede ser importante, ya que se trata de un impuesto que recauda más de 2.000 millones de euros  cada año. Sin embargo, todo lo recaudado no contradice la Constitución. Lo que no es legal es que los ayuntamientos graven cualquier traspaso de una finca urbana que no se haya apreciado, ya que si no ha subido el precio del terreno, no hay capacidad económica por la que tributar.

La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) también ha pedido al Gobierno que articule un mecanismo para solucionar el problema del impuesto inconstitucional. Los alcaldes son conscientes de que no será sencillo determinar en qué casos hay que devolver el dinero, ya que en muchos traspasos de fincas (ya sean por venta, donación o herencia) se desconoce el precio de adquisición del terreno. Surge ahí un grave problema para determinar si se ha revalorizado o no.

La PNL aprobada el miércoles también insta al Gobierno a que ordene a la Agencia Tributaria que informe a los contribuyentes de “todas aquellas enajenaciones de inmuebles que haya declarado una minusvalía en los últimos cuatro ejercicios”. Esto es, que informe a todas aquellas personas que traspasaron su propiedad sufriendo pérdidas y que pagaron el impuesto (siempre se paga este impuesto porque se determina que hay una revalorización continua). Es probable que una parte de las pérdidas fuesen por la caída del precio del suelo, por lo que no tendrían que haber abonado el tributo.