Un tira y afloja que no acaba de llegar a ningún sitio. Pronto se cumplirán los dos meses desde que comenzara la negociación entre estibadores, la patronal Anesco y el Gobierno para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2014.

Desde entonces, las reuniones han sido muchas y en la mesa se han ido sentando los tres actores con distintas combinaciones, desde estibadores, patronal y representantes de Fomento y Empleo hasta los dos primeros con el mediador del Consejo Económico y Social (CES) pasando por alguna que otra reunión con presencia del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna.

En todas ellas se ha tratado de llegar a acuerdos para poder llevar el Real Decreto-ley al Congreso de los Diputados -históricamente rechazado la semana pasada- y empezar reformar cuanto antes el sector. Ahora es necesario reescribirlo y volver a llevarlo a votación, pero, ¿qué es lo que pide cada uno de estos tres actores? ¿Por qué no consiguen encontrar puntos en común?

1. Garantizar el empleo

Mientras los estibadores exigen que el empleo se garantice por ley, desde el Gobierno apuntan que esa reclamación no puede incluirse en el texto legal, y que tiene que ser un asunto que arreglen sindicatos y patronal en la negociación colectiva. El miedo de los trabajadores portuarios a no conservar el 100% del empleo viene a que la sentencia del TJUE ordena es que se liberalice el sector de la estiba en España y deje de ser un monopolio. En este sentido, indica que las empresas deben poder contratar libremente a sus trabajadores. Con el sistema actual, las compañías estibadoras no pueden contratar a quienes quieran, sino que están obligadas a contratar a trabajadores puestos a su disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (Sagep), en cuyo capital están, además, obligadas a participar.

Estas empresas, cuando dejen las Sagep -que irán desapareciendo progesivamente-, se subrogarán como nuevas empleadoras tanto en la la titularidad de la relación laboral como en los derechos y obligaciones que, dice la propuesta del Gobierno, se determinen en la negociación colectiva. Aquí está, por tanto, uno de los principales choques con los sindicatos, que piden que esto se regule "con rango de ley". Así, los estibadores creen que es la única forma de que se garantice que se sigan rigiendo por los convenios colectivos vigentes, que se respete la antigüedad y cualquier otro derecho que tengan consolidado en el momento de la cesión. 

En el decreto rechazado la semana pasada, por tanto, no estaba incluida la subrogación. De la Serna insiste en que la Comisión Europea asegura que no es posible y no lo permite la Unión Europea, e insta a los sindicatos y a la patronal a firmarla en un acuerdo de negociación colectiva. "Aunque quisiéramos, no podríamos, porque la Comisión Europea no permite que se obligue a las empresas a contratar a trabajadores por ley", asegura el ministro. Así, mientras desde el Gobierno aseguran que la subrogación del empleo la deben firmar sindicatos y patronal, los estibadores apuntan que la única manera de "garantizar el 100% del empleo" es que se incluya en la ley.

Las Sagep que se transformen en Centros Portuarios de Empleo (CPE) funcionarán como Empresas de Trabajo Temporal (ETT's). Aquí hay otra divergencia entre Gobierno y estibadores, ya que los sindicatos reclaman que se regule específicamente la "relación laboral especial". De La Serna insiste en que los CPE funcionarán como cualquier otra ETT.

2. Las ayudas públicas

La ministra de Empleo, Fátima Báñez apuntó que su departamento articulará ayudas para la reconversión de la estiba, con el fin de contribuir así al acuerdo que permita aprobar la reforma del sector garantizando el empleo. "Se trata de un plan de ayudas complementario al compromiso de mantenimiento del empleo y de competitividad manifestado ya por las empresas para contribuir a la reordenación del sector en cumplimiento de una sentencia comunitaria", señaló. De hecho, es un plan de ayudas públicas complementario al desembolso de 350 millones con el que ya cuenta Fomento para hacerse cargo de los costes de liberalización del sector (financiar las indemnizaciones por despido y otros pasivos laborales).

Las ayudas de Empleo están destinadas a la prejubilación de estibadores a quienes resten 60 meses o menos para acceder a la jubilación ordinaria. Dichas ayudas ofrecidas por el Gobierno consistirán en un subsidio equivalente al 70% del salario del trabajador portuario. Sin embargo, este punto tampoco convence a los sindicatos, que reclaman que las ayudas consistan en un 80% del salario, con un mínimo de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), unos 2.100 euros mensuales.

3. El apoyo (o no) del Congreso

El Ejecutivo necesita que sea apoyado el nuevo Real Decreto-Ley sobre la reforma de la estiba que lleve al Congreso. Todavía no hay fecha, porque sabe que mientras no exista un acuerdo sobre la mesa de negociación, partidos como PSOE o Podemos no lo apoyarán y volverá a ser rechazado.

De hecho, y aunque De la Serna insiste en que el decreto apenas puede ser modificado porque cumple al máximo con las exigencias de Bruselas, los grupos no apoyarán el texto si los sindicatos no dan el visto bueno antes.

Así las cosas, las negociaciones se alargarán hasta que consigan llegar a puntos en común que permitan que el Congreso vuelva a votar un decreto. Si no se convalida en la Cámara Baja, los 23 millones de euros de multa acumulada que tiene España por incumplir la sentencia desde 2014 aumentarían 134.000 euros al día por cada día de incumplimiento de la sanción desde que el TJUE sentencie por segunda vez, una sentencia que, según el ministro, "está al caer".