En pleno debate sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones aparece una figura muy polémica: las jubilaciones anticipadas. Esta fórmula ha sido la elegida por muchas empresas durante la crisis para aligerar sus plantillas y, aunque se han adoptado medidas para limitar esta práctica, sigue siendo muy habitual en España. También se han endurecido las condiciones para que los trabajadores puedan acceder de forma voluntaria, pero ni aún así se ha conseguido reducir su impacto en las cuentas de la Seguridad Social.

Según las cifras a las que ha tenido acceso este periódico, más del 46% de las nuevas jubilaciones de 2017 son prejubilaciones. Esto es, casi la mitad de los nuevos jubilados lo hace sin haber alcanzado la edad legal para retirarse. Entre enero y febrero se han acogido a la jubilación anticipada casi 27.000 personas.

La mayor parte de los trabajadores proceden de profesiones con retribuciones elevadas, por lo que acceden a cobrar la pensión con una paga elevada, un tercio superior a la del resto de trabajadores. En concreto, entraron en el sistema con una paga mensual de 1.566 euros de media, lo que significa superar en casi 400 euros la del resto de nuevos jubilados. Una situación que contribuye a incrementar el agujero de la Seguridad Social que, como adelantó ABC, cerró el año 2016 con un déficit cercano a los 19.000 millones de euros.

La diferencia es incluso superior si se compara con la pensión que cobran todos los jubilados españoles, y no sólo los que acaban de acceder al sistema. La prestación media actual es de 1.060 euros, esto es, 500 euros menos de lo que cobran los trabajadores que se acogen a la jubilación anticipada.

22.000 euros el primer año

Los pensionistas perciben 14 pagas al año, lo que significa que los ingresos anuales netos de los nuevos prejubilados ascienden a 22.000 euros de media. A partir de ahí, la cuantía se va incrementando al ritmo que marca el Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que está anclado en el 0,25% anual. Algunos sectores, como es el financiero, están realizando su reconversión a las nuevas tecnologías a base de prejubilaciones. Es una de las fórmulas que tienen las empresas para recortar sus plantillas sin recurrir a los despidos.

Utilizan la llamada enmienda Telefónica, desarrollada en la reforma del sistema de pensiones aprobada durante la segunda legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero, -la Ley 27/2011-, que permite a las empresas realizar despidos para “mejorar su competitividad y su productividad”. Eso sí, las empresas de más de 500 trabajadores están obligadas a pagar las prestaciones y las cotizaciones de los despedidos que tengan más de 50 años.

De los 27.000 trabajadores que se prejubilaron en los dos primeros meses del año, algo más de la mitad (14.000) salieron de sus respectivas empresas con las condiciones que determina esta normativa. Todos ellos entran en el sistema de la Seguridad Social cobrando una pensión media de 1.600 euros mensuales. El resto, en torno a 13.000 trabajadores, son prejubilaciones con excepción de esa Ley, la mayor parte prejubilaciones voluntarias, que entraron en el sistema con una pensión media de 1.540 euros mensuales.

La prejubilación voluntaria

La normativa para que un trabajador pueda acceder a la jubilación anticipada voluntaria cambió en 2013 con la reforma del sistema de pensiones del Gobierno. Aunque existen otras fórmulas, la norma general determina que los trabajadores tendrán que esperar a estar a dos años de la edad legal de jubilación en cada caso. Lo habitual es que esta edad sean los 63 años, pero se incrementa a medida que avanza la edad exigida. La reforma estableció una subida paulatina de la edad de jubilación que se situará finalmente en los 67 años a partir de 2027.

Además, los trabajadores tendrán que acumular 35 años de cotización a la Seguridad Social, un cálculo del que se excluyen las pagas extra. También en este caso la reforma introdujo un incremento en el periodo mínimo de cotización, que en 2027 se situará finalmente en un mínimo de 38 años y 6 meses. Lo que sí que se incluye en este cálculo es el servicio militar, que puede sumar hasta un año de cotización.

Además, para acceder a la prejubilación, los trabajadores tienen que encontrarse en alta en la Seguridad Social o en situaciones asimiladas al alta como pueden ser el desempleo, la excedencia forzosa, excedencia por cuidado de un hijo, etc.