Las grandes constructoras insisten en cifrar en casi 5.000 millones de euros la factura que supondrá para el erario público el rescate de las ocho autopistas de peaje en quiebra, según aseguró el presidente de la patronal del sector Seopan, Julián Núñez.

"Se trata de una cifra de difícil discusión", aseguró el dirigente de la asociación respecto al hecho de que el Ministerio de Fomento afirma que el coste de las vías de pago fallidas tendría una cuantía sustancialmente inferior.

Por ello, la patronal considera que el Gobierno y el sector tienen la "obligación" de "buscar una solución" al problema de las autopistas "que evite a los contribuyentes tener que pagar los referidos 5.000 millones".

Según Seopan, de este importe, 4.032 millones de euros corresponden a la responsabilidad patrimonial (RPA) que la Administración tiene que afrontar por las inversiones realizadas en las vías en el momento en que se liquida su concesión, y otros 800 millones, al importe de expropiaciones de terrenos sobre los que se construyeron las vías que aún queda pendiente de pagar.

En este sentido, el presidente de la patronal de constructoras, que en su mayor parte son accionistas de las autopistas quebradas, considera que aún hay tiempo para salvar alguna de las vías de la liquidación. En su opinión, el incremento de tráfico que registran puede contribuir a ello.

El peaje, para gasto en pensiones o sanidad

Seopan considera además que la articulación de peajes en las autovías libres de pago puede ayudar a garantizar el gasto público en pensiones o en sanidad, al considerar que permitiría al erario ahorrar lo que es preciso destinar a conservación de carreteras.

"Tenemos un gran stock de infraestructuras, pongámosle en valor para solucionar parte del problema del gasto público, que tiene otras prioridades como son las pensiones o la sanidad, y para dar un refuerzo a ese gasto", argumentó el presidente de la patronal, Julian Núñez.

Así, las constructoras consideran que en algún momento el país deberá abordar el debate de pagar por el uso de las infraestructuras, no sólo las autovías, sino otro tipo de dotaciones, si bien primero debe establecer sus prioridades de gasto.

"Todos los ciudadanos los ciudadanos queremos que todos los servicios sean gratis, pero hay que ser realistas y si la prioridad con la sanidad, las pensiones y la educación hay que hacer algo para preservarlos", incidió.

Según datos de la patronal, sólo la red de casi 3.000 kilómetros de autopistas de peaje que actualmente tiene España aporta anualmente al Estado 1.000 millones de euros, tanto por lo que ingresa en impuestos como por lo que le ahorra en gasto de mantenimiento.