Uno de los objetivos prioritarios de Mariano Rajoy cuando llegó a La Moncloa en 2011 era “controlar cada euro de gasto” para garantizar la máxima eficiencia del dinero público. Cinco años y medio después, el Gobierno aprobará sus quintos Presupuestos sin atender a una de las reivindicaciones principales de su principal aliado en el Congreso, Ciudadanos. Las dos formaciones acordaron en las 150 medidas del pacto de investidura reducir el gasto público en 900 millones de euros tras realizar una auditoría en profundidad de los presupuestos de todas las Administraciones Públicas, pero finalmente se aprobarán sin cumplir este punto.

La auditoría del gasto se va a realizar, pero será mucho más lenta y la eliminación de duplicidades tendrá que esperar más tiempo. Lo que sí han acordado el Ministerio de Hacienda y Ciudadanos es que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) empiece esta auditoría del gasto (spending review) este año, aunque con un ámbito de aplicación restringido: se centrará en las subvenciones de las diferentes Administraciones.

Para que la AIReF cuente con los recursos necesarios se ha acordado que el presupuesto de la Autoridad aumente hasta los 4,7 millones de euros. Esto significa un incremento de casi el 5% en comparación con los recursos habilitados en 2016 y un 12% más si se tiene en cuenta el gasto ejecutado en la realidad por el organismo. Así podrá realizar la contratación de nuevo personal o de asesores independientes para empezar la auditoría del gasto público.

Los ‘recortes’ del Gobierno

Ciudadanos presentó el jueves el acuerdo económico alcanzado con el Gobierno como una victoria de su formación, pero también es una victoria del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. El acuerdo inicial, el que alcanzaron en verano, incluía un acuerdo de gasto de 5.000 millones para este año que finalmente se quedan en algo menos de 3.600 millones de euros de gasto y 525 millones de menores ingresos por la bajada del IVA cultural y la prórroga por 12 meses de la tarifa plana a los autónomos. El Gobierno se ha negado hasta el final a bajar el IVA al cine, ya que supondría una merma de ingresos próxima a los 300 millones de euros.

A cambio, el equipo de Ciudadanos ha conseguido bloquear la aprobación de dos nuevos tributos que el Gobierno había anunciado en su reforma impositiva de diciembre y que también había remitido a Bruselas en el Plan Presupuestario. Son el impuesto a las bebidas azucaradas, cuya recaudación estaba prevista en 200 millones de euros, y los impuestos medioambientales, con los que se pretendía conseguir otros 600 millones.

Ciudadanos consigue salvar una serie de partidas sociales que son fundamentales para la formación liderada por Albert Rivera. Es el caso de las ayudas contra la pobreza infantil, dotadas con 342 millones de euros (frente a los 1.000 millones pactados en el verano), revertir una parte de los recortes en Dependencia, partida que tendrá 100 millones de euros más (frente a los 440 millones acordados inicialmente) o una partida de apoyo a los parados de larga duración con programas de activación para el empleo dotados de 258 millones de euros (frente a los 500 millones iniciales).

En esta negociación Ciudadanos ha perdido definitivamente su complemento salarial tal y como estaba diseñado y pactado, esto es, como un impuesto negativo dentro del IRPF para las personas con pocos ingresos. En su lugar, consiguen un importante programa de apoyo salarial a los jóvenes menores de 30 años que estudien y trabajen al mismo tiempo. Esta partida, que estará financiada con los fondos europeos del Plan de Garantía Juvenil, tendrá 500 millones de euros para repartir entre los menores de 30 años. El plan consistirá en ayudas de unos 400 euros mensuales, que se desembolsarán a través de los Servicios Públicos de Empleo (y no del IRPF) y que podrá percibirse durante un máximo de un año y medio.

Además, Ciudadanos consigue una gran partida presupuestaria para uno de sus objetivos económicos prioritarios: la formación para el empleo. En total se destinará uno de cada cuatro euros pactados: 1.200 millones en conjunto, que permitirá mejorar la formación de políticas para el empleo y desarrollar un nuevo sistema de cheques de formación. Todo con el objetivo de que los jóvenes y los parados puedan acceder a cursos específicos para aumentar su empleabilidad.

También se conservan algunas partidas de ayudas educativas a las familias en situación precaria. Por ejemplo, con un plan de gratuidad de los libros de texto dotado con 50 millones de euros (frente a los 350 millones iniciales), o un plan para contratar profesores que sirvan de refuerzo para los colegios situados en zonas con un menor nivel de renta, que tendrá un presupuesto de 30 millones de euros (frente a los 60 iniciales).

La partida que más se incrementa respecto al acuerdo de investidura es la de la Red Cervera, que irá dotada con 500 millones de euros (frente a los 100 millones iniciales). Además, se mantienen los 100 millones acordados para incrementar el presupuesto de la Agencia Tributaria para mejorar la lucha contra el fraude fiscal.