Antes de las elecciones de 2015 el Gobierno de Mariano Rajoy dejó firmados unos Presupuestos que eran un caramelo envenenado para el país. La bajada de impuestos y el incremento del gasto que aprobó entonces el Ministerio de Hacienda de cara a la cita con las urnas se cuadró con unas cifras irrealizables que no tardaron en mostrarse como tal. En la primavera de 2016 España estaba sin gobierno y con dos grandes retos por delante: convencer a Bruselas para que perdonara la multa por incumplir el déficit en 2015 y cuadrar los números imposibles del ejercicio en curso.

Al final del año Rajoy consiguió solucionar los tres problemas: evitó la multa, consiguió una prórroga de Bruselas para cuadrar el déficit y volvió a ser investido presidente. Una las decisiones que tuvo que tomar fue la de realizar un ajuste de más de 10.000 millones de euros para corregir el déficit público que estaba disparado.

Para conseguirlo aprobó un ajuste del gasto de más de 4.000 millones de euros que incluía acuerdos de no disponibilidad y el cierre adelantado del ejercicio presupuestario a julio. También pidió un esfuerzo a las empresas con la reforma del Impuesto de Sociedades de septiembre con la que recuperó el mínimo en los pagos fraccionados con el objetivo de recaudar 8.000 millones más.

Hacienda no sólo recuperó el mínimo, sino que casi dobló el tipo aplicado, del 12% hasta el 23%. Gracias a esta medida, el Ministerio consiguió cuadrar el déficit de 2016 por debajo del 4,6% del PIB exigido, pero este adelanto financiero de las empresas al Estado obliga a aumentar las devoluciones cuando se liquide el impuesto. El impacto diferencial de la medida la estima el propio Ministerio en 2.967 millones de euros, cuantía que tendrá que devolver a las empresas cuando se realice la liquidación del Impuesto de Sociedades en julio.

Esta cuantía que sirvió para aliviar el déficit de 2016 supone un esfuerzo añadido para este ejercicio. Estas tres décimas del PIB equivalen a gastos no recurrentes (one-off) realizados en 2016 y a las ayudas financieras de ese ejercicio. De ahí que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) valore que el punto de partida para cumplir con el déficit de este ejercicio no es el 4,3% con el que cerró España en 2016, sino el 4,5% del PIB (descontados one-offs). Esto significa que para llegar al objetivo del 3,1% hay que ajustar el desfase presupuestario en 15.000 millones de euros.

Aunque este año se mantiene el mínimo en el pago fraccionado, Hacienda ya no puede contar con el impacto diferencial de la medida, aunque sí cuenta con el efecto de la segunda reforma del Impuesto de Sociedades que aprobó en diciembre. El Gobierno confía en que la recaudación de este tributo supere este año sí los 24.000 millones de euros. Ya lo presupuestó para 2016, pero la recaudación se hundió y tuvo que recuperar y subir el pago mínimo para evitar que se desplomaran más los ingresos respecto a la previsión. Finalmente recaudó 21.700 millones, cifra que pretende superar en un 12,6% este ejercicio.

Hacienda no pagará hasta 2018

La liquidación del Impuesto de Sociedades se realiza siete meses después de finalizar el ejercicio. En otras palabras, se realiza el cálculo de la cuota en julio. A lo que tienen que pagar las empresas se descuenta lo que hayan adelantado en los pagos fraccionados hasta obtener la cifra exacta que tienen que abonar a Hacienda, o recibir si aportaron más de lo que tenían que pagar.

En el caso de que la empresa tenga que ingresar dinero a Hacienda, lo normal es que lo realice entre julio y agosto, pero si es la Administración quien tiene que devolver dinero, tiene un plazo de seis meses para saldar la deuda sin abonar intereses, hasta el 25 de enero del ejercicio siguiente. Esto significa que la mayoría de las empresas que abonaron más de lo que les correspondería por culpa del mínimo en el pago fraccionado, no recuperarán su dinero hasta enero de 2018. Y sin cobrar intereses.

Sin embargo, a la hora de cuadrar el déficit, Hacienda no puede beneficiarse de este retraso hasta 2018 para liquidar el impuesto. En términos de Contabilidad Nacional, se estima el abono de las devoluciones dentro del ejercicio en el que se produce la liquidación del impuesto, en este caso, de 2017, por lo que pesa sobre el déficit de este ejercicio.

Según los cálculos de la AIReF, la liquidación del impuesto volverá a dejar una cuota negativa para el Estado, esto es, tendrá que devolver más de lo que ingrese. Sin embargo, los pagos fraccionados siguen funcionando y vuelven a generar una recaudación extra que la Administración tendrá que devolver posteriormente. Las empresas financian así a tipos cero al Estado.

El Gobierno introdujo el mínimo en los pagos fraccionados en el año 2012, cuando la recaudación del Impuesto de Sociedades se estaba hundiendo. Con esta medida el Ministerio de Hacienda adelantaba a ese ejercicio una parte de la recaudación que, de lo contrario, no se conseguiría hasta el ejercicio siguiente cuando se liquidara el impuesto. Al mismo tiempo, recaudaba un dinero que, en realidad, no le correspondía al Estado y que tenía que devolver al año siguiente, pero que ya había ayudado a reducir el déficit del ejercicio en curso.

En un guiño hacia las empresas, el Gobierno anunció la eliminación del pago mínimo antes de las elecciones de diciembre de 2015 (la medida entró en vigor en 2016). Esta decisión hundió el tributo hasta tal punto de que hasta junio la recaudación neta era negativa: el Estado había pagado 221 millones de euros a las empresas (a partir de julio, con la liquidación del tributo, ya se volvió positivo).

Una situación que muestra que, el año que el Gobierno decida eliminar definitivamente el mínimo en los pagos a cuenta, la recaudación del tributo se hundirá. Una vez conocidos estos datos de 2016, Montoro no tardó en anunciar que recuperaría el mínimo para recaudar 8.000 millones y aliviar el desplome de los ingresos.