La renta básica de Sánchez se dirige a cuatro millones de votantes con un coste de al menos 3.500 millones

Los más pobres no cotizan, ni tributan. Cuatro millones de españoles están fuera del IRPF. Esto significa que ni adquieren derechos, ni se benefician de medidas como las rebajas fiscales o exenciones que los Gobiernos ponen en marcha.

Con este argumento, un grupo de economistas coordinado por el exministro socialista, Jordi Sevilla, presentaron a finales de septiembre un informe publicado por el Observatorio Social de La Caixa en el que se defendía la creación de una renta básica universal en España.

El presidente de REE irrumpía así en precampaña para abrir el debate sobre una de las primeras 10 medidas que el PSOE ha incluido en su programa de compromisos sociales con el que concurrirá a las elecciones el 10-N: el ingreso mínimo.

La idea no es nueva. Ya en el programa de 2016, el partido de Pedro Sánchez incluyó la promesa de un ingreso mínimo y en los llamados 'viernes sociales' previos a las elecciones de abril dio un tímido paso para avanzar en esta línea con la aprobación de un ingreso mínimo vital para combatir la pobreza infantil con un coste de 138 millones de euros.

Se trata de una cifra lejana al Presupuesto al que aspiran los defensores de la renta básica, una idea que puede tomar forma de maneras muy diversas y sobre la que no hay consenso.

Cálculos para implantarlo

Sin embargo, en los últimos años, España ha pasado de debatir como concepto la renta básica a empezar a elaborar los cálculos para poner este mecanismo asistencial en marcha.

Tanto es así que la Autoridad Fiscal Independiente (AIReF) remitió al Gobierno el pasado junio el estudio Los Programas de Rentas Mínimas en España, en el que proyectaba el impacto que tendría la implantación de esta prestación en este país.

En ese documento, el organismo que preside José Luis Escrivá rebajaba estimaciones anteriores que había elaborado sobre el coste para las arcas públicas de implantar una renta básica. En concreto, estableció el esfuerzo económico en la horquilla de entre 3.500 millones netos en el mejor de los casos (eliminando otras ayudas) y 9.000 millones brutos en el peor escenario.

Escrivá estableció en 5.500 millones de euros el gasto bruto de la medida, pero al introducir variables para reducir duplicidades con otros programas asistenciales vigentes, redujo su coste neto a 3.500 millones de euros. El número de beneficiarios que contemplaban estos cálculos eran 1,8 millones de personas.

Fuente Airef

El cálculo es mucho más modesto del que manejan lo sindicatos, impulsores de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para establecer una renta básica en España que no suprima otras ayudas vigentes.

CCOO y UGT reclaman una ayuda para parados con ingresos inferiores al 75% del SMI (Salario Mínimo Interprofesional). Esa ayuda sería equivalente al 80% del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples (Iprem), que ronda los 430 euros. 

El gasto de la propuesta sindical rondaría los 10.200 millones de euros y asistiría a unos 1,8 millones de ciudadanos.

¿Más impuestos?

En el año 2017, el entonces secretario de Estado de Presupuestos, Alberto Nadal, analizó en el Congreso el coste de implantar una renta básica en España. El político del PP aludió a un estudio anterior de la AIReF en el que se había cifrado en 15.300 millones de euros el coste máximo de la ayuda.

Sin embargo, Nadal sumó a ese cálculo las repercusiones del efecto llamada que produciría la medida entre personas de países más desfavorecidos, lo que elevaría el coste de una medida que de entrada, obligaría a elevar la presión tributaria para buscar ingresos equivalentes a entre el 1,5 y 2% del PIB.

El coste de la pobreza

Contra ese argumento, los defensores de la renta básica alegan que la pobreza también tiene un coste económico y plantean el ingreso mínimo vital como una inversión a largo plazo. Otra cosa es que en el caso español, la falta de control del déficit permita defender ese aumento del gasto en el corto plazo si no se promete a Bruselas una fuerte subida de impuestos que lo sufrague.

El holandés Rutger Bregman es autor de Utopía para Realistas (Salamandra), un manual que partiendo de un elogio al capitalismo como sistema que ha permitido generar más riqueza que nunca, defiende la renta básica universal como vía para acabar con la pobreza.

En su obra, Bregman recuerda que la pobreza tiene un coste. Y cita estudios realizados en otros países sobre la cuantía. En Inglaterra, por ejemplo, un grupo de investigadores estimó que los costes de la pobreza infantil superaban los 29.000 millones de libras.

En ese sentido, el holandés plantea la renta básica como una inversión, dado que entre otros estudios que cita, uno de la Universidad de California analizó el impacto económico de ayudar a una familia a salir de la pobreza y su conclusión fue que combatir la pobreza "se autofinancia en el momento en que los niños pobres alcanzan la madurez".

Del PSOE a Vox

El el informe auspiciado por La Caixa, Jordi Sevilla parte de la idea de que el Estado ya incluye en el IRPF un mínimo vital exento del impuesto, puesto que considera que esa es la cifra mínima para subsistir. 

Es precisamente ese enfoque el que utilizó Vox en su programa económico para las últimas elecciones, cuando cambió la denominación de los mínimos exentos por otra más clara para referirse al dinero básico que necesita un ciudadano para subsistir: las Necesidades Básicas del Contribuyente. El partido de Santiago Abascal las estableció en 7.000 euros para un soltero y en más de 14.000 euros para familias con hijos.

En las conclusiones del estudio de Jordi Sevilla se recordaba que el Estado ya incluye en el IRPF un mínimo vital exento (unos 5.500 euros que aumentan por tener hijos u otros motivos) del impuesto porque considera que esa es la cifra mínima para subsistir. 

Y el exministro -que se hizo famoso por prometer a José Luis Rodríguez Zapatero enseñarle economía en dos tardes- subraya que al incluir en el IPRF el ingreso mínimo vital también beneficiaría a los que más tienen porque en su declaración de la Renta estarían exentas esa rentas del mínimo vital.

Esa argumentación recuerda al planteamiento de Ciudadanos sobre este asunto. El partido naranja ha abrazado la idea de establecer un complemento salarial garantizado para luchar contra la pobreza laboral en España.

La duda planteada por los detractores es hasta qué punto subiría la presión fiscal de esos contribuyentes para financiar la propuesta en un momento de desaceleración económica.

Otro de los argumentos de los detractores es si la renta básica desincentivará la búsqueda de trabajo de quienes no tienen nada por miedo a perder el subsidio.

Fuente Airef.

Es una hipótesis que Bregman descarta al señalar que el ser humano siempre quiere prosperar si cuenta con herramientas para ello. Pero que plantea algunas dudas por el resultado de experimento de otras subvenciones y ayudas.

El aval de AIReF

En cualquier caso, un organismo, como AIReF, que defiende la consolidación fiscal, se posicionó a favor de la medida al asegurar que "más de 10 millones de españoles viven todavía con graves carencias" y "a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de países europeos, España no cuenta con una prestación que cubra el riesgo general de pobreza".

Con el respaldo del diagnóstico de Escrivá, el PSOE hará campaña con la renta básica. En su programa, Sánchez ha establecido el ingreso mínimo "como base de la libertad y los derechos de todas las personas". Lo plantea como una mejora de prestaciones por hijo a cargo para los hogares en situación de pobreza y al mismo tiempo, promete un mecanismo de garantía de ingresos para hogares altamente vulnerables.

Robará así parte del discurso de Podemos, que siempre ha defendido la renta básica y en marzo reclamó un impuesto a las grandes fortunas para establecer esta ayuda con un coste de 12.000 millones al año.