Con 9,7 millones de votos en juego, Pedro Sánchez ha convertido la subida de las pensiones en una de las grandes promesas de su campaña para el 10-N. Tras incluir ese objetivo en el primer punto de los 35 compromisos sociales que componen su programa electoral, el Gobierno en funciones puso ayer cifras a una medida que permitirá a los jubilados españoles ganar poder adquisitivo frente a la inflación entre 2019 y 2020.

El Ejecutivo en funciones envió este martes a Bruselas el Plan Presupuestario 2020  y concretó que planea subir las pensiones el próximo año un 0,9%, conforme a sus previsiones de inflación. Para ello, elevará el gasto en este concepto en 1.404 millones de euros.

Una cifra que se suma a los 1.619 millones de euros destinados en 2019 para subir la paga de los pensionistas un 1,6%. Se trata de un porcentaje que ha resultado ser muy superior a la inflación con la que se espera ahora este año del 0,8% (según el Banco de España).

De este modo, el presidente del Gobierno en funciones se presentará a las elecciones con un aumento del gasto en pensiones de 3.023 millones de euros desde que llegó al poder en junio de 2018. Con esta cifra, los pensionistas verán cómo sus nóminas suben 11 euros de media al mes en el acumulado de estos dos años (en 14 pagas).

Compromiso electoral

En su programa electoral, el PSOE se compromete a "proteger" las pensiones "cada año y para siempre". Para ello, establece que deberán ser actualizadas conforme al IPC real y anuncia esa actualización para diciembre de 2020.

Hasta la fecha, la subida de las pensiones aprobada por el Congreso bajo su mandato -aunque por herencia del pacto entre PP y PNV que dejó cerrado Mariano Rajoy antes de abandonar La Moncloa- ha sido superior al IPC real en España, puesto que en un contexto de desaceleración económica y aumento del ahorro de los hogares, los precios prácticamente no suben.

El Plan Presupuestario enviado a Bruselas es un formato cómodo para que el Gobierno cuantifique esta promesa electoral, ya que amparándose en que está en funciones, el Ejecutivo ha evitado explicar con qué nuevos tributos financiará esta medida y la también prometida subida salarial de los funcionarios.

Esta última tendrá un coste de 3.264 millones de euros (podría ser de 4.668 millones en el improbable caso de que el PIB crezca por encima del 2,5% y se tenga que aplicar una subida salarial mayor a los empleados públicos).

Pensionistas y funcionarios (dos colectivos que juntos superan los 12 millones de votos) se convierten en la diana del aumento de gasto contemplado por el Gobierno en funciones en un contexto marcado por la desaceleración económica y de ingresos.

En el caso de los empleados públicos, el aumento salarial es el pactado con los sindicatos y supondrá una subida del 2% en las nóminas del próximo año.

Optimismo con la recaudación

Las cuentas remitidas a Bruselas, contemplan una recaudación para el próximo año de 512.032 millones de euros, unos 2.400 millones de euros más que en este ejercicio y cifra que representa el 39,6% de la riqueza nacional.

Sin embargo, esta recaudación récord es cíclica, es decir, se debe al aumento de ingresos por el avance esperado del PIB. El Ministerio de Economía confía en que el Producto Interior Bruto avanzará un 1,8% el próximo año, por encima de las expectativas de otros organismos nacionales, pero en el mismo nivel que el FMI.

A diferencia de lo que ocurrió el pasado año, el Plan Presupuestario no anuncia subidas de impuestos, puesto que un Gobierno en funciones no puede elaborar un proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Y es, por tanto, un formato cómodo para ir cifrando otras aspiraciones más amables en tiempo electoral.

En el documento enviado a la Comisión Europea, el Ejecutivo también ha incluido los efectos de las medidas que aprobó antes de las elecciones en los Consejos de Ministros que fueron bautizados como 'viernes sociales'.

Incluye así las dotaciones de medidas como la Renta Activa de Inserción para personas en desempleo (50 millones), el aumento de permiso por paternidad (336 millones) o la recuperación del seguro de desempleo para los mayores de 52 años (400 millones).

Con todo ello, el gasto social de este Plan Presupuestario, que tendrá que ser actualizado y concretado por el próximo Gobierno, supera los 5.000 millones de euros.

Unas cifras que han sido incorporadas en un cuadro macroeconómico que niega que la desaceleración de la economía es mayor de la esperada antes de verano, al recortar la previsión de crecimiento solo en una décima, hasta el 2,1%, pese a que el INE ajustó sus estadísticas y rebajó en dos décimas el avance del PIB en 2018 (recorte que solo ha sido incorporado a estas cuentas de forma parcial). 

Además, en el Plan Presupuestario, el Gobierno en funciones se muestra optimista con la evolución del empleo y se compromete a reducir la deuda y a cumplir con el déficit del 2% este año, frente al 2,3% que Bruselas ve factible alcanzar. Un optimismo que también traslada al próximo año con un déficit del 1,7%, frente al 2% que espera la Comisión.