El pasado 28 de abril los españoles acudieron a las urnas en un momento en el que los indicadores macroeconómicos avanzados ya anunciaban una desaceleración económica. Los 195 días de bloqueo político e incertidumbre que han transcurrido desde entonces han pasado factura a la economía con repercusiones en el crecimiento del PIB, el consumo de los hogares, la evolución de las empresas, el mercado de trabajo y los mercados financieros.
Los españoles irán a votar este domingo en una España que crece una décima menos en términos trimestrales que la última vez que acudieron a las urnas para elegir Gobierno. El avance del PIB del tercer trimestre fue del 0,4%, frente al 0,5% que registró entre abril y junio y el 0,7% del trimestre anterior.
En términos interanuales, España ha pasado de crecer al 2,1% a hacerlo al 2% en los últimos seis meses Se trata de una pérdida de 1.200 millones de euros por la riqueza que se ha dejado de generar al caer esa décima. El país se encamina ya a perder otra más a cierre del año (hasta el 1,9%), según la mayoría de previsiones económicas.
Una merma que organismos, como Funcas, achacan en buena medida a la incertidumbre que la situación de bloqueo político ha generado entre los españoles y las empresas, lo que ha repercutido en la demanda interna y las inversiones de los últimos meses.
También los técnicos de la Comisión Europea, que esta semana han recortado en cuatro décimas su previsión de crecimiento para España, explican a EL ESPAÑOL que la falta de reformas por la ausencia de Gobierno “está teniendo un coste, el coste de no hacer nada”, que sería el causante de una parte de la mitad del recorte acometido al PIB español el pasado jueves.
Los datos sobre la confianza empresarial corroboran esa visión. Según este indicador que elabora el INE, para el cuarto trimestre la confianza empresarial se sitúa en -2,9%, frente al dato positivo del 0,3% que registraba en el trimestre en el que los españoles votaron por primera vez este año.
Un pesimismo que también se ha apoderado de los inversores. Según el índice de confianza que elabora JP Morgan Asset Management por primera vez desde 2016, los inversores españoles creen que la Bolsa española se comportará peor que la de EEUU y Asia y su confianza se sitúa en terreno negativo (-0,27) debido a “la creciente incertidumbre económica y la inestabilidad política”.
Ese sentimiento ha hecho mella en el parqué madrileño. Entre cita y cita electoral, el Ibex 35 ha perdido más de 4.948 millones de euros, según cálculos elaborados a partir de los datos de BME. Si esta semana previa al 10-N, el selectivo español peleaba por los 9.400 puntos, en el último viernes antes a la jornada electoral del 28-A, coqueteaba con los 9.600 puntos.
También la deuda soberana ha notado la parálisis. Según un informe de UBS difundido el pasado viernes, la prima de riesgo española ha reducido su brecha frente a la alemana en menor medida que la de Italia y Portugal. Algo que el banco de inversión explica por la coalición del nuevo Gobierno italiano -que es vista con buenos ojos por los inversores- y el mayor rigor fiscal de Portugal.
Menos coches y casas
Los grandes números sobre el consumo también reflejan ese deterioro económico. Hoy en España se venden 25.456 coches menos que en abril, según los datos de las matriculaciones. También la compraventa de viviendas se ha reducido con 5.678 casas menos vendidas (datos del INE de abril a agosto).
Pese a que en la caída experimentada por la compraventa de vivienda en verano ha influido la entrada en vigor de la nueva Ley Hipotecaria -que retrasó algunas firmas de hipotecas-, lo cierto es que el Banco de España ya ha advertido en su último informe de Estabilidad Financiera que la incertidumbre y la desaceleración están teniendo efectos claros sobre la construcción y el sector financiero.
En esa línea, un estudio de Fotocasa publicado esta semana apuntaba a un freno en el mercado inmobiliario al concluir que el precio de la vivienda ha caído en Barcelona y se ha moderado en Madrid. No obstante, servicios de estudios, como el de Solvia, indican que todavía 2019 cerrará con crecimientos “moderados”.
Para que los españoles compren pisos o aumenten su demanda de alquileres es fundamental que el mercado de trabajo funcione. Y los síntomas de agotamiento que presentan los datos deberían obligar al nuevo Parlamento a no demorar las reformas estructurales que sean necesarias para impulsar el mercado laboral, puesto que con un crecimiento del PIB inferior al 2% la creación de empleo se complica.
14.000 parados más
Aunque el pasado abril la desaceleración ya se notaba en el empleo, lo hacía con menos virulencia que seis meses después. Ese mes, el paro bajó en 91.518 personas, frente a la subida de 97.948 parados que ha registrado en octubre.
Siendo cierto que no se trata de meses homogéneos, el número total de parados en España ha subido en 14.093 personas. La desaceleración sin respuesta política ha hecho ya que el empleo en España evolucione como en los peores años de la crisis económica.
La otra cara de la moneda de esa alerta laboral la esconde la afiliación a la Seguridad Social, que sigue creciendo, pero con mucho menor fuelle que en las últimas elecciones a pesar de que los contratos que se firman son más precarios (menos contratos indefinidos y más contratos a tiempo parcial), lo que facilita que haya más personas trabajando.
Si el pasado abril la afiliación media a la Seguridad Social crecía en 186.785 personas, ahora lo hace con un aumento de 106.541 afiliados. Esto supone que en el mes de octubre la Seguridad Social registraba 2.674 afiliados de media menos que en abril.
Es un escenario que ya alertó la Encuesta de Población Activa (EPA) del pasado 25 de octubre, en la que se reflejó una desaceleración clara del crecimiento del empleo, que en un año ha pasado de ser del 2,15% interanual al 1,8%.
Retomar la política económica
Desde que las urnas abocaron a los partidos políticos a un escenario de pactos, los empresarios, liderados por la CEOE, han venido abogando por una coalición constitucionalista que permita gobernar y dar certeza a empresas y consumidores.
Tras conocer los datos de paro de octubre anunciados el pasado martes, la patronal CEPYME difundió un comunicado en el que afirmaba que “resulta urgente recuperar la estabilidad y la certidumbre en nuestra economía y alcanzar los consensos precisos" para desbloquear la situación política una vez que se celebren las próximas elecciones.
Los empresarios reclaman retomar el diálogo y la concertación social -que se vio amenazada en los últimos coletazos de la última legislatura-. También piden rigor fiscal y medidas que profundicen en la flexibilización del mercado laboral. Además, consideran vital contar con seguridad jurídica.
También bancos de inversión, como UBS, han tirado de las orejas a los políticos españoles. En el informe antes citado, su responsable de Estrategia en España, Roberto Scholtes resumía las consecuencias de la parálisis.
"España no ha aprovechado las ventajas de la recuperación económica y los bajos tipos de interés para atajar la dualidad del mercado de trabajo, el alto desempleo estructural, el sistema educativo no preparado para enseñar las competencias demandadas, la baja inversión en infraestructuras e I+D, y las rigideces en algunos sectores que dañan la productividad y el crecimiento", afirmó Scholtes.
La parálisis reformista dura ya cuatro años. Y los indicadores y datos económicos llevan meses advirtiendo que es necesario retomar la política económica y la agenda de las reformas para evitar que la desaceleración desemboque en otra crisis.
De producirse ese escenario (no contemplado por el momento en las previsiones económicas), España lo afrontaría sin haber sido capaz de cerrar las heridas de la anterior, que arrancó con poco más de dos millones de parados menos de los que están hoy registrados en las oficinas de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SEPE).