La falta de apoyo en el Congreso al proyecto de Presupuestos Generales del Estado de Pedro Sánchez abocó a España a las elecciones que se celebraron el pasado abril y seis meses después, el resultado de las urnas devuelve a la política a la casilla de salida.
Las posibilidades de que España tenga que volver a prorrogar las cuentas que elaboró Mariano Rajoy para 2018 antes de la moción de censura son muy elevadas en el complejo escenario de pactos que han dibujado las urnas y el rechazo a una gran coalición.
Se trata de una situación que preocupa a la Comisión Europea y cuyas repercusiones económicas ya fueron analizadas por AIReF el pasado octubre. El organismo que preside José Luis Escrivá revisó los efectos de la segunda prórroga presupuestaria en tres años, después de que el Gobierno en funciones remitiera a Bruselas un borrador presupuestario con un nuevo escenario macro que se había comprometido a actualizar para incluir ajustes.
Tras examinarlo, Bruselas advirtió a España que el borrador no le convencía. En una carta remitida al Ministerio de Economía, la Comisión recordó que existía un “riesgo de desviación significativa” del déficit y deuda acordados para los años 2019 y 2020. Pero dado que el Ejecutivo estaba en funciones, dejó tiempo para que el nuevo Gobierno elaborase un nuevo borrador con 6.600 millones de euros en ajustes.
Unos ajustes que en caso de formar una coalición de izquierdas serían difíciles de asumir por los potenciales socios del PSOE a no ser que sea por la vía de un fuerte aumento de impuestos a empresas y clases altas.
Por su parte, con esas cuentas, AIReF revisó al alza su previsión de déficit en un 0,1% del PIB, hasta el 2,1%. Además, advirtió que la Administración Central inclumpliría en torno a 1.000 millones de euros frente al informe de cumplimiento.
En el apartado de ingresos, AIReF advirtió de una desaceleración en la recaudación frente a lo que se había estimado en la Actualización del Programa de Estabilidad, hasta el 39,7%.
Prórroga en la Constitución
El artículo 134.4 de la Constitución española establece la prórroga automática de las cuentas públicas "si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente".
Desde el punto de vista legal no existe en España un límite de prórrogas presupuestarias. De hecho, Cataluña va ya por la tercera prórroga de sus Presupuestos ante el caos político que se vive en el Parlament.
Sin embargo, desde el punto de vista económico, la situación es de urgencia, puesto que los PGE deben adaptar su escenario macroeconómico a la nueva situación y ajustar el déficit para cumplir con los compromisos adquiridos con Bruselas. En definitiva, deben seguir saneando los desequilibrios que aún arrastra España.
Hasta el año 2011, tan solo se había utilizado esa prórroga en tres ocasiones (1978, 1982 y 1995). Sin embargo, desde que en noviembre de ese año, en plena crisis económica, el Gobierno de Mariano Rajoy llegó al poder, España ha tenido que recurrir a prórrogas presupuestarias en cuatro ocasiones.
La de mayor calado fue la del año 2018 por la incapacidad del PSOE de sacar adelante su proyecto de Presupuestos en febrero de 2019 (en otras ocasiones, fue posible aprobar los PGE con retraso). Una situación que forzó a Pedro Sánchez a convocar las elecciones del pasado abril sin que los nuevos comicios de noviembre hayan puesto solución al problema.
"Es complicado que se pueda aprobar un proyecto de Presupuestos. Realmente el problema es que no solo hay que buscar la mayoría necesaria para formar un Gobierno. También es necesario aprobar los Presupuestos y para ello es preciso pactar una política económica en un entorno de ralentización", explicaba este lunes a EL ESPAÑOL el expresidente de la Comisión de Presupuestos del Congreso, Francisco de la Torre.
Por su parte, preguntados por este tema, los técnicos de la Comisión Europea señalaron a este periódico que Bruselas no puede exigir la aprobación de unos Presupuestos a un Estado, aunque sí instar a que se cumplan los objetivos pactados en materias como déficit o deuda.
Al reto político de encontrar los apoyos necesarios se suma otro elemento clave que se ha puesto ahora en contra de las aspiraciones de Sánchez para gobernar: el formal.
El primer paso para la aprobación de unos Presupuestos es la validación del techo de gasto antes del 1 de agosto. Con el calendario ya incumplido, la pérdida ahora de la mayoría absoluta en el Senado de la que gozaba el PSOE complica ese trámite. El partido en el poder ha pasado de tener 123 escaños a 93 en esta Cámara. Para aprobar el techo de gasto es necesario contar con mayoría simple.