Casi a trancas y barrancas el Gobierno ha terminado reconociendo lo que muchos economistas habían puesto encima de la mesa hace tiempo: subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 900 euros traería problemas a los colectivos más desfavorecidos e impulsaría a muchos trabajadores a la economía sumergida.

Los últimos datos de afiliación a la Seguridad Social muestran cómo algo más de 17.000 personas se han visto afectadas en términos interanuales por esta medida. En concreto, los trabajadores agrarios han visto reducir el número de afiliados en 4.473 personas, mientras que el régimen de empleados de hogar lo ha hecho en algo más de 13.000. Una cifra importante, sobre todo porque como el propio Ministerio de Trabajo reconoce, la mayor parte se han ido a la economía sumergida.

Para darse cuenta del efecto que ha tenido entre el sector de empleados de hogar, basta la frase pronunciada por el Secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado: “prefieren irse a trabajar a Glovo” que trabajar en tareas de la casa dadas de alta. Algo en lo que no está de acuerdo el economista Javier Santacruz para quien lo que hay es “un movimiento hacia la economía sumergida”.

Aumento de las bases 

Según el economista, si existiera esa traslación hacia Glovo debería haber un aumento proporcional en el número de autónomos. Sin embargo, ese alza “no se produce” ya que el Régimen Especial de Autónomos sólo se ha incrementado un 0,58%.

A su juicio, lo verdaderamente importante ahora sería analizar las causas que motivan los abandonos: las excesivas bases de cotización que hay que abonar, que “no hay cartera que las aguante”. Basta para ello comprobar cómo ha evolucionado el crecimiento de los costes laborales de 2018 a 2019 (1,2 puntos), 1 punto es el incremento de los salarios y 0,2 puntos es el crecimiento de los costes sociales

Un aumento que podría ir a más en los próximos meses una vez que se forme Gobierno, si es que se forma. Tanto el PSOE como Podemos llevan en su programa electoral seguir aumentando el SMI. En el caso de los socialistas, la intención es que alcance el 60% del salario medio en España, una cifra muy cercana a la que quiere la formación de Pablo Iglesias: 1.200 euros al mes.

¿Podría haber alguna regularización como la del 2005 para acabar con el trabajo 'b' en el hogar? Granado sostiene que no e invita a “convivir con esa realidad”, sobre todo porque detectar economía sumergida en los hogares es algo bastante complejo para la Inspección del Trabajo.

Inspección de Trabajo

Precisamente el organismo ha presentado este martes su Memoria Anual 2018 en la que refleja cómo durante ese año se realizaron 149.897 inspecciones y se afloraron 117.738 empleos, lo que supone un 35,3% más que el año anterior.

Destaca también el alza de los incrementos de jornada tras detectar fraudes en materia de contratación a tiempo parcial. En concreto, hubo 31.517 transformaciones de contratos a tiempo parcial a otros a tiempo completo, un incremento del 48,2% respecto a un año antes.

Ese aumento ha sido posible -explica el documento- gracias a la planificación, pero también al cruce de datos entre Hacienda, Seguridad Social y la Inspección de Trabajo. También se ha incrementado un 22,6% el importe total de los expedientes liquidatorios hasta los 1.148 millones de euros.