La Navidad de 2019 no está siendo tranquila para los empresarios. La subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a 1.000 euros que aspira a aprobar el Gobierno en funciones como guiño a sus socios de izquierdas puede convertirse en una bola de nieve para los costes salariales en 2020 con un impacto potencial en 11 millones de trabajadores sujetos a los convenios sectoriales.

Si el SMI sube por Real Decreto a 1.000 euros, se situaría por encima de los salarios base que establecen los convenios de sectores como enseñanza, peluquería, ocio educativo y belleza. Incluso algunos trabajadores de las categorías más bajas del sector financiero están por debajo de esa cuantía en convenio. Esto forzaría no solo a subir los salarios de aquellos que ahora cobran menos de esa cuantía -que equivale a 14.000 euros anuales-. También los trabajadores más cualificados dentro de esos sectores tendrían que disfrutar de esa subida salarial.

"Se produciría un efecto en cascada. O quitas las categorías de los convenios o si a los de abajo los colocas por encima de los de categorías superiores, habría que arrastrar a todos hacia arriba", explican a EL ESPAÑOL desde la CEOE.

La patronal de los empresarios calcula que hay 11 millones de trabajadores que podrían verse afectados por este deslizamiento. Los sindicatos elevan ese dato a unos 16 millones de trabajadores, esto es el 90% de los afiliados a la Seguridad Social del sector privado, según cifras facilitadas por CCOO a este periódico.

La subida del SMI a 1.000 euros representa un incremento de algo más del 10% que se acumula al cerca del 22% del pasado año.

Un alza que afectó de forma directa en 2019 a más de 1,1 millones de personas, que son las que con datos de mayo de 2019 cobraban 900 euros en 14 pagas, de acuerdo con los cálculos de la patronal.

Fuentes próximas a los empresarios calculan que el impacto medio por trabajador de esta nueva subida que el Ministerio de Trabajo quiere aprobar sería de 100 euros para  los trabajadores de las categorías más bajas.

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En este contexto, desde FEDEA, el profesor de Economía, Marcel Jansen, advierte del riesgo que supondría aprobar una nueva subida del SMI por decreto sin contar con los empresarios.

"Si esas subidas no son negociadas con los interlocutores sociales, el mayor riesgo es que los empresarios se ven obligados a subir todos los salarios o por lo menos los de las categorías más bajas en los convenios y si se produce esto, el aumento de los costes laborales sería dañino para el empleo", explica Jansen.

Es decir, una vez más, como se ha visto con la subida del 22% aplicada en 2019, muchos de los trabajadores menos cualificados y más vulnerables se verían afectados de forma negativa. Algo que ha ocurrido en sectores como la agricultura o las empleadas del hogar, donde los datos de este año reflejan una destrucción de empleo.

"Cuando las empresas no son capaces de trasladar esa subida a los clientes, la salida suele ser ofrecer menos horas o menos tiempo de trabajo a sus empleados o como se ha visto con la subida de 2019 hacer un trasvase a la economía sumergida", señala el experto de Fedea.

Por su parte, desde CCOO recuerdan que hay convenios que todavía no están aplicando las subidas del SMI que se aprobaron por Decreto en 2019. Entre los trabajadores afectados por esa subida figuraban los incluidos en convenios de Agricultura y en sectores adjudicatarios de las Administraciones Públicas, como limpieza, vigilancia, monitores de gimnasio o instalaciones deportivas.

En muchos de esos casos, las subidas a aplicar están judicializadas y sus trabajadores esperan novedades sin disfrutar del aumento salarial que les prometieron el PSOE y Podemos con esta subida.

Subida universal

Cuando se decidió elevar el SMI a 900 euros, el Gobierno aludió a las comparativas con otros países europeos para defender la medida. Sin embargo, Jansen puntualiza que a la hora de comparar con otros países de Europa es importante subrayar que en otros países de la UE el SMI no es universal. Es decir, está acotado, por ejemplo, por edades y categorías.

De este modo, si se alcanzara la meta de Podemos de elevar el SMI a 1.200 euros, los contratos para la formación incorporarían salarios en España de 900 euros, mientras que en Alemania un aprendiz gana 500 euros, según los datos de Fedea.

"En Holanda el SMI para menores de 20 años es menor que el SMI en España para la misma edad", advierte Jansen, que considera imprescindible poner en cuestión la universalidad de este salario regulado por decreto si se quieren aplicar subidas como las que se están prometiendo desde el poder político.

Una situación que preocupa a economistas y empresarios. La CEOE ya ha advertido que en esta ocasión, si el Gobierno impone una nueva subida de más del 10% sin contar con la patronal, la negociación colectiva saltará por los aires.

Las pymes -representadas por Cepyme- serían las empresas más afectadas por esta reforma. Pero las grandes empresas también sufrirían si no son capaces de trasladar a sus clientes la subida de los costes salariales que se produciría en un entorno de menor crecimiento económico.