En 2016, el Gobierno encargó a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) una detallada revisión del gasto público a la que se llamó Spending Review. Las conclusiones de la primera tanda de informes que presentó el entonces presidente de ese organismo y ahora ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, fue que España gasta 14.000 millones de euros al año en subvenciones que nadie controla.

Tras casi seis años presidiendo el organismo independiente, Escrivá es uno de los economistas españoles que mejor conoce el estado de las finanzas públicas, incluida la Seguridad Social. Y a su vez, sus opiniones en materia de pensiones son bien conocidas por la comunidad económica y política.

Como presidente de la AIReF ha sido una figura respetada y al mismo tiempo, las conclusiones de sus informes sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones contienen recetas acordes con las promesas de Pedro Sánchez.

Algo que permite aventurar ya antes de que tome posesión de su cargo cuál será el rumbo que el nuevo Gobierno de coalición tomará en materia de pensiones, uno de los asuntos que más preocupa a los españoles.

Los números gordos del Spending Review que Escrivá puede aplicar ya a su cartera son alarmantes. Sin embargo, el futuro ministro de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones ya ha declarado en varias ocasiones que el sistema de pensiones es viable y además considera posible y necesario mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.

Un déficit alarmante

A falta de que se publique el dato oficial, la Seguridad Social cerró el año 2019 con un déficit próximo a los 19.000 millones de euros. Su Fondo de Reserva, más conocido como 'hucha de las pensiones', quedó bajo mínimos de 2.150 millones, lejos de los 66.915 millones que llegó a acumular en 2011.

Todo ello, después de que la Seguridad Social tuviera que recurrir a un nuevo préstamo del Tesoro Público para hacer frente al pago de las prestaciones pese a que los datos de afiliación han registrado números récord en el último año. Su deuda ya supera los 52.445 millones de euros, según el Banco de España.

Números que se explican, entre otros, a que la nómina de cada pensión media se paga incurriendo en un déficit de 150 euros por pensionista. Una situación vertiginosa a la que se suma la baja natalidad, el aumento del envejecimiento de la población y el incremento de la cuantía de las pensiones.

Las recetas de Escrivá

Sin embargo, a Escrivá no le asustan estas cifras. El presidente de la AIReF considera que el sistema es viable si se reforma el modelo.

Antes de aceptar el cargo, Escrivá conoce ya la intención del nuevo Gobierno de volver a actualizar las pensiones conforme al IPC este año. Figuraba en el programa electoral de Pedro Sánchez y lo ratificó la anterior ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, antes de marcharse. 

En concreto, la subida prometida para este año es del 0,9% y se aplicará con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2020.

Pero a Escrivá no le preocupa esa subida. Es más, ha defendido ya en varias ocasiones que las pensiones deben poder mantener un poder adquisitivo "suficiente" para los pensionistas.

Al mismo tiempo ha mostrado su rechazo a la reforma de las pensiones que acometió en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy. En aquella reforma que será derogada esta legislatura se estableció el IRP (Índice de Revalorización de las Pensiones) que no ha llegado a aplicarse y que suponía una subida este año y los próximos del 0,25%.

Según el economista, el sistema debe ser capaz de mantener el poder adquisitivo de los españoles porque de no hacerlo, no será socialmente aceptable. Las reformas de la Seguridad Social deben incidir más en quienes entran nuevos al sistema que en quienes ya cobran una pensión.

Escrivá también ha defendido en público otras medidas en materia de pensiones menos populares. Es el caso de su propuesta de elevar la edad efectiva de jubilación, que en España es inferior a los 63 años, frente a la media de los países de la OCDE que está en 64,3 años. Para ello, propone endurecer los requisitos de acceso a la pensión anticipada y ordinaria.

El ya expresidente de la AIReF también defiende que se eleve el periodo de referencia para calcular las pensiones de manera que se tenga en cuenta toda la vida laboral del nuevo pensionista, frente a los 23 años de la actualidad que progresivamente se iban a elevar a los 25 años.

También es importante su idea de que las pensiones no contributivas deben ser financiadas a cargo de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y las cotizaciones sociales deben destinarse a fines concretos y no a otras políticas.

Una reforma atascada

Pese a la reforma que el PP acometió en 2013, influenciado por las exigencias de Europa en los años de crisis económica y austeridad, el exministro de Hacienda, Cristóbal Montoro tenía en mente acometer una reforma integral de la Seguridad Social ya desde el año 2014. 

Sin embargo, la fragilidad de los sucesivos Gobiernos lo impidió. Y en este contexto, en la última legislatura la Comisión del Pacto de Toledo resultó ser un fiasco y quedó invalidada precisamente porque se levantó de la mesa Unidas Podemos, que ahora forma parte del Gobierno.

Retomar la actividad de esa comisión y hacerlo con consenso figuraba en el programa electoral del PSOE.

Consciente de lo que se juega con las pensiones (más de nueve millones de votos, movilizaciones y la simpatía social de los jóvenes que consideran prioritario mantener el bienestar de sus mayores), Sánchez ha querido lanzar un mensaje claro al poner a Escrivá al frente de esta cartera.

El Gobierno seguirá actualizando las pensiones con el IPC y garantizará la sostenibilidad del sistema con impuestos si hace falta.