Nunca en la historia de España, empresas y sindicatos se habían sentado en la mesa para el diálogo social con un objetivo común tan claro: garantizar la supervivencia de las empresas. La amenaza que la pandemia del coronavirus representa para el tejido industrial español ha hecho que los agentes sociales se hayan puesto a remar en la misma dirección para reclamar al Gobierno un paquete de medidas urgentes que deberían ser aprobadas este mismo jueves en Consejo de Ministros extraordinario.

Pese a representar a colectivos con intereses distintos -empresas y trabajadores-, el temor a que la falta de actividad arrolle al empleo ha generado un insólito consenso entre los agentes sociales desde el pasado lunes. Todos son conscientes de que sin empresas no habría nada que negociar.

Será con ese ánimo con el que CEOE y los principales sindicatos acudirán este jueves La Moncloa, tras dos días de reuniones maratonianas y muy discretas entre los distintos sectores que representan y los ministerios implicados en esta crisis que coordina el Ministerio de Sanidad. 

Pese a que el Ejecutivo asegura que lleva semanas trabajando en las medidas que presentará este jueves, todavía a última hora del miércoles no estaba claro cómo se iban a articular los cuatro pilares que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, enumeró en su comparecencia sobre la pandemia para explicar las líneas maestras de su plan de choque económico.

Sindicatos y patronal reclaman "certeza", según fuentes consultadas por este periódico. A lo largo del martes y miércoles, las centrales sindicales de UGT y CCOO, así como las distintas patronales integradas en CEOE recibieron una avalancha de llamadas de trabajadores y empresas afectadas por la cuarentena y el cierre de colegios en Madrid y Álava.

Sus asesores no eran capaces de responder a las múltiples dudas que se han planteado ante la falta de seguridad jurídica sobre la medida estrella de choque en materia económica que anunció el Gobierno en el Consejo de Ministros de este martes: el pago por parte del Estado de las bajas por coronavirus y la consideración de las cuarentenas como accidente de trabajo.

El Ministerio de Seguridad Social calcula que esta medida tendrá un impacto presupuestario de 50 millones de euros en las tres primeras semanas de aplicación. Sin embargo, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Pedro Simón, no descarta que la pandemia se extienda más allá de abril.

En cualquier caso, se trata de una cifra manejable para un Estado que centrará todo su esfuerzo presupuestario en combatir la pandemia en su doble foco: el sanitario -prioritario- y el económico.

A la espera de detalles

El anuncio de esa medida sonó bien en la patronal, según ha podido saber este periódico. Sin embargo, habrá que esperar al resto de medidas que se anuncien este jueves para que los empresarios puedan hacer una valoración final.

Los sindicatos -que están siendo muy activos en la aportación de ideas para esta crisis- han pedido al Gobierno la creación de un fondo de rescate que además de esas bajas laborales, también regule los ERTE (expediente de regulación temporal de empleo). 

Los líderes sindicales consideran que si en su día hubo dinero para rescatar a la banca ahora es el momento de rescatar a las pymes, a los trabajadores y a las empresas que les dan empleo a cambio de trabajar, un derecho que ahora mismo no se puede garantizar dado el cierre de colegios, la necesidad de cuarentenas y las posibles restricciones de movilidad que en España no se han anunciado, pero en Italia se llegaron a aprobar.

Dentro de la CEOE, los autónomos representados por ATA fueron los más activos ayer al presentar un documento de medidas entre las que se incluye la reducción al 50% del Impuesto de Sociedades a los sectores afectados por el coronavirus y su supresión temporal para los que tienen su actividad dentro de las zonas declaradas en cuarentena.

En su comparecencia del lunes, el presidente del Gobierno anunció que en el plan de choque que se anunciará este jueves incluirá "aplazamientos y moratorias" del pago de impuestos, pero no habló en ningún momento de rebaja fiscal o exenciones. Junto a ello, se habilitarán líneas de crédito millonarias para salvar a empresas que están al borde del colapso por el cese repentino de su actividad. El turismo es uno de los casos.

Discurso social

Dentro de su discurso social, Pedro Sánchez también avanzó que las medidas irán encaminadas para ayudar a las familias afectadas por el cierre de colegios y a los trabajadores en cuarentena. Sin embargo, fuentes gubernamentales explican a este periódico que para articular esas ayudas también hacen falta las empresas, que son las que pagan las nóminas a los trabajadores.

El otro de los pilares de las medidas que serán formalizadas en el Consejo de Ministros estará centrado en el suministro y producción de los medicamentos y material sanitario necesario para combatir la enfermedad que fue declarada pandemia este miércoles por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En la comparecencia de Sánchez, el presidente habló de dotar de "mayor flexibilidad" a las empresas para hacer frente a esta crisis garantizando que "no se produzcan abusos" de despidos aprovechando la enfermedad. El uso del término "flexibilidad" llamó la atención, tras meses atacando este punto de la reforma laboral.

No solo patronal y sindicatos esperan recibir fondos de los planes de choque que se anuncien este jueves. Como avanzó este periódico, las comunidades autónomas -que son las que tienen la competencia de la Salud pública- podrían recibir la noticia de una flexibilización del déficit para este ejercicio. Lo mismo esperan los Ayuntamientos. Las administraciones autonómicas y locales necesitan fondos para la asistencia social y sanitaria de los ciudadanos.

El Gobierno no ha desvelado el margen de flexibilización del déficit que Sánchez arrancó en al Consejo Europeo del pasado martes. Sin embargo, el Ejecutivo debería saber ya con qué recursos presupuestarios cuenta para hacer frente al Covid-19.