Justo en el momento en el que Pedro Sánchez está discutiendo con Europa que se ponga toda la carne económica en el asador para combatir los efectos del coronavirus, España no constituye precisamente un ejemplo de equilibrio fiscal. A pesar de que el déficit público quedó por debajo del Pacto de Estabilidad de la Unión Europea (que es el 3% del PIB) en 2019, lo cierto es que subió por primera vez desde la Gran Recesión de 2010 y dejó el saldo negativo en un 2,6% del PIB, seis décimas más de los 'números rojos' que el Gobierno había prometido a la Comisión Europea.

¿Los culpables? El Ministerio de Hacienda lo achaca al año de prórroga presupuestaria y a las comunidades autónomas. Con todo, lo cierto es que desde Moncloa se aprobaron medidas que tuvieron un importante impacto en el gasto a escala nacional y que se han dejado notar en las cuentas de desembolso de las Administraciones Públicas. Se trata de los fondos destinados a prestaciones sociales, a salarios públicos y a subvenciones, ámbitos a los que se destinaron alrededor de 17.900 millones más que en 2018.

Esta cantidad equivale a aproximadamente a un 1,5% del PIB. Estas partidas son especialmente responsables de que los gastos subieran varias décimas más que los ingresos públicos, lo cual tuvo el correspondiente impacto en el aumento del déficit de 2019 respecto a 2018.

El crecimiento fue especialmente elevado tanto en lo porcentual como en cantidades brutas en el caso de las prestaciones sociales, que subieron un 6,3%. En total, 10.900 millones más.

Y no es extraño que así haya sido. Esta partida ha sido la encargada de financiar varias de las ambiciosas medidas sociales que se aprobaron antes de las elecciones generales de abril en lo que se vino a llamar los ‘viernes sociales’, entre las que se encuentran la recuperación del subsidio para parados de 52 años y la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas.

Sin embargo, la prestación que se come la mayor parte de esta partida (y de su subida) son las pensiones públicas. En 2019 sumaron un coste por encima de 135.000 millones, un 6,1% más que en el año anterior. Y para este 2020 ya hay una nueva subida en vigor del 0,9%.

Salarios públicos

El gasto en remuneraciones también consume gran parte del incremento del desembolso público. Cabe recordar que Moncloa, en virtud al acuerdo al que llegó el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2018 con los sindicatos de Función Pública, tiene que subir anualmente el salario a los funcionarios y a los empleados públicos (incluidos los miembros del Gobierno). En 2019, el alza de fue de un 2,5%.

A esto se suma la incorporación de más trabajadores a las plantillas públicas y la progresiva equiparación salarial de las Fuerzas de Seguridad del Estado con los cuerpos autonómicos. Con estas medidas, el gasto en salarios públicos subió unos 6.400 millones, un 5% más.

El campo de subvenciones también se alzó un 5%. 600 millones más de los que hicieron cargo las arcas públicas sin una contraprestación similar en el campo de la recaudación.

Y es que los ingresos por la vía tributaria crecieron un escaso 1,8%, impulsados por el IRPF y otros impuestos corrientes. Es más: la recaudación por el impuesto Sobre Sociedades o por los tributos sobre el capital (como por ejemplo, los de Donaciones y Sucesiones) incluso se redujo.

Planes fiscales

Hasta ahora, el Gobierno manejaba planes para mantener e incluso aumentar el gasto (para vehicular sus ambiciosas medidas sociales) y compensarlo con nuevos impuestos y subidas tributarias, tales como las tasas Google y Tobin o la ambiciosa reforma que el Ejecutivo de Sánchez y Pablo Iglesias planteaba para el Impuesto de Sociedades. Así, quedaría amarrado el déficit, o al menos por debajo del 3% del PIB que manda el Pacto de Estabilidad de la UE.

Sin embargo, la crisis económica producida por el Covid-19 y las medidas para su contención (como el confinamiento de la población y la paralización de la actividad productiva) han dejado estos planes fiscales en un segundo plano y rodeados de interrogantes.

De hecho, Bruselas ha dejado la puerta abierta a recurrir sin límites al déficit público para financiar medidas para paliar los efectos de la pandemia. El Pacto de Estabilidad queda suspendido y deja de ser la referencia.

¿Y el equilibrio presupuestario al que deben aspirar las Cuentas Públicas? Un objetivo para el futuro, quizá. Ahora, todas las atenciones políticas y presupuestarias están poner coto al impacto de una crisis sanitaria que no deja de crecer.