La crisis del coronavirus va a dejar una factura económica histórica para la economía española. El PIB caerá este 2020, como mínimo, un 9,2%, lo cual llevará a que se pierdan más de 25.700 millones de euros de recaudación pública. De ahí que el Gobierno ya esté planeando subidas de impuestos que permitan paliar la sangría de ingresos públicos.

En un principio, el foco está puesto en las grandes fortunas. Si bien la coalición que forman PSOE y Unidas Podemos ya había pactado revisar la fiscalidad de este sector de la población para aumentar su aportación a las arcas públicas, esta intención se ha tornado en una necesidad, tanto por la reducción de la recaudación como por el ascenso del gasto público, que va a obligar a que este año el déficit esté en el 10,7% del PIB y la deuda en el 115% del PIB.

Sin embargo, crear un impuesto ex profeso para ello no está en los planes del Ministerio de Hacienda. A pesar de la insistencia de Unidas Podemos, que ha decidido llevar su propuesta para crear un tributo exclusivo para grandes fortunas (que se destinaría a financiar, entre otras medida, el ingreso mínimo vital) a la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados, esta idea no se cuenta entre los planes de María Jesús Montero.

Pablo Iglesias, María Jesús Montero y Nadia Calviño en rueda de prensa. Moncloa

De hecho, según los expertos fiscales consultados por este periódico, la cifras de recaudación que calculan los morados no serían viables. Los ingresos de 11.000 millones de euros anuales que Podemos prevé con esta nueva figura impositiva, que sustituiría al actual Impuesto de Patrimonio, roza la fantasía y se antoja inalcanzable. Y es que esta cifra supondría multiplicar por diez el último dato de recaudación de Patrimonio, que corresponde a 2017.

Por entonces, las Administraciones Públicas ingresaron a través de Patrimonio unos 1.112 millones de euros. La Agencia Tributaria contabilizó 175.418 contribuyentes con propiedades superiores a los 90.000 euros netos. Y los ingresos a través de este impuesto, según los fiscalistas consultados, debería ser inferior este 2020. "Tras el Covid-19, la riqueza ha disminuido, especialmente la materializada en acciones de casi todas las compañías".

Fue en 2008 cuando más recaudación se logró a través de esta figura tributaria con unos 2.423 millones, que cayeron a sólo 731 millones en 2012 por el impacto de la Gran Recesión.

Por lo pronto, Podemos apuesta por que esta figura fiscal, que no sería bonificable, tuviera una tributación mínima del 2% para patrimonios netos a partir del millón de euros. Es decir, que los afectados comenzarían pagando un mínimo de 20.000 euros al año. 

Promesa electoral

La propuesta de Podemos no es más que la recuperación, en el momento oportuno, de una de las promesas electorales moradas del año pasado aprovechando el marco de la comisión de pactos, donde la oposición y los partidos aliados de la coalición de Gobierno están obligados a ‘retratarse’.

Puede que la posición de Montero tenga bases más allá de la falta de afinididad ideológica con el partido de Iglesias y su secretario de Estado Nacho Álvarez, también responsable de Economía del partido e ideólogo del plan.

Además, estos fiscalistas alertan de que un impuesto como el que plantea Unidas Podemos puede provocar la huida de grandes fortunas y fondos de España, puesto que ya ningún país de la Unión Europea maneja un impuesto semejante. Aunque esto puede cambiar en breve: el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ya ha puesto sobre la mesa la idea de crear una ‘tasa Covid’ para aumentar la fiscalidad a las clases altas transalpinas.

Apuesta por figuras ya creadas

La ministra de Hacienda ha desechado la creación de un nuevo impuesto a las grandes fortunas una y otra vez, que permanece en los debates del Consejo de Ministros por la insistencia del ala del Gobierno liderada por Pablo Iglesias. 

La apuesta del Ministerio de Hacienda pasa por utilizar figuras que ya existen. Concretamente, a través del ya citado impuesto de Patrimonio y del de Sucesiones. Se trata de dos tributos que, bajo el punto de vista de Hacienda, permitirían gravar de manera muy específica a las rentas más elevadas del país, con los cambios legislativos necesarios.

Sin embargo, a día de hoy, es inviable hacerlo. Al ser ambos tributos de manejo autonómico, están prácticamente bonificados (anulados, por así decirlo) al 100% en comunidades autónomas como Madrid.

Armonización

Pero el Gobierno ya tiene un plan para esto. Hacienda plantea, a través de la reforma de la financiación autonómica que reiteró Montero en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, armonizar los impuestos autonómicos (incluido el de Donaciones) de manera que tengan un máximo de bonificación y no se pueda anular totalmente su efecto fiscal.

Así lo indican fuentes del departamento de María Jesús Montero, que precisan que esta medida se pactaría con las propias comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. De hecho, en su momento, la ministra abrió la puerta a que puedan pactar márgenes u horquillas para el tramo del IRPF autonómico.

María Jesús Montero, a su llegada al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Sin embargo, cabe recordar que el Gobierno puede tramitar esta medida a través de un proyecto legislativo corriente, o incluso mediante el propio proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En cualquier caso, en el departamento de Hacienda aseguran que este escenario no lo contemplan.

Por otro lado, no es la única fórmula mediante la que Gobierno quiere aumentar la contribución de los ciudadanos más pudientes. Cabe recordar que se mantiene la intención de aumentar el IRPF para las clases altas y el resto de medidas incluidas dentro del acuerdo de coalición pactado entre el PSOE y Unidas Podemos.

En este sentido, la ministra Montero, en sus intervenciones de las últimas semanas, ha recordado que sigue sobre la mesa la reforma del Impuesto de Sociedades, para que las grandes empresas estén obligadas a tributar un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible positiva, y las tasas Tobin y Google (es decir, los nuevos impuestos sobre las transacciones financieras y determinados servicios digitales), que se quieren tener en marcha para el último cuatrimestre de este 2020.