España necesita dinero. Y urgentemente. La crisis del coronavirus ha provocado que el Gobierno haya tenido que disparar el gasto público para cubrir un importante número de medidas sociales y sanitarias. Pero la hibernación económica también afecta a los ingresos. Las arcas públicas van a dejar de recibir, como mínimo, unos 46.000 millones en este 2020.

Todo va a conducir a que el déficit y al deuda pública crezcan en proporciones históricas. Por ello, y para poder compensar dentro de lo posible la balanza fiscal, el Ejecutivo se tiene que plantear ajustar su estrategia económica y sacar el máximo jugo a los planes de eficiencia del gasto en los que ya estaba trabajando.

Este es el caso de las deducciones y las exenciones de impuestos. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene a punto de caramelo su análisis, dentro de los estudios de revisión del gasto público (‘spending review’) previstos para este año, de los beneficios fiscales habilitados por el Gobierno.

Y es que, a día de hoy, nuestro país deja de recaudar unos 31.800 millones de euros por esta vía, de los que unos 22.000 se ‘pierden’ a través del impuestos sobre el valor añadido (IVA) y los Especiales.

Eficiencia

El estudio de la AIReF tiene como fin averiguar si estas medidas tienen el efecto que deben tener.

En el caso de la reducción del IVA, la razón por que se baja al tipo reducido o superreducido (que supone pasar de un tipo del 21% a otro del 10% y del 4%, respectivamente) es facilitar el acceso a bienes o servicios de primera necesidad o interés estratégico tales como productos de alimentación básica o medicamentos. A través de esta reducción, las Administraciones dejan de recaudar anualmente unos 18.000 millones.

El impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) es la segunda figura tributaria por la que más ingresos se pierden, unos 8.498 millones.

En este impuesto se sitúan beneficios fiscales tan populares como la deducción por donativos (para fomentar la financiación del tercer sector) y por arrendamiento de viviendas (para fomentar la oferta de viviendas en alquiler).

En tercer lugar se asoma el Impuesto de Sociedades. Las bonificaciones provocan que se 'pierdan' unos 674 millones de este tributo, de los que la mitad corresponden a las exenciones fiscales de las que disfrutan las sociedades de inversión de capital variable (sicav) y las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi) para fomentar la inversión estratégica e inmobiliaria.

Bajo el punto de vista de Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco de España, la futura reforma tributaria que permita compensar la pérdida de ingresos y el gasto adicional provocados por la crisis del coronavirus debe pasar, precisamente, por IVA, IRPF, Sociedades e Impuestos Especiales.

Precedentes

Todo apunta a que la revisión que haga la AIReF de los beneficios fiscales sea a la baja. Es decir, que reclame suprimirlos o, al menos, cambiarlos. Así ha sido en el caso de otros análisis de ‘spending review’ presentados a lo largo de 2019, en los que el ente acusó a las Administraciones de dilapidar más de 10.000 millones de euros en medidas con escasa o nula eficiencia en los campos de la reindustrialización o las políticas activas de empleo.

Ya la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, argumentó antes de la pandemia que el estudio de AIReF serviría para tomar medidas en el campo tributario. Dado el calado de la crisis, todo parece indicar que servirá de hoja de ruta para acotar los beneficios fiscales.

Pero no es Montero la única ministra que había mostrado interés por el informe del ente. José Luis Escrivá, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y expresidente de la AIReF, también ha argumentado que mediante la reducción de las deducciones y exenciones de impuestos se podrían obtener suficientes fondos como para pagar el coste adicional en pensiones de los próximos años.

Otros informes

El análisis sobre beneficios fiscales del ente se dará a conocer entre el mes de junio y el de julio. Pero no es la única revisión de gasto público que prepara la AIReF y que se conocerá a lo largo de este periodo.

También se están analizando siete incentivos de contratación que están costando unos ingresos por valor de 7.000 millones de euros, así como el rendimiento de las infraestructuras públicas, que constan de 420.000 millones de ‘stock’ de material y 13.500 millones de inversión anual.

Finalmente, el ente está haciendo un minucioso estudio del gasto hospitalario, tanto en medicamentos como en bienes de equipo. Se trata de unos 7.400 millones anuales que cuya efectividad se está revisando con lupa.