La Comisión Europea ha avalado este miércoles las políticas de aumento del gasto público del Gobierno de Pedro Sánchez y del resto de países de la Unión Europea para hacer frente a la pandemia del Covid-19, en particular para corregir los "problemas estructurales" y las "disparidades regionales" del sistema sanitario, pero ha avisado de que habrá que hacer recortes una vez pasada la emergencia médica.
En sus recomendaciones anuales de política económica, la Comisión Europea no exige esta vez ni a España ni a ningún otro Estado miembro ajustes presupuestarios a corto plazo, pese a que según sus propias previsiones el déficit se disparará este año hasta el 10,1% del PIB y la deuda escalará al 115,6%. De manera excepcional, no se abrirá ningún procedimiento sancionador por déficit excesivo.
Al contrario, Bruselas ha activado la cláusula de escape del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que suspende temporalmente la exigencia de tener un déficit por debajo del 3% y un nivel de deuda inferior al 60% del PIB. La prioridad ahora debe ser disparar el gasto público para amortiguar el impacto del coronavirus.
"Nuestro mensaje es muy claro: recomendamos que todos los Estados miembros adopten todas las medidas necesarias para hacer frente de forma eficaz a la pandemia, sostener la economía y apoyar la subsiguiente recuperación", ha dicho el comisario de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni.
No obstante, el Ejecutivo comunitario dice que "cuando las condiciones económicas lo permitan, las políticas fiscales deberían tener como objetivo alcanzar una posición fiscal prudente a medio plazo y garantizar la sostenibilidad de la deuda, a la vez que se impulsa la inversión". De momento no hay fecha para volver al Pacto de Estabilidad.
"¿Cuánto tiempo mantendremos la cláusula de escape general? La condición para aplicarla está clara: una crisis económica grave en la UE o la eurozona en su conjunto. Este es el criterio en el que nos basaremos también para desactivarla. En estos momentos no podemos poner una fecha concreta porque tenemos un alto nivel de incertidumbre económica", ha dicho el vicepresidente económico Valdis Dombrovskis.
"Pero vigilaremos la situación y cuando las condiciones para la cláusula de escape general no se cumplan, la desactivaremos", avisa Dombrovskis. En todo caso, el Ejecutivo comunitario asegura que, a la hora de volver a aplicar el Pacto de Estabilidad, tendrá en cuenta que todos los Estados miembros partirán de déficits disparados y por ello será más comprensivo.
El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que las recomendaciones de Bruselas están en línea con sus prioridades políticas. "El Gobierno ha dado una respuesta decidida a la emergencia sanitaria, con un refuerzo del sistema de salud y de las capacidades estratégicas de personal, incluyendo material e infraestructura sanitaria", explican fuentes gubernamentales.
"Por otra parte, esta respuesta se enmarca dentro de una política fiscal responsable, en línea con las recomendaciones de la Comisión, con un esfuerzo fiscal sin precedentes. Recuperaremos la senda de reducción de déficit y deuda cuando volvamos al crecimiento económico, comprometidos con nuestros objetivos presupuestarios", aseguran las fuentes.
Apoyo a los ERTE y la renta mínima
En sus recomendaciones a España, Bruselas pide mantener esquemas como los ERTE, reforzar la protección contra el paro, en particular para los trabajadores más vulnerables como los temporales, y poner en marcha incentivos eficaces para la contratación y programas de formación para los trabajadores. "Garantizar desde el principio que todos los trabajadores, incluyendo temporales y autónomos, tengan acceso a una protección social adecuada y a políticas activas de empleo es necesario para una recuperación sostenible y para la cohesión social", apunta el texto.
El Ejecutivo comunitario reclama al Gobierno de Sánchez "mejorar la cobertura y suficiencia de los sistemas de renta mínima y apoyo a las familias, así como el acceso a la enseñanza digital". "La crisis incrementará con toda probabilidad los altos niveles de pobreza o exclusión social en España, especialmente entre las familias con niños", señala el informe.
Los diferentes sistemas regionales de renta mínima que ya existen "sólo llegan al 20% de sus beneficiarios potenciales en el país, con grandes disparidades en cuanto a cobertura, duración, condiciones de acceso o suficiencia", se queja la Comisión. El proyecto de renta mínima que prepara el Gobierno no ha sido examinado porque todavía no se ha notificado a Bruselas.
España tiene que "reforzar la capacidad y la resistencia del sistema sanitario, tanto por lo que se refiere a los trabajadores sanitarios como a los productos médicos críticos y las infraestructuras". "La pandemia ha revelado los problemas estructurales existentes, algunos de los cuales derivan de déficits de financiación en infraestructuras físicas y carencias en el reclutamiento y las condiciones de trabajo de los trabajadores sanitarios", apunta el informe de Bruselas.
"Hay disparidades regionales en términos de gasto, recursos físicos y personal y la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno no siempre es eficaz", prosigue.
La Comisión exige a las autoridades españolas que se apliquen de forma eficaz las medidas anunciadas para proporcionar liquidez a las empresas, en particular las pymes, y a los autónomos, evitando a toda costa las demoras en los pagos. "Permitir el pago aplazado de impuestos y contribuciones sociales y acelerar los pagos contractuales de las autoridades públicas también mejoraría la liquidez de las pymes", señala el texto.
Finalmente, el Gobierno de Sánchez deberá centrar las inversiones en la doble transición digital y verde, prioritarias para la UE, en la investigación y en la innovación, en las energías limpias, en la gestión del agua y en un transporte sostenible.
Para ello, Bruselas ve imprescindible "mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de Gobierno (central, autonómico y local) y reforzar el marco de licitación pública para apuntalar la recuperación de forma eficaz".